El Montonero, un bien informado portal de opinión política sobre el Perú, comenta que recientemente los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile Colombia y Paraguay se han pronunciado respecto a la necesidad de reformar el Sistema de Justicia supranacional –las aviesas Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos- “para recuperar los principios fundacionales para el que fue creado”.
En primer lugar, mortifica e indigna comprobar que a nuestra diplomacia no le interese propiciar cambios indispensables en este perverso Sistema de Justicia Continental que viene injuriando y humillando al Perú durante largas dos décadas. Un mecanismo siniestro que, por ejemplo, privilegia a los senderistas y emerretistas y condena a las autoridades de nuestra sociedad. Penosamente el Perú no aparece entre el quinqué de naciones que están proponiendo unas reformas que permitirían que nuestro Poder Judicial deje de ser mero apéndice de la CIDH, ese organismo secuestrado por la progresía latinoamericana que indignamente nos impide ejercer una Justicia propia. La mediocridad y opacidad adoptada por nuestra cancillería –desde que dejó Torre Tagle un canciller como Ricardo Luna- ha convertido nuevamente en plomiza la conducta de quienes dirigen nuestra diplomacia. La última iniciativa plenipotenciaria del Perú -con resonancia mundial- fue la formación del Grupo de Lima, un foro encargado de velar por la solución del drama que sigue viviendo Venezuela. Ocurrió el año 2016. Ahí el Perú adoptó un exitoso liderazgo regional convocando a la comunidad latinoamericana para frenar la amenaza comunista regional que implica la Venezuela chavista.
La reforma que están planteando estos cinco países estriba en reforzar la base sobre la cual fuera fundado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y apela a un esquema que procura: 1) desideologizar a la Corte y Comisión Interamericana, hace décadas secuestradas por la progresía marxista regional; y 2) asegurar la autonomía de los poderes judiciales en los países de la región. Incluso apunta a desmantelar la degeneración que ha sufrido el proyecto inicial del Sistema Interamericano de Justicia, transformado ahora en claro eje ideológico-político que dicta sentencias para que los países miembros se vean conminados a convertirlas en leyes propias, desfigurando de esta manera todo el sentido de autonomía jurídica que constitucionalmente le facultan y aseguran los principios de independencia y soberanía jurisdiccional a cada nación.
Bajo este criterio El Montonero pregunta con puntería: “¿por qué el Gobierno de Martín Vizcarra no se plegó al señalado pronunciamiento? ¿La administración Vizcarra acaso está comprometida con la agenda internacional de las ONG marxistas?” Los gobiernos de Toledo, Humala, envueltos en corrupción, y el de Kuczynski-Vizcarra camino a ello, se sometieron a la progresía alucinando que así compraban una póliza de seguro que les garantizaría no solo tranquilidad durante su quinquenio de poder, sino durante el resto de sus días como exgobernantes. Pero la sensualidad de la progresía pudo más que la bisoñez de los ex mandatarios. Todos cayeron en sus redes. La respuesta a los interrogantes de El Montonero es que Vizcarra nunca firmaría algo que contradiga al progresismo marxista. Como sería esta indispensable desideologización de la CIDH.
