Moreno acusa a Sánchez de “mentir a sabiendas” sobre las “listas negras” de violencia machista
El presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, ha acusado al candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, de "mentir a sabiendas" y de utilizar un "documento falso" para criticar a la Junta en la lucha contra la violencia machista y le ha exigido que rectifique inmediatamente.
Según el Gobierno andaluz, la supuesta carta que exhibió Sánchez en el debate televisivo de ayer responde al protocolo que la Ley de Transparencia obliga a tramitar a la Junta de Andalucía tras recibir la petición de información de un ciudadano. "Un ciudadano ha pedido una información determinada sobre el nivel de colegiación y cualificación de los profesionales que evalúan a las víctimas de violencia de género y lo que ha hecho la Junta es trasladar esta petición, aunque los trabajadores tienen la posibilidad de objetar y no responder o hacer observaciones a la petición", explicó Moreno.
En el debate, Sánchez denunció que esa iniciativa de elaborar "listas negras" se produce como consecuencia del pacto en Andalucía entre PP y Ciudadanos, que fue apoyado por la ultraderecha, en alusión a Vox. Este partido pidió el pasado febrero a la Mesa del Parlamento andaluz que tramitara la petición de datos de los trabajadores de las unidades de violencia de género en Andalucía, petición que fue denegada.
Moreno censuró la actuación del presidente del Gobierno en funciones durante un desayuno informativo, recogido por Efe, y criticó que haya recurrido a "falsear la realidad, una 'fake' a sabiendas", lo que ha tildado de "lamentable", y le ha acusado "utilizar el sufrimiento" de las mujeres víctimas de la violencia machista para "salir de un atolladero o arrancar un puñado de votos" en el debate. "Lo que hizo Sánchez fue trampear y hablar de listas negras y eso no es lo que está haciendo la Junta. Le exijo una rectificación inmediata por poner mal a la administración andaluza y sus trabajadores y por faltar a la verdad sobre una estrategia clara y nítida del Gobierno andaluz en la lucha contra la violencia machista", ha denunciado Moreno.
Lejos de corregir a su secretario general, Susana Díaz ha insistido en la existencia de “listas negras” de trabajadores públicos amparadas por PP y Cs. En una comparecencia para evaluar los cien días del nuevo Gobierno, la líder del PSOE-A mantuvo que “llevo advirtiéndolo mucho tiempo. Una de las cosas que ha traído la derecha son las listas negras”. “Si no se les paran los pies serán muchos más los colectivos de profesionales que se vean a amedrentados para que no lleven a cabo su trabajo de protección de las personas”, insistía Díaz. La socialista remarcó que "lo que dijo ayer Pedro es la verdad y, desgraciadamente, es lo que ya estábamos diciendo en el Parlamento de Andalucía desde hace cien días".
La Consejería de Justicia andaluza ya había reiterado la falsedad de la acusación de Sánchez. El consejero y vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), señaló que el protocolo de la ley, aprobada por el PSOE, establece que la administración está obligada a enviar a la persona de la que se pide información un comunicado diciendo que se ha recibido un escrito en el Portal de la Transparencia pidiendo sus datos. "Cuando esto sucedió, se puso en marcha el protocolo y se negó" a ofrecer la información, "basándonos fundamentalmente en la Ley de Protección de Datos y en lo que nuestra Constitución ampara", aseguró. “Otra cosa es que facilitemos el número de personas que dan ese servicio, pero ningún dato personal", relativo a nombre o sexo de esos profesionales.
Sobre la cualificación para trabajar en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, el consejero detalló que los que prestan el servicio son todos funcionarios. "Hay una confusión cuando hablamos si están colegiados o no. Lo que hicimos inmediatamente después de tomar posesión fue pedir un informe a cada una de la delegaciones provinciales de cada una de esta unidades. Estas personas son todas profesionales, con sus titulaciones. Había un número que no estaba colegiado, un 40% y eso es lo que le hemos pedido", según Marín.
Las afirmaciones de Sánchez se produjeron pocas horas después de que trascendiera que la Junta de Andalucía ha recibido siete peticiones en las que se solicitan datos personales de los trabajadores de las unidades contra la violencia de género, alguna de las cuales está "copiada" de la iniciativa presentada por Vox en el Parlamento andaluz y rechazada por la Cámara, según el sindicato Ustea.
Tras las solicitudes recibidas, y en virtud de la Ley de Transparencia, la Junta dio un plazo de alegaciones de quince días a psicólogos, trabajadores sociales y educadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los juzgados de familia y menores de Sevilla, todos los cuales rechazaron que se facilitaran sus datos. Un portavoz de la Consejería explicó a Efe que se hizo el "trámite administrativo" de remitir a los afectados las peticiones de información que recibieron porque les obliga la ley y además es una "garantía" ante eventuales procesos judiciales que emprendan los solicitantes de datos.