Trump impulsa la protección a sanitarios que se nieguen a practicar abortos o atender a gays
Donald Trump ha dado un impulso a la regulación que protege a los trabajadores sanitarios a efectuar tratamientos como el aborto o dar servicio a población LGTB por motivos de conciencia o de libertad religiosa.
Es el último guiño del presidente de EE.UU. a su electorado más conservador, un segmento de votantes fiel para el que ha defendido políticas antiabortistas, como la limitación de la financiación de organizaciones o clínicas que realizan estos procedimientos.
Trump hizo el anuncio el pasado jueves, en un discurso uno de los jardines de la Casa Blanca con motivo del Día Nacional de la Oración. «Hoy hemos acabado la redacción de nuevas protecciones para el derecho de conciencia de médicos, farmacéuticos, enfermeras, profesores, estudiantes y organizaciones religiosas», dijo el mandatario ante representantes de diferentes confesiones religiosas.
En la antesala de la campaña electoral para su reelección, la nueva regulación es un anticipo del discurso que seguirá en las elecciones de 2020 y que ya le dio buenos resultados en su victoria de 2016, cuando advirtió a los votantes que con él el Tribunal Supremo reforzaría su posición conservadora. Desde entonces, Trump ha elegido a dos magistrados de este signo ideológico, en un tribunal que podría sufrir la renovación de más miembros -dos de los jueces liberales son octogenarios- y tratar asuntos como el derecho al aborto o los derechos de la población homosexual.
«Inmorales»
La reacción fue furibunda por parte de Nancy Pelosi, la demócrata de más alto rango en el Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes calificó la nueva regulación de «normas intolerantes que son inmorales, profundamente discriminatorias y claramente letales, que dan luz verde a una discriminación abierta en la atención sanitaria contra los estadounidenses LGTB y que amenazan el bienestar de millones» y advirtió que la mayoría demócrata en la cámara baja tratará de tumbarla.
La normativa no establece ninguna nueva ley, pero sí refuerza el cumplimiento de la legislación existente, con la amenaza de que los centros médicos que no lo cumplan pierdan la financiación federal.
El impulso de Trump parece responder más a un objetivo político que a un problema real. Según los datos del Departamento de Salud y Servicios Sociales, el año pasado se interpusieron más de 1.300 quejas por discriminación basadas en libertad religiosa o de conciencia. Mientras tanto, las quejas de sanitarios por violaciones de esas libertades son anecdóticas, y apenas llegan a una por año.
Las organizaciones conservadoras celebraron una decisión que, para ellas, mejora la cobertura médica, ya que obligar a sanitarios a ejecutar tratamientos que va contra su conciencia los sacaría del sistema de salud.