Casado exige a Sánchez que impida que la Abogacía deje a Junqueras ser eurodiputado
Seoane sostiene su posición en el antecedente que permitió que el propio Junqueras y el resto de diputados presos pudieran acudir al Congreso a cumplimentar con los trámites para ser parlamentarios y asistir a la sesión constitutiva de las Cortes. Similar procedimiento se aplicaría para que Junqueras entrara en la lista de los 54 eurodiputados españoles, es decir, el acatamiento de la Constitución, en este caso ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en la Cámara baja.
Casado, que ha estado en el Kursaal de San Sebastián, donde desde se celebra la cumbre del Partido Popular Europeo (PEE), en la que 500 cargos comunitarios analizan los resultados de las últimas elecciones del 26-M y debaten sus prioridades para la próxima legislatura europea (2019-2024), ha advertido de que "el nacionalismo xenófobo y excluyente" no debe afectar "a las instituciones españolas ni europeas". A su juicio, si existe "cualquier contemporización con el independentismo catalán, también Francia, Rumanía, Italia o Alemania, tendrán problemas" con los partidos que "piden mayores cotas de independencia en algunas regiones". "Sería bueno que el Gobierno se posicionara claramente en contra de que el señor Junqueras y Puigdemont adquieran la condición de diputados", ha insistido.
Es más, Casado ha desempolvado el “no te preocupes” que Sánchez dirigió a Junqueras durante la sesión constitutiva del Congreso cuando el líder de ERC le preguntó si le ponía en un compromiso por darle la mano. Eso es lo que contaron los testigos pero el presidente del PP sigue prefiriendo su propia interpretación. Primero, dijo que el jefe del Ejecutivo se estaba refiriendo a la concesión de los indultos si hay condena en el juicio del ‘procés’. Ahora, le atribuye otro significado: “Espero que 'el no te preocupes' que dijo Pedro Sánchez al señor Oriol Junqueras no fuera que la Abogacía del Estado iba a considerar oportuno que sí pudiera adquirir la condición de diputado europeo”. A lo que ha añadido que, de ser así, los preocupados serían "la mayoría de los demócratas españoles y la mayoría del arco parlamentario europeo" que no quieren "que el nacionalismo xenófobo y excluyente afecte a las instituciones españolas, pero tampoco a las europeas porque no es solo un problema nacional, sino también internacional", ha apuntado.
También la fiscal general del Estado se opone a la decisión de la Abogacía aunque por motivos distintos. María José Segarra ha respaldado al fiscal del Supremo al considerar que sería "perturbador" autorizar a Junqueras a jurar o prometer el cargo de eurodiputado ante la JEC. En todo caso, ha considerado normal que se produzcan discrepancias y ha avisado de que "en Derecho estamos acostumbrados a que cada uno transmite una opinión y más en temas tan novedosos y complejos como las situaciones que se nos plantean este año".
La Fiscalía pidió al Supremo el martes que no autorizase la salida de la cárcel de Junqueras porque podría obligar a pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad y paralizaría el proceso penal contra los líderes independentistas. En otro escrito, el Ministerio Público aceptó sin embargo que se autorizara la salida de prisión del exconseller Joaquim Forn este sábado para adquirir la condición de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque por su situación “no pueda materialmente ejercer las funciones ni desarrollar las actividades propias del cargo”. No es de la misma opinión en el caso de Junqueras, ya que cree que el objetivo del exvicepresidente de la Generalitat es “sortear la suspensión de funciones” que ya se ha acordado para él como diputado en el Congreso.
Según la Fiscalía, autorizarle a adquirir la condición de eurodiputado “supondría abrir un escenario en el que podrían producirse interferencias absolutamente irrazonables en el ejercicio de la función jurisdiccional”, pues otorgaría al poder legislativo, en el este caso el Parlamento Europeo, una función de “revisión” o “control” sobre el judicial. La inmunidad parlamentaria se convertiría así en un “privilegio” o “derecho particular” de determinadas personas, explicaba la Fiscalía, recordando además que el juicio oral casi ha concluido y que el dictado de la sentencia “no puede sujetarse a condición alguna”. “La exigencia de suplicatorio en la fase procesal en la que nos encontramos, y la posibilidad de que fuera necesario acordar la suspensión de este proceso penal, no constituiría un ejercicio razonable y proporcional de las prerrogativas parlamentarias”, resumía en su escrito
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