La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, destacó ayer en comisión parlamentaria que el presupuesto de su departamento que más crece porcentualmente es el dirigido a la protección a la infancia, con 193,56 millones –40 más que en 2018–, gran parte destinos a atender a los menores extranjeros no acompañados (Mena), para los que se han reforzado en 1.200 las plazas en centros de acogida con el fin de evitar «situaciones de emergencia» que obliguen a buscar alojamientos de urgencia y mejorar su atención con intervención terapéutica e itinerarios personalizados de inserción laboral y acompañamiento a su proyecto migratorio. Ruiz anunció que los próximos 17 y 18 de junio viajará a Bruselas para exponer la necesidad de un tratamiento del fenómeno migratorio en la UE, pero dejó claro que la tutela de estos menores que llegan solos a las costas andaluces es una cuestión de la ley «porque son menores y es su derecho». Respondía así al portavoz de Vox, Francisco Serrano, que pidió la repatriación de estos menores, la mayoría marroquíes, a sus países con sus familias para evitar el «efecto llamada».
La consejera sacó pecho del carácter «social» del primer Presupuesto del Gobierno de PP-Cs, entre críticas de Vox por la «continuidad en la ideología de género» y de PSOE y Adelante Andalucía por los recortes en partidas como la renta mínima de inserción y Cooperación.
En ambos casos, Ruiz tiró del argumentario que están repitiendo todos los consejeros: la falta de ejecución de los anteriores gobiernos socialistas de las partidas «pintadas» en los presupuestos. En concreto, la consejera calificó de «escandaloso» y «vergonzoso» lo ocurrido con esta ayuda, donde dijo haberse encontrado con «los Servicios Sociales comunitarios bloqueados con montañas de expedientes» con más de un año de espera a que de los 190 millones presupuestados sólo se ejecutaron 56. En este sentido recordó que ha reforzado estos servicios con 1.250 efectivos.
Ruiz destacó que la prioridad de su consejería es el sistema de Dependencia ante su «atasco», que absorbe 1.266 millones (de un total de 2.112,4 globales) 88,45 más para acabar el año con 224.000 personas atendidas, un 5%, priorizando a los dependientes más graves menores de 21 años y los moderados mayores de 80. Desde el PSOE, Soledad Pérez ironizó con que con 88 millones más apenas le dé para aumentar en 14.000 los beneficiarios.
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