Integración Social: El rechazo transversal a la política de privatización de terrenos públicos
Gran polémica ha causado este proyecto que actualmente se discute en el Congreso. Desde las organizaciones sociales y comités de vivienda se han manifestado preocupados por la implementación de una política de privatización, mientras que los expertos la critican por ir en contra del propósito principal del Ministerio de Vivienda.
Luego de que la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados votara en favor de la idea de legislar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración y urbana -mejor conocida como Ley de Integración Social-, las reacciones no tardaron en llegar.
Esto, porque desde ya hace algunos años que, tanto expertos como los mismos pobladores de las distintas comunas del país, han intentado frenar una política que para el Colegio de Arquitectos y diversos comités vecinales, pretende consolidar una política de privatización y concesión de los terrenos públicos a los principales grupos económicos del sector privado.
El rechazo frente a la iniciativa que entró a trámite durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet ha sido transversal en el mundo académico y el Premio Nacional de Arquitectura 2018-2020, Miguel Lawner, ha sido uno de los más críticos con la iniciativa.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el reconocido arquitecto señaló que este es un proyecto que sólo favorecerá a los grandes consorcios inmobiliarios, en desmedro del bien común.
“El único trasfondo que hay es que la presión de la Cámara Chilena de la Construcción, con el poderío que tiene, es de tal naturaleza que logra imponer en el Gobierno decisiones como esta. O sea, nefastas. Aquí están solamente los intereses de los grandes empresarios que han visto una nueva fuente de negocios, en vez de prevalecer el bien común. El Ministerio de la Vivienda fue creado para que prevaleciera el bien común”, lamentó el arquitecto.
Por otra parte, el ex director de CORMU en tiempor de Salvador Allende, se refirió al que para él, es uno de los temas más polémicos del proyecto de ley que el Ministerio de Vivienda busca aprobar: los Planos Reguladores.
Sobre esto, Lawner sostuvo que el pasar por encima de los mismos es una situación gravísima.
“Los Planos Reguladores son consecuencia de un trabajo durante uno o dos años y de un grupo de profesionales especializado. Actualmente con un alto grado de participación social y finalmente aprobados por los consejos municipales. Pasar por encima de ellos, por una simple resolución del Ministerio de la Vivienda sobre la base de la sugerencia de algún particular de hacer una inversión aquí o allá, es gravísimo”, criticó.
En otra vereda, pero caminando en el mismo sentido, están los comités que integran el llamado Movimiento Solidario Vida Digna. Éstos, preocupados por la situación actual de la vivienda en Chile, en donde las cifras hablan de un aumento del déficit habitacional, han venido haciendo un trabajo silencioso pero efectivo en cada uno de los territorios en que están presentes.
Es el caso del comité Angélica Huly, el que, conformado por familias mayoritariamente de la zona sur, ya cuenta con más de 100 inscritos. El único requisito: participar en las actividades que semana a semana organizan como comité.
El vocero de este comité, Pablo Paredes, comentó los aspectos que más le preocupan a sus integrantes respecto de este proyecto de ley, en el que la creación de Zonas de Integración Urbana o ZIU, toma un rol protagónico.
“La creación de las ZIU finalmente lo que va a hacer son dos cosas principalmente. Flexibilizar la normativa para las empresas constructoras, las empresas gestoras que van a poder construir más para sacar más rentabilidad de los terrenos. Y por otro lado, va a haber una concesión de los terrenos públicos a los privados. Es decir, ni siquiera van a tener que comprar los terrenos sino que es una concesión gratuita por equis años. Aún no se sabe cuánto es”, dijo Paredes.
Cabe destacar que, en un análisis realizado por la Cámara Chilena de la Construcción en que compara los datos relacionados con vivienda contenidos en las encuestas Casen realizadas en 2015 y 2017, el cotejo arroja un incremento de 13 por ciento en el déficit habitacional del país. En números, la necesidad insatisfecha de viviendas llegó a 739.603 unidades (entre casas y departamentos) y la población afectada se calcula en 2,2 millones de personas.