Manifestaciones multitudinarias en Hong Kong frenan lectura de ley de extradición propuesta por el régimen chino (FOTOS)
Cientos de miles de personas continúan en las calles de Hong Kong para protestar contra la polémica propuesta de ley de extradición, cuya segunda […]
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Cientos de miles de personas continúan en las calles de Hong Kong para protestar contra la polémica propuesta de ley de extradición, cuya segunda lectura, que estaba prevista hoy, fue pospuesta hasta nuevo aviso ante las movilizaciones de rechazo.
En los alrededores de la sede del Consejo Legislativo, pese al blindaje policial, siguen concentrados miles de manifestantes, la mayoría jóvenes, que coreaban consignas contra el Gobierno hongkonés portando mascarillas para no ser reconocidos y protegerse del gas pimienta lanzado por la policía, método que ya usó en disturbios aislados registrados el pasado domingo.
Fotos publicadas por el rotativo local South China Morning Post mostraron hoy a manifestantes haciendo acopio de ladrillos de las aceras y la misma fuente indicó que la policía desplegó una bandera con este consejo: “dispersáos o disparamos”.
Las tensiones no han dejado por el momento enfrentamientos graves, aunque muchos manifestantes se han visto forzados a abandonar la sede del Legislativo por los efectos del gas pimienta al tiempo que empezaban a llegar las ambulancias.
La policía está aún tratando de desalojar la sede y de escoltar a los legisladores que debían llegar al Legislativo para leer por segunda vez la polémica ley, la cual permitiría a la Jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán– sin supervisión legislativa.
“Nuestra empresa trabaja con muchos clientes extranjeros y es muy importante para Hong Kong que se mantenga el principio rector de ‘un país, dos sistemas”, comentó a Efe una manifestante, Crystal Lee.
Dicho principio permite a la ciudad disfrutar de libertad de expresión, de reunión y de un sistema judicial con garantías en teoría hasta su asimilación por parte de China, prevista para 2047.
“El Estado de Derecho es uno de los principales activos de Hong Kong para convencer a las empresas extranjeras para que inviertan en la ciudad“, añadió la manifestante.
Otro hongkonés, Patrick L., que trabaja en una aerolínea, uno de los sectores cuyos sindicatos anunciaron esta semana su adhesión a una huelga en protesta por la ley, indicó que aunque la gente quiere unirse a la huelga “teme ser despedida”.
Mientras, una española residente en Hong Kong, Pilar Aguilera Cacho, se mostró convencida de que se trata de “una batalla perdida”, porque “Pekín terminará tomando el control total”.
“Pero si se deja de luchar entonces sí que ya no habrá ninguna esperanza“, señaló la ciudadana española.
“Desde luego, me parece un golpe enorme a la autonomía de Hong Kong. Me preocupa mucho que Pekín lo usara para amenazar y perseguir a sus opositores aquí“, sentenció.
Otros manifestantes se mostraron más optimistas y, con las manos en alto y sin la intención de moverse del lugar, corearon consignas como “Nos han subestimado“, “Que se joda la Policía” y “Que se joda China“, aunque más cautos se mostraron miembros de la iglesia que repartieron biblias y rezaban y lanzaban “aleluyas”.
En los carteles vistos hoy algunos asistentes denunciaban que la policía está defendiendo a la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, cuando debía estar cumpliendo su deber, que es el de “proteger los manifestantes”.
Mientras, el presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, decidió hoy posponer hasta nuevo aviso la reunión de este órgano en la que tenía previsto llevarse a cabo la segunda lectura de la polémica ley de extradición, puesta sobre la mesa en febrero y cuya votación final se prevé para el jueves 20 de junio.
De aprobarse, los tribunales locales podrán revisar los casos de esta índole de manera individual y usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, aunque el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal.
De la misma opinión es la prensa oficial china, para quien la protesta viene de la mano de grupos “separatistas y extremistas” que actúan bajo “la interferencia de fuerzas extranjeras, particularmente Estados Unidos”, reza hoy un editorial del oficialista Global Times.
“Se trata de un incidente violento que ha generado fuertes críticas de diferentes grupos de la sociedad hongkonesa y que daña gravemente la estabilidad y la prosperidad de la ciudad”, señala el periódico, que llama “irresponsables” a quienes “incitan a la gente joven a realizar protestas callejeras”.
Preguntado sobre si Pekín apoya el uso de la fuerza contra los manifestantes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Geng Shuang indicó que “cualquier conducta que mine la prosperidad y la estabilidad de la región contarán con la oposición de la opinión pública dominante de Hong Kong”.
Sobre la consulta de la prensa extranjera de si el Gobierno chino está enviando vehículos militares y tropas a Hong Kong, como sugieren algunas publicaciones en las redes sociales, Geng respondió: “Eso es desinformación. Te puedo asegurar que es un viejo rumor para infundir pánico“.
En cualquier caso, la propuesta de ley se ha topado con la oposición de amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.
De este modo, activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.
El régimen comunista, carente de mecanismos de fiscalización y sin separación real de poderes, se comprometió en 1997 -cuando la soberanía de Hong Kong le fue devuelta de manos de Londres- a mantener el sistema dejado por los británicos hasta 2047, aunque la presión de Pekín sobre el archipiélago aumenta progresivamente.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación ya que la norma “permitiría a los acusados ser entregados a un sistema judicial que no ofrece ningún tipo de protección contra persecuciones de motivo político por parte de las autoridades y está plagado de torturas, y otras formas de malos tratos, confesiones forzosas y juicios injustos”.
EFE
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