Los españoles se resisten a retrasar su jubilación
Como disparar la recaudación a través de cotizaciones sociales con la creación de más empleo resulta casi utópico, el Banco de España considera que, para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones es necesario actuar en varias dimensiones, tanto en los gastos como en los ingresos. Y uno de los aspectos que considera determinantes para garantizar el futuro de las pensiones públicas es de la edad de jubilación. Cuanto más tarde se retira un trabajador, más años cotiza y más tiempo se ahorra el Estado su pensión. Pero ocurre que los españoles no dejan su trabajo todo lo tarde que el supervisor bancario desearía para beneficiar al sistema.
Sea por deseo de dejar el trabajo cuanto antes o empujados por circunstancias como procesos de prejubilación, lo cierto es que la edad efectiva de jubilación sigue por debajo de los 65 años. Y no muestra una tendencia de crecimiento acusada, como le gustaría a la institución que dirige Pablo Hernández de Cos. Así lo advierte el Banco de España en su Informe Anual de 2018, en el que refleja que, desde mediados de 2014, la edad efectiva de jubilación en España se ha estancado en algo más de 64 años.
El retraso en la edad de jubilación en España se acometió en 2011 y se completará en 2017, cuando se sitúe en los 67 años para trabajadores con periodos de cotización inferiores a los 38,5 años. No obstante, teoría y práctica no van, de momento, de la mano.
En el apartado "Consecuencias económicas de los cambios demográficos", el Banco de España también aboga para garantizar el sistema por un factor de sostenibilidad como el que tiene el modelo nacional pero cuya entrada en vigor ha sido retrasada hasta 2023. En sus negociaciones para salvar los Presupuestos de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cedió a las presiones del PNV y retrasó la puesta en marcha de una medida que, en la práctica, limitaba la subida de las pensiones a cambio de garantizar su futuro. En su lugar, se aceptó, y se mantiene, ligar su revalorización al IPC.
El regulador también aboga por incorporar algunos aspectos de la conocida como "mochila austriaca" para mejorar el sistema. En concreto, apuesta por introducir un sistema de cuentas nocionales en las que las cotizaciones se contabilizan en una cuenta individual sobre la que se aplica una revalorización en función de determinadas variables demográficas y económicas. Este sistema, explica, "contribuiría a aumentar la disponibilidad de información sobre los derechos de pensión acumulados", lo que permitiría a los trabajadores tomar decisiones por adelantado sobre planes de ahorro privados para completar su pensión pública.