Sri Lanka prohíbe el velo y el burka en los lugares públicos
El estado de excepción sigue marcando las constantes vitales de Sri Lanka. Los toques de queda, las redadas, el cierre de las iglesias, la fuerte presencia militar, los 150 sospechosos que permanecen en paradero desconocido, las explosiones esporádicas una semana después, las dimisiones forzadas de la cúpula de las Fuerzas de Seguridad o la huida de parte de la comunidad musulmana a lugares más seguros por el miedo a ataques sectarios o de los propios terroristas. La tesitura actual hace que reine el desconcierto y que el corazón de los cingaleses lata a un ritmo más propio de los tiempos de guerra.
El estado de excepción es también un estado de paranoia colectiva donde ya no hay lugar para la especulación, y mucho menos para el error. Razón de peso para que desde ayer, las autoridades hayan prohibido el uso del velo, el burka y todos los elementos que cubran el rostro en público. El presidente de la nación, Maithripala Sirisena, dio la orden de que ninguna persona anduviera con el rostro tapado por las calles, con el propósito de identificar apropiadamente a los ciudadanos a los que se les requiera.
«La prohibición es para proteger la seguridad nacional. Nadie debería ocultar su cara para dificultar la identificación», señalaron desde la oficina del presidente a través de un comunicado. Además del anuncio de las autoridades, desde la organización de imanes de Sri Lanka, All Ceylon Jamiyyathul Ulama, también urgieron a las mujeres a que evitaran tapar sus rostros por miedo a que se produjeran represalias contra ellas.
El terrorismo se ha extendido más allá de los propios asesinos e involucra a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos y a sus padres, como demostraron las dos últimas explosiones registradas con víctimas mortales. La octava detonación del Domingo de Resurrección fue ejecutada por la mujer del líder de los kamikazes, Ilham Ibrahim, que se suicidó junto a sus dos hijos en su casa mientras era asediada por la Policía. También fallecieron tres agentes.
En otra explosión ocurrida este viernes fallecieron diez civiles –incluidos seis niños– y seis terroristas, entre los que estaban el padre y dos hermanos del ideólogo de los ataques, Zahran Hashim. De manera casi increíble, sobrevivieron su mujer, Abdul Cader Fátima Sadia, y su hija de cuatro años, que fueron rescatadas de entre los escombros el pasado sábado. Sadia es considerada un testigo fundamental para aclarar las claves de los atentados.
Mientras, sigue la caza de sospechosos vinculados con el fatídico Domingo de Resurrección no cesa y ya hay 150 detenidos, de los que casi 50 fueron apresados en las últimas 48 horas. Entre los presos se encuentra el padre de los «hermanos de sangre», que formaron parte de la masacre, Mohamed Ibrahim, un conocido empresario local.
Las intensas actividades policiales y militares coinciden con el nombramiento del nuevo jefe de la Policía, Chandana Wickramaratne. Su designación no estuvo exenta de polémica tras el episodio protagonizado entre el presidente de la nación y el antecesor en el cargo, Pujith Jayasundara. A pesar de la petición expresa por parte del presidente Sirisena para que abandonara, Jayasundara se negó en rotundo e incluso su supuesta dimisión fue difundida a la prensa mientras permanecía aferrado a su puesto. Finalmente sucumbió a la petición de responsabilidades del presidente y fue obligado a dejar su plaza.
Ayer también se proclamó al nuevo ministro de Defensa, el general Shantha Kottegoda, quien ocupó el puesto tras la dimisión de Hemasiri Fernando. La renuncia obligada de ambos altos cargos se produjo después de que el máximo mandatario les responsabilizara por no haber sabido gestionar la información que anticipó los ataques terroristas. La cifra de fallecidos se mantiene en las 253 víctimas mortales, entre ellas unos 40 extranjeros.