Pérez de los Cobos desvela los señores X que ordenaron las cargas del 1-O: "Jefes de unidades de intervención"
"¿La decisión concreta de intervenir en un centro el 1-O, de quién era?". El abogado de Jordi Cuixart, Àlex Solà, ha realizado la pregunta del millón este miércoles al coordinador policial para impedir el referéndum, Diego Pérez de los Cobos. La respuesta del coronel han sido seis palabras que han adquirido relevancia para las causas abiertas en Catalunya sobre la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el día de la votación: "De los jefes de unidades de intervención".
El coronel ha sido más concreto que el eximinsitro Zoido, que se limitó a descargar en "los operativos" –entre ellos el propio Pérez de los Cobos–, la decisión de intervenir en los centros. No ha hecho falta que el letrado pidiera más concreción al coordinador del dispositivo, que declaraba como testigo y por lo tanto con obligación de decir verdad. El motivo es que en el sumario abierto en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona por las cargas del 1-O –hay otros en Manresa, Girona, Lleida o Tarragona, pero el de la capital capital es el más avanzado– ya consta quiénes son dichos jefes de unidades de intervención.
Según la relación de agentes actuantes entregada por la Dirección General de la Policía al juzgado, los "jefes de unidades de intervención" son ocho inspectores jefes, "responsables policiales" de cada uno de los sectores en los que la Policía dividió la ciudad de Barcelona entre las unidades antidisturbios. Los ocho "responsables", añadió la Policía, "determinaron el número de efectivos necesario para la actuación en los colegios, circunstancias que también determinaron la presencia de dicho responsable en un colegio u otro".
Pérez de los Cobos lo ha definido del mismo modo este miércoles desde la silla de los testigos del Tribunal Supremo: "Cada sector [en los que estaban repartidos los agentes] está asignado a una unidad de intervención, y era el jefe de la unidad de intervención el que conocía esa demarcación y tenía que hacer el estudio y definir, en función de los criterios marcados en la instrucción 4/2017, cuáles eran los locales que consideraba más idóneos para intervenir".
El coronel, que ha negado que las intervenciones policiales del 1-O puedan definirse "técnicamente" como cargas, ha explicado que no le daban cuenta de los criterios para escoger los centros ni de la actuación policial posterior. "No conocía los detalles de las intervenciones", ha afirmado a preguntas del letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina.
También ha dicho desconocer los criterios por el que se repartían los centros entre las distintas unidades más allá de que la Policía Nacional actuaba en las ciudades y la Guardia Civil en poblaciones más pequeñas, como antes del despliegue de los Mossos. Tanto Pina como el resto de defensas sospechan de una intencionalidad política en las cargas, habida cuenta de que Policía y Guardia Civil intervinieron en los colegios donde tenían que votar Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros líderes soberanistas.
Las defensas no han hallado ninguna respuesta en los interrogatorios a los altos cargos de Interior que les permita ir más allá de una mera sospecha. "¿Existe algún criterio por el cual de las cinco ciudades más importantes de Catalunya, en Terrassa o Badalona no se interviene y en Barcelona o Sabadell sí?", ha inquirido Pina. "Que yo sepa, no existe criterio", ha contestado Pérez de los Cobos.
Consecuencias en los juzgados catalanes
Fuentes de las acusaciones que ejercen varios heridos y de la popular del Ayuntamiento de Barcelona han explicado a este diario que, a falta de repasar con más detalle la declaración testifical de Pérez de los Cobos, se puede dar por hecho que pedirán la imputación de los ocho jefes de unidades de intervención que actuaron en la capital catalana.
La petición de imputación, indican las mismas fuentes, también se fundamentará en el contundente auto de este martes de la Audiencia de Barcelona, que instó al instructor a investigar más a fondo en la cadena de mando del 1-O en relación a la investigación de las cargas en un colegio que había archivado.
Y es que los magistrados de la Audiencia concluyeron que "las consignas a los agentes" de los responsables del operativo debe servir para determinar si el uso de la fuerza concreto hacia los votantes fue proporcional o no a la situación en el colegio. Si no lo es, advirtieron los magistrados, el "responsable" de decidir la intervención deberá responder penalmente por las lesiones ocasionadas a los votantes por sus subordinados.