Un antiguo dirigente del PP balear es procesado de nuevo por presuntos abusos sexuales
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El ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma por el PP Javier Rodrigo de Santos, condenado hace una década en la capital balear por dos delitos de abusos a menores y por otro de malversación de fondos públicos, ha sido procesado ahora nuevamente por un presunto delito de abusos sexuales, en este caso a dos presos adultos mientras estuvo colaborando con una ONG en Madrid. El auto de procesamiento, dictado la pasada semana por el juez, es recurrible.
Según ha desvelado «eldiario.es», el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, dictó el pasado 6 de mayo un auto de procesamiento contra De Santos, como presunto autor de siete violaciones y dos delitos más de agresión sexual mientras estuvo colaborando con la ONG Horizontes Abiertos. La investigación se inició hace dos años, al aparecer indicios de que De Santos habría utilizado su puesto en dicha ONG para, supuestamente, coaccionar a presos en tercer grado y obligarles a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad a Instituciones Penitenciarias y que no volvieran a salir.
El auto dictado ahora por el juez señala que De Santos se habría prevalido de su condición de coordinador de un programa de la citada ONG para obligar a Benjamín —nombre ficticio— a mantener relaciones sexuales con él en siete ocasiones, «consistentes en todos los casos en la realización de felaciones a dicho interno, obligándole a continuación a que éste le realizara penetraciones anales, usando preservativo». Un segundo recluso, de nombre ficticio Rachid, habría recibido tocamientos en dos ocasiones por parte de De Santos, pese al rechazo del joven. Los hechos investigados habrían tenido lugar a mediados de 2015.
Según explica «eldiario.es» este lunes, el magistrado instructor ha impuesto a De Santos una fianza de 44.000 euros como indemnización por los daños morales ocasionados a ambas víctimas. Además, le mantiene las dos comparecencias mensuales en el Juzgado y la prohibición de salir del país. Próximamente, el juez volverá a tomar declaración al expolítico del PP balear.
Dos condenas previas
Cabe recordar que De Santos fue teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma entre 2003 y 2007, bajo el mandato de la popular Catalina Cirer. Tras los comicios locales de mayo de 2007, el PP perdió la mayoría absoluta con que contaba hasta entonces en las principales instituciones de Baleares, circunstancia que motivó el abandono momentáneo de la política por parte de De Santos, que se reincorporó a su plaza como funcionario de la Administración estatal. Unos meses después, en marzo de 2008, trascendió que durante su etapa como edil había gastado 52.000 euros en clubes de alterne masculinos, que fueron pagados con la tarjeta de crédito de una empresa municipal. En aquella época, De Santos estaba casado y tenía cinco hijos. Además, se le consideraba un hombre de fuertes convicciones religiosas y católico practicante.
La persona que en 2008 presidía el PP balear, Rosa Estarás, suspendió inmediatamente de militancia a De Santos, quien paralelamente se dio de baja del partido. El exregidor devolvió todo el dinero gastado, reconoció que era toxicómano y pidió públicamente perdón. En cualquier caso, fue juzgado y finalmente condenado en septiembre de 2008 a dos años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos.
Con independencia de la mencionada causa por malversación, De Santos fue además enjuiciado en otro proceso, como presunto autor de abusos a menores entre 2005 y 2007, en concreto, a dos hermanos que acogía en ocasiones en su casa. Tras la vista oral, la Audiencia Provincial de Palma condenó en octubre de 2009 a De Santos a un total de 13 años y seis meses de prisión por dos delitos de abusos y por un delito contra la salud pública, en concreto, por haber suministrado droga a un adolescente. La adicción a la cocaína de De Santos fue considerada como un atenuante en ese caso. Finalmente, el Tribunal Supremo redujo la citada pena inicial y la fijó definitivamente en cinco años de cárcel. Tras salir de prisión, el expolítico popular fijó su residencia en la Península.
Con posterioridad, el 5 de diciembre de 2017, De Santos fue detenido por las presuntas agresiones sexuales cometidas contra los dos presos mencionados. Tras declarar ante el juez, quedó entonces en libertad con cargos.