El Gobierno no podrá presentar en la campaña electoral la comprometida contrarreforma laboral. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido durante su comparecencia al término del Consejo de Ministros que no contaba «con los apoyos suficientes en la Diputación Permanente» del Congreso de los Diputados para sacar adelante aspectos que se había comprometido a derogar de la reforma laboral del PP y sobre los que ya había alcanzado un acuerdo con los dos mayores sindicatos de clase, CC OO y UGT, no así con la patronal CEOE. Valerio ha deslizado que para algunos grupos políticos, en referencia a Podemos, resultaban insuficientes los «retoques» que ya anunció la ministra en su primera comparecencia al asumir el cargo, que hacían referencia al regreso a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y a la ultraactividad de los mismos. Podemos no ha querido con su negativa ofrecer munición electoral a un contrincante directo en las urnas.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral del año 2012 es la limitación del plazo legal de ultraactividad de los convenios colectivos a un año y la previsión de que, transcurrido dicho plazo sin acuerdo para su renovación, el convenio colectivo en cuestión «perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación» (artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores).
Antes de la reforma, los convenios mantenían su vigencia de forma inmediata y sin plazos si los representantes de los trabajadores y de la empresa no alcanzaban un acuerdo para renovar el mismo.
La CEOE se ha mostrado contraria a tocar esos aspectos de la reforma laboral. Los empresarios sí tendrán que aplicar el registro horario obligatorio que ha aprobado hoy el Gobierno de Sánchez por decreto aunque con muchas salvedades. Para empezar, la obligatoriedad de registrar la entrada y salida de los trabajadores no tendrá carácter general sino que será el Ministerio de Trabajo el que vía reglamento establezca su aplicación a cada sector laboral de acuerdo a sus peculiaridades. Además, serán los empresarios los que decidan mediante la negociación con los trabajadores o, en último término, a su discreción, cómo poner en marcha dicho registro, que deberán conservar durante cuatro años. De hecho, CC OO considera que el decreto no garantiza la obligación de las empresas de llevar a la práctica el registro de los trabajadores.
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