Designación y control de juzgadores
Hasta hace poco más de veinte años el gobernador de Jalisco tenía la atribución de designar a los magistrados que integraban el Supremo Tribunal de Justicia, decisión que debía ser aprobada o rechazada por el Congreso del estado; a su vez, ese Tribunal tenía la facultad de nombrar a los jueces. Desde abril de 1997 el nombramiento de magistrados corresponde a los diputados y el de los jueces al Consejo de la Judicatura, órgano creado en la reforma constitucional de esa fecha.
Durante casi todo el siglo XX los gobernadores escogían como magistrados a abogados reconocidos, capaces y con experiencia judicial, la historia indica que, salvo contadas excepciones, esos magistrados impartieron justicia con decoro y eficacia, la sociedad confiaba en ellos y se les respetaba como juristas y personas.
Desgraciadamente esa confianza y ese prestigio se fue diluyendo, hoy es común escuchar de actos de deshonestidad y de la ineficiencia general en el ámbito de la justicia, de ahí las voces que surgen sobre la necesidad de revisar los procesos de selección y los mecanismos de control en la función de los magistrados y jueces.
El punto de quiebre se dio como consecuencia de la reforma constitucional de 1997, desde entonces los diputados han designado magistrados con carrera judicial, con trayectoria profesional acreditada, con capacidad reconocida, pero también -y quizá sean los más- como prebenda en el reparto de cuotas que invariablemente se ha hecho entre las fracciones parlamentarias, sin importar formación profesional, experiencia, capacidad, antecedentes en el servicio y mucho menos la honestidad.
En el caso de la designación y control de los jueces las cosas se han hecho todavía peor, el Consejo General del Poder Judicial, hoy Consejo de la Judicatura, se creó para quitar poder a los magistrados de Supremo Tribunal, y supuestamente, para “ciudadanizar” las decisiones en los procesos de selección y nombramiento de jueces, y en las funciones de administración, disciplina y control de los juzgados.
En su primera etapa formaron parte de ese Consejo personas preocupadas por mejorar la justicia, pero como todas las instituciones colegiadas que funcionan en Jalisco este órgano pronto se corrompió, el Congreso designó consejeros cuya misión fue cumplir órdenes de sus jefes políticos, particularmente de quienes convertidos en caciques externos secuestraron y controlaron el Consejo a través de sus subalternos, además, se hizo norma que los nombramientos de jueces y demás personal de los juzgados, el ejercicio presupuestal, las adquisiciones y todo tipo de negocios quedaran repartidos entre los consejeros, y por si eso fuera poco, algunos consejeros-litigantes se dedicaron a traficar influencias en los juzgados, tanto para resolver favorablemente sus asuntos como para exigir que se adjudicaran a sus despachos los asuntos de mayor cuantía económica, esta práctica muestra hasta que grado se han subvertido los fines de este órgano del Poder Judicial.
El desprestigio del Consejo de la Judicatura tiene fundamento, se han cometido muchas injusticias en contra de los propios jueces y del personal de los juzgados, se han nombrado decenas de jueces (muchos de ellos apenas podrán ingresar al servicios en diez o veinte años más) por simple amistad, parentesco, pago de favores políticos o reparto de cuotas entre los consejeros y sus jefes políticos, se han hecho múltiples negocios, se ha dilapidado buena parte de los presupuestos destinados a los juzgados en sueldos excesivos y en lujos innecesarios, y quizá lo más grave ha sido la falta de compromiso e interés para mejorar el servicio de la justicia de muchos de quienes han sido consejeros.
Es un hecho que el Consejo de la Judicatura después de veinte años de existencia no ha cumplido la función para la que fue creado, su costo económico ha sido exorbitante, sus resultados no han incidido en la mejora de la impartición de justicia, prueba de esto es que Jalisco se encuentra en los últimos lugares de la clasificación que hacen diversos organismos nacionales y extranjeros.
Quienes proponen la extinción o el cambio del modelo actual de selección de jueces tienen razón, existe la necesidad de replantear un nuevo método de designación y control de magistrados y jueces en el estado de Jalisco, pero en este proceso debe tenerse en cuenta que el diseño de mecanismos sofisticados o sumamente complejos para elegir magistrados y jueces a los más sabiondos leguleyos no asegura que las cosas serán mejores, ya que lo más importante, así lo reconocen muchos juristas, es la integridad personal de los juzgadores.
Para recuperar la confianza, prestigio social y mejorar la impartición de justicia debe existir una voluntad sincera y una rectitud de intenciones entre los operarios jurídicos. La justicia debe dejar de verse sólo como un campo de negocios entre abogados, juzgadores y quienes se supone que deben designar y controlar a estos.
csepulveda108@gmail.com