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El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha empleado el verbo coordinar para referirse este miércoles a posibles soluciones a los titulares de alquileres de viviendas de casas sociales de la promotora autonómica de viviendas, Visocan.
Coordinar significa según la RAE «unir dos o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto armonioso». Y, en este asunto, la armonía ha llegado en forma crispación electoral a los firmantes de contratos con VPO del barrio de Añaza.
Alonso solicitado este miércoles incrementar la "coordinación" entre los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Visocan para tratar de resolver las disprepancias surgidas con los inquilinos de las VPO de Añaza, adquiridas por el Gobierno de Canarias a Banco Santander. El precio de las viviendas ha subido.
A juicio de Alonso, estas diferencias, por un aumento en el precio de los alquileres, «entran dentro de lo normal» porque hay «muchas cuestiones que regularizar», entre otras, que hay «okupas» sin título de alquiler.
Alonso ha ofrecido también la colaboración del proyecto Base 25 del Cabildo para ayudar en la búsqueda de soluciones e instado a Visocan a que acometa obras de mejora en las zonas comunes de los bloques.
Hasta Clavijo
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado la transmisión de las viviendas a los inquilinos que así lo soliciten del parque público de Visocan, siempre con «la fórmula más beneficiosa para los vecinos».
El Gobierno de Canarias, dijo el presidente, lo que ha tratado siempre es de «encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley» y confirmó la «firme voluntad de que se descuente del precio final establecido a cada vivienda el descuento pagado por los vecinos por el alquiler».
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, explica que «hemos solicitado una consulta vinculante a la Hacienda estatal para esclarecer los efectos fiscales de la compraventa, tanto para la empresa como para los adquirentes, de modo que nos permita establecer las condiciones más ventajosas posibles», sostuvo Valido.
Podemos
El cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales previstas para el 28 de abril, Alberto Rodríguez, ha criticado este miércoles que la empresa pública de viviendas Visocan haya engañado durante 30 años a 35.000 familias.
Todo un «despropósito», como lo ha calificado en un comunicado la secretaria general de Podemos Canarias y candidata a la Presidencia, Noemí Santana, y «una tomadura de pelo» por parte de los distintos gobiernos de Coalición Canaria (CC) de «hacer pagar dos veces, en algunos casos» unas viviendas «a precios que no son sociales, sino de mercado».
Por ello, Santana ha anunciado el «compromiso firme» de Podemos «con todas las familias afectadas por esta tomadura de pelo institucional», incluyendo en el programa electoral medidas para que «estas viviendas acaben en sus manos, en propiedad».
La secretaria general ha abogado por darle un lavado de cara a la Ley de Vivienda de 2003, pues «no refleja la realidad de emergencia habitacional que tiene hoy en día la Comunidad Autónoma».
Rodríguez, por su parte, ha insistido en que «durante 30 años, el Gobierno de Canarias ha dejado una empresa pública pagada por los canarios en manos de fondos buitre que ahora pretende expulsar a las familias, que han pagado durante décadas muchísimo más dinero que el precio real de las viviendas». Ha denunciado que Visocan ha tenido dudosas operaciones de alto riesgo con fondos «buitre» y con dinero público, haciendo perder a la hacienda canaria al menos cinco millones de euros.