Reforma laboral requiere mayor presupuesto para Poder Judicial de Yucatán
La reforma laboral requeriría de un Poder Judicial con mayor presupuesto para que funcione y no sea un "elefante blanco", según declaró la diputada federal por el distrito tres, Cecilia Patrón Laviada, este lunes.
"Hemos sido muy insistentes que todas estas reformas que estamos haciendo desde el Congreso, tienen que venir armadas, tienen que venir con 'dientes', porque si no les damos 'dientes' pasarán a ser otros elefantes blancos y a no cambiar la realidad de México".
Patrón Laviada explicó que están buscando dotar de más recursos al Poder Judicial para que los procesos legales logren avanzar a tiempo, ya que de lo contrario serían muy lentos, y añadió que aunque ya es tarde para que se incremente el presupuesto del 2019, pelearán desde la Cámara de Diputados para que el próximo año esto suceda.
"Vamos a pelear para que en el 2020 pues ya esté contemplado el presupuesto para fortalecer al Poder Judicial y por supuesto también aprovechar a fortalecer a las procuradurías estatales de todo el país".
En el caso de Yucatán, el Poder Judicial estatal no pudo abrir tres juzgados que tenían planeados al recibir un presupuesto 200 millones de pesos menor al que solicitaron y el magistrado Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia, declaró a este medio de comunicación en febrero, que el alto tribunal de la entidad no está preparado para los procesos laborales que traería la reforma.
De acuerdo con la diputada el mayor logro de esta reforma es la libertad sindical, con la que los trabajadores podrán decidir pertenecer o no a un sindicato, así como elegir a cuál y a sus dirigentes, sin presiones que se presentan el día de hoy. Además la reducción del papel de las juntas de Conciliación y Arbitraje estatales, al ser el Poder Judicial quien ahora hará toda la parte legal de cualquier tema laboral y quienes vayan a llegar a las partes y a hacer algún acuerdo serán las juntas.
"No desaparecen, pero de alguna manera se reducen en el sentido de que ya no van atener todo el proceso del trabajador, sino sólo la parte de conciliación. La parte jurídica del proceso, la parte procesal, se pasa al poder judicial".