Denuncia contra Educación por su protocolo contra el bullying

A principios de octubre de 2015, Diego González, de 11 años, se tiró por la ventana de la cocina de su casa en Leganés para no tener que asistir más a su colegio, el Nuestra Señora de los Ángeles, en Villaverde. «No hay otra manera para no ir», les dejó escrito a sus padres en una nota antes de morir. El caso se cerró para luego reabrirse e investigar a través del la Fiscalía de Menores si sufría acoso escolar, concretamente algún tipo de abuso sexual. En febrero de 2017 la Justicia archivó la causa sin dar con el, la o los culpables. Nada cambió en aquel centro escolar, donde también se había atiborrado a pastillas una niña por un motivo similar. Enrique Pérez-Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), lleva años denunciando que el protocolo para frenar el bullying en la Comunidad de Madrid es ineficaz. Esta misma semana Aepae ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que se cambie el plan, dada la indefensión a la que somete a las familias, a las víctimas e incluso a los acosadores, a los que no se les reeduca. También han formulado un escrito administrativo como paso previo a la causa contencioso-administrativa que emprenderán contra la Consejería de Educación, que dirige en estos momentos Rafael van Grieken (PP). «Esta denuncia se basa en que nunca debe de ser confidencial un protocolo de actuación para las familias afectadas, que ahora no tienen acceso al proceso; no saben si se ha hecho bien, si no se ha hecho o si se han aportado todas las pruebas documentales», explica Pérez-Carrillo. Por otro lado, exponen en el texto que el protocolo obliga a los centros escolares a prestar ayuda y soporte a las víctimas, pero no es real. «Al final, recurren a un terapeuta pagado de su bolsillo», apunta el máximo responsable de esta asociación, exigiendo al Gobierno regional que en el plan de actuación se especifiquen cuáles son esas ayudas y cómo se van a articular. «Si no, es papel mojado como hasta ahora, donde habla de reeducar a los acosadores, pero no se aportan recursos. Sólo en los casos más graves se expulsa al alumno», añade Pérez-Carrillo. La situación «de impunidad» es patente, manifiesta el experto. Radiografía Los datos que ofrece la Comunidad de Madrid sobre el número de casos de acoso escolar detectados en la región hablan de una disminución del 54% «desde el inicio de la legislatura»; esto es, 2015. Durante el curso 2017-2018 se registraron 83 casos frente a los 179 del anterior. No recoge su nota ninguna alusión a los suicidios derivados por este problema, ya que no existe registro. El III Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying que realizaron en 2017 la Fundación ANAR y Mutua Madrileña habla de que en Madrid han crecido las víctimas de acoso, siendo esta región la que encabeza el mayor número de casos. La edad de los damnificados se rebajó de los 11,6 años de media a los 10,9 en 2017. El acosador comienza esta práctica también cada vez más temprano. La media son los 11,4 años. El perfil del agresor suele ser de sexo masculino, va a la misma clase de la víctima y son las agresiones verbales, físicas y el aislamiento los hechos violentos más habituales. El Ministerio de Educación atendió entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 12.799 llamadas en el teléfono contra el acoso escolar (900 018 018). En el mismo periodo del año anterior recepcionó 25.366. La bajada se debe a que muchas comunidades autónomas han centralizado este servicio, pero no es el caso de Madrid.