Los concesionarios piden un plan de achatarramiento para los vehículos más viejos

Los cuatro primeros meses del año arrojan un balance negativo en la venta de automóviles, principalmente en el canal de particulares. Factores como la entrada del sistema de medición de gases WLTP o el anuncio en su día por parte del Ministerio de Transición Ecológica del fin de las ventas y circulación de coches diésel y con motores de combustión ha generado incertidumbre entre los potenciales clientes, que, tal y como reconocen desde la patronal de los concesionarios FACONAUTO «han decidido retrasar su decisión de compra». Justo antes de las elecciones el gobierno presentó el borrador del Plan Estratégico de la Automoción, que contando con representantes de las administraciones, sindicatos, patronal de la fabricación de automóviles y concesionarios, pretendía abordar el problema y establecer medidas para la recuperación del potencial industrial español en la fabricación de vehículos, así como reactivar las ventas contemplando una transición ordenada hacia la descarbonización de la movilidad. Un plan que ahora desde FACONAUTO piden que se reactive con medias concretas en las que se contemple como objetivo la «retirada del parque automovilístico español de los vehículos más antiguos y contaminantes», según ha reconocido el presidente de esta asociación Gerardo Pérez. Para conseguir este objetivo la asociación que agrupa a los concesionarios propone al nuevo Gobierno que active un plan de renovación del parque de coches para el periodo 2020-2025 con una ayuda de 1.000 euros por coche de más de 10 años (más de 7 años para los comerciales) que aportaría el Estado y una cantidad igual que sufragaría el concesionario. De llevarse a cabo, calculan que unos dos millones y medio de vehículos contaminantes serían retirados de las ciudades y carreteras en un plazo de cinco años años, así como 3.500 tractores. Este achatarramiento del parque móvil más veterano bajaría la edad media de los vehículos en España hasta los 11,8 años en 2025, es decir, dos años menos que en la actualidad. En el caso de incentivos a la compra de vehículos eléctricos, y para reemplazar a coches de más de 10 años de antigüedad, el plan incluiría una aportación por el Estado de 5.000 euros, y que podría alcanzar otros 5.000 euros adicionales por el concesionario si el coche fuese 100 % eléctrico. Según Gerardo Pérez, es necesario un Plan Integral del Aire «sin ocurrencias», en el que el objetivo fundamental no sea tanto la introducción de vehículos eléctricos en el parque como la retirada del mismo de los coches que más contaminan. «Es como si en una habitación llena de fumadores metemos dos o tres no fumadores. La contaminación va a seguir siendo la misma hasta que consigamos que los fumadores salgan de la sala», ha explicado con un símil. La renovación del parque debe incluir a los vehículos eléctricos, pero también a los de gasolina,gas, híbridos e híbridos enchufables, ya que según Gerardo Pérez «cualquier coche moderno contamina infinitamente menos que un coche viejo, y antes de salir al mercado es sometido a unos rigurosos controles por la Unión Europea». En este sentido, considera que los coches de carburación juegan un papel importante en el proceso de descarbonización porque «hoy en día quien viene a comprar un coche eléctrico no tiene un coche de menos de 10 años para retirar de la circulación, tiene un coche de cinco o seis años que va a cambiar por un eléctrico para poder acceder con él al centro de la ciudad. El coche eléctrico es un producto de lujo al que pueden acceder muy pocos». El presidente de FACONAUTO afirma que «es imprescindible avanzar hacia un modelo adecuado de movilidad sostenible y descarbonizada, sin discriminar tecnología, con plazos suficientes y poniendo el foco sobre el principal problema que enfrenta el sector: un parque de automóviles muy envejecido de 12,3 años. Según nuestras previsiones, dicha edad aumentará hasta 13,7 años en 2025 si no se toman las medidas adecuadas». Positivo para las arcas del estado Pérez asegura que su propuesta para el Plan Estratégico de la Automoción sería «positivo para las arcas del Estado, con 7.722 millones recaudados por impuestos directos y 3.000 millones adicionales vía pólizas de seguros, planes de formación, IRPF o cuotas a la Seguridad Social». España vendería en este tiempo unos 500.000 coches por año, según FACONAUTO, y reduciría la accidentalidad en las carreteras gracias a la entrada de los vehículos nuevos más seguros (gasolina, diésel, híbridos y eléctricos). Pérez ha destacado que este plan no tendría carácter de apoyo al sector, sino de ayuda al usuario que quiere cambiar de coche. Además de estos incentivos, desde FACONAUTO consideran imprescindible que se establezca un marco jurídico estable y homogéneo, ya que «no puede ser que en la actualidad tengamos 50 planes de calidad del aire distintos y 17 reglamentos de movilidad, según cada ayuntamiento o comunidad autónoma»