Los retos económicos del nuevo Gobierno: pensiones, precariedad y paro en un entorno de debilidad del crecimiento

Con una tasa de paro del 14,7% en un entorno de relajación de crecimiento económico, el futuro Ejecutivo que llegue a la Moncloa tendrá que hacer frente a una situación económica más débil donde todavía perduran altos índices de precariedad laboral. Hay un consenso generalizado, tanto en organismos extranjeros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE, como internos como el Banco de España, que coinciden en que en 2019 el PIB español crecerá un 2,1% y en 2020, un 1,9%.

Con esta caída del crecimiento, el nuevo Ejecutivo tendrá que diseñar una política económica que parte de un objetivo de déficit del 1,3%, que negoció con Bruselas el anterior Gobierno. Eurostat confirmó que los socialistas consiguieron cerrar 2018 con un déficit del 2,48% del PIB, que permitía abandonar el procedimiento de déficit excesivo en el que estaba inmersa desde 2009 así como una deuda pública del 97% del PIB, que supera los 1,18 billones de euros.

El corsé del déficit es importante, aunque hay una serie de tributos que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó en el cajón pendiente de aprobar,  ya que el nuevo Ejecutivo deberá decidir cómo se hace la revalorización de las pensiones (el PSOE se ha comprometido a que sea según el IPC) con una población cada vez más envejecida, impulsar a la industria y un aumento de las inversiones en infraestructuras y en I+D+i para reformar un modelo productivo poco eficiente, entre otros.

La nueva mayoría absoluta del PSOE en el Senado, que acaba con el veto a la senda de déficit que utilizaron PP y Ciudadanos, más una mayor representación en el Congreso (123 diputados) para sacar adelante los Presupuestos marcan una legislatura que dependerá de la capacidad de negociación de los agentes políticos y sociales ante la incertidumbre económica internacional. 

Modificar la reforma laboral y la de pensiones del PP

La política laboral del mandato de Pedro Sánchez estuvo muy marcada por una premisa: la debilidad parlamentaria del PSOE, con 84 diputados, que según el Ejecutivo socialista no permitía aprobar medidas de su programa. Tras el 28A, los socialistas suman con Unidas Podemos más asientos que las derechas de PP, Ciudadanos y Vox, por lo que se abren más opciones para que un gobierno del PSOE sacara adelante políticas progresistas en materia laboral y de pensiones.

El tema laboral estará una vez más como uno de los principales problemas a los que tendrá que hacer frente el Ejecutivo. Pese a la recuperación de la economía, la EPA se ha quedado en el 14,7% de tasa de desempleo en el primer trimestre de 2019, algo más de 3,3 millones de parados en un entorno de desaceleración del crecimiento económico. 

Los socialistas incluyeron en su programa la derogación de “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012, aunque no los concretó. Los sindicatos CCOO y UGT han recordado a Pedro Sánchez este lunes que ahora sí “dan los números” para sacar adelante estas modificaciones, a las que se ha opuesto la patronal. De las fuerzas parlamentarias, se han mostrado más partidarias de reformar esta legislación Unidas Podemos y sus confluencias, Compromís, ERC y PNV. La tarea pendiente pasa por negociar qué aspectos se tocarían de la normativa y cómo se cambiarían.

Los puntos en los que se centró el debate entre la ministra Magdalena Valerio y los agentes sociales fueron la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, restablecer la ultraactividad (la prórroga de los convenios colectivos cuando concluye su vigencia sin uno que lo sustituya) y garantizar los derechos laborales de los empleados subcontratados.

Aunque más urgente será abordar la reforma del sistema público de pensiones, con la legislación de 2013 del PP vigente y, por tanto, el 0,25% y el factor de sostenibilidad en vigor para los próximos años. El PSOE defendió en su programa “blindar en la Constitución” la revalorización de las pensiones “en base al aumento del coste de la vida”, que según sus responsables económicos es el IPC . Unidas Podemos exige esa garantía en la legislación, así como otras formaciones (como el PNV).

El verdadero reto pasa por encontrar un acuerdo con el resto de partidos, como intenta el Pacto de Toledo, en materia de ingresos: que garantice la sostenibilidad de la Seguridad Social en el futuro —el déficit de la Seguridad Social ha superado los 18.000 millones de euros—  y, en especial, para afrontar la jubilación de la generación del baby-boom.

Combatir la precariedad y la pobreza

Otro de los retos laborales pendientes, más allá de la ‘contrarreforma’ de la legislación laboral del PP, pasan por combatir la excesiva tasa de trabajadores temporales, para lo que una gran cantidad de partidos proponían en sus programas para el 28A limitar las modalidades de contratos temporales (como PSOE, Unidas Podemos, PNV y Ciudadanos, aunque con diferencias) y reforzar su causalidad para que se apliquen solo cuando se cumplan ciertos criterios. Reformar la protección por desempleo, con cuatro de cada diez personas paradas sin protección y casi la mitad de los desempleados en riesgo de pobreza, también espera al próximo Ejecutivo.

Para combatir la pobreza en el país, que se ha agravado en los casos más extremos , el PSOE quiere implantar el Ingreso Mínimo Vital, con un ayuda que al final de la legislatura llegue a un mínimo de 580 euros al mes para hogares en riesgo de pobreza severa con un hijo a cargo. En la misma dirección, aunque con diferencias, Unidas Podemos apuesta por una “renta garantizada”, de 600 euros al mes por adulto y que puede llegar hasta los 1.200 euros “en función del número de miembros del hogar”. Durante la campaña, Ciudadanos aunque no propuso crear una prestación estatal en este sentido, se decantó por armonizar las rentas mínimas de inserción de las diferentes comunidades autónomos e implantar un complemento salarial para los salarios más bajos.

Limitación de precios del alquiler

El PSOE llega a esta nueva legislatura con la herencia de un decreto urgente del alquiler pactado con Unidos Podemos el que se trataron de resolver cuestiones como la longitud de los contratos, que pasaron de tres a cinco o siete años, o la limitación de las fianzas. Quedó pendiente un tema muy polémico como es la regulación de los precios y su limitación en zonas en las que se hayan experimentado subidas desmedidas. Por el momento, el Gobierno aprobó la elaboración de un índice de precios en función de las fianzas depositadas en las comunidades autónomas. Recientemente el Ejecutivo de Emmanuel Macron aprobó que los municipios que lo deseen apliquen tales limitaciones en Francia.

Además, Pedro Sánchez deberá desarrollar una de sus promesas gubernamentales y electorales: iniciar la construcción o puesta a disposición de 20.000 viviendas sociales para alquiler. España sigue siendo uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda pública (un 1,5% del total), y precisamente a este hecho se suele achacar en parte que sea un mercado tan sensible a la especulación. Según la Fundación alternativas, España necesitaría 1,5 millones de viviendas de alquiler social.

Impuestos pendientes

En materia impositiva, quedó pendiente la aprobación de dos tributos de naturaleza europea: el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como la Tasa Google, con el que el Gobierno preveía unos ingresos para 2019 de 1.200 millones de euros. Contemplaba un gravamen del 3% sobre la publicidad, la intermediación y la venta de datos de los usuarios, en empresas con una facturación de más de 750 millones y de al menos 3 millones en España.

El gobierno también preveía ingresar 850 millones de euros con el impuesto de transacciones financieras, que gravará la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con un valor de más de 1.000 millones de euros.

Objetivos en materia de renovables

En materia de energía, el anterior Gobierno ya dejó sentadas las bases de la hoja de ruta de España para abordar la transición energética en la próxima década en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) remitido a Bruselas, cuyos ambiciosos objetivos en materia de renovables deberán empezar a concretarse en esta legislatura.

También está pendiente de desarrollar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética presentada poco antes de las elecciones, y en la agenda figuran entre otras cuestiones la de implantar la anunciada subida impositiva para el diésel; decidir el futuro de las concesiones hidroeléctricas que caduquen en la próxima legislatura (Unidas Podemos ha propuesto entregarlas a una nueva empresa pública) y proceder al cierre definitivo del fallido almacén de gas Castor.

Entre los asuntos que figuran entre las competencias de varios ministerios del área económica figura rehacer el estatuto de consumidores electrointensivos para rebajar la factura eléctrica de la industria, tras las reservas expresadas la semana pasada por la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y abordar la renovación de la cúpula de este organismo. En septiembre expira el mandato de seis de sus diez vocales, incluyendo al presidente y la vicepresidenta.

Financiación de infraestructuras

Otro melón pendiente de abrir es el del modelo de financiación de las infraestructuras. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha planteado en el último año implantar alguna fórmula para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.

Una de sus últimas propuestas ha sido la de sacar de los Presupuestos esa partida, al tiempo que ha puesto sobre la mesa para su debate con el resto de formaciones la posibilidad de destinar parte de los ingresos que se generen por peajes a pensiones, sanidad o educación.

España cuenta con unos 18.300 kilómetros de vías de alta capacidad (autovías y autopistas) —3.400 kilómetros con peaje y el resto de libre circulación—, cuyo modelo de financiación debería ser abordado y acordado por el Congreso, según ha insistido el ministro en varias ocasiones en los últimos meses.