Denuncias ciudadanas determinaron sanciones a la ministra de Salud - El Nuevo Diario
Ha pasado más de un año desde que Graciela Martínez perdió a su único hermano. Una bala hirió en el tórax a Juan Carlos López Martínez, 27 años, y murió después que le negaron la atención de emergencia en el Hospital Primario Nilda Velásquez de Ciudad Sandino.
La tarde del 20 de abril de 2018, Juan Kayko, como era conocido popularmente en Ciudad Sandino, cerró su negocio comercial más temprano de lo acostumbrado, tomó una bandera azul y blanco, recogió dos piedras y se unió a los manifestantes antigubernamentales que eran reprimidos por fuerzas policiales en la entrada principal de la ciudad.
Avanzaba la noche, los enfrentamientos entre protestantes y policías se volvían más violentos y López recibió el balazo. Aún con vida, tres amigos lo trasladaron en una mototaxi al hospital más cercano, el Nilda Velásquez, pero allí el personal de salud y de seguridad les impidió ingresar. Después lo llevaron a la clínica previsional del Hospital Monte España y falleció en la sala de urgencias.
“Su muerte fue por negligencia médica, primero le disparan y me lo terminan matando con negarle la atención; él no logró sobrevivir porque llegó tarde al otro hospital”, afirma Graciela Martínez.
Nueve horas antes, en Managua el adolescente Álvaro Conrado, de 15 años, llegó al Hospital Cruz Azul con un balazo en el cuello y a pesar del grave estado que presentaba, el personal también le negó el ingreso al centro.
Quienes auxiliaban a Conrado decidieron trasladarlo al Hospital Bautista, donde los médicos lo atendieron con rapidez, pero a las horas falleció.
“El médico que atendió a mi hijo en el Hospital Bautista habló con nosotros y nos dijo que sí a él (Álvaro) lo hubiesen atendido en los primeros 15 minutos, lo hubiesen estabilizado y puesto sangre, él habría sobrevivido, porque él muere desangrado”, relata Álvaro Conrado Avendaño, el padre.
Un joven de 22 años, habitante del Distrito VI de Managua y a quien solo llamaremos José por petición de su familia, pudo ser atendido en un hospital público porque decenas de personas hicieron un escándalo en el portón. La noche del 21 de abril, el cuarto día de protestas antigubernamentales, patrullas de la Policía Nacional dispararon contra un grupo de manifestantes que quemaban llantas en la carretera Norte y una bala alcanzó a José. Entró debajo de la tetilla derecha y le perforó el pulmón.
Cuando lo llevaron al Hospital Alemán Nicaragüense, los médicos rehusaron atenderlo a él y otros protestantes heridos, asegura Andrea, la madre de José. Sin embargo, la presión de la gente indignada que acompañaba a los heridos obligó a los médicos a abrir la sala de emergencias.
“Como toda la gente estaba enfurecida, porque la policía había entrado al barrio a disparar y en el hospital no querían atender a los chavalos, los familiares de los demás heridos quebraron las ventanas, tiraban las sillas y solo así pudieron salir los médicos que estaban escondidos y atendieron a los muchachos”, recuerda Andrea.
Al amanecer del 22 de abril, de la decena de heridos que llegaron la noche anterior a ese hospital, solo dos habían sobrevivido, uno de ellos José, quien ahora se encuentra exiliado en México, cuenta Andrea.
Por ese tipo de casos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó el viernes 21 de junio de 2019 a la ministra nicaragüense de la Salud, Sonia Castro González, a quien también le aplicaron la ley estadounidense de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), mejor conocida como Nica Act.
La OFAC explicó que “el Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte, debido a la falta de atención médica”.
Además, “el personal de los hospitales (públicos) recibió órdenes de denunciar a los manifestantes permitiendo que los parapolicías los sacaran de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas”, y el Ministerio de Salud “amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos del personal médico que trató a los manifestantes”.
Otras muertes
El paramédico Chester Navarrete dice a El Nuevo Diario que una de sus experiencias más dolorosas, durante los conflictos en Masaya, fue atender en un puesto improvisado a dos personas heridas con balas de AK-47. Murieron porque no recibieron la atención especializada de un hospital.
“Fue en junio, cuando desmontaron los tranques en todo el país, no recuerdo exactamente el día, pero esa mañana la policía entró por la parte norte de Masaya. Yo estaba atendiendo en ese momento, cuando ocurrió un enfrentamiento en el parque central. Se me murieron dos personas”, recuerda.
El primero fue un hombre de 45 años, habitante del barrio Fox, quien recibió un disparo en el lado derecho de la cabeza. Navarrete le brindó los primeros auxilios, pero necesitaba una intervención quirúrgica.
“Esa persona estaba en estado de shock y no se dejaba atender, lo canalicé y lo vendé como pude, pero tenía una hemorragia fuerte y lo tuve que trasladar al Sermesa; fue difícil el traslado porque estaba plagado de policías y al final, en el hospital no nos dieron la atención”, afirma.
Servicios Médicos Especializados (Sermesa) es un hospital ligado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Mientras Navarrete preparaba el cuerpo del primer fallecido, la gente del barrio le llevó a un joven, de unos 24 años, con dos heridas de bala, una en un brazo y la otra en el costado derecho del abdomen.
“Los disparos eran de AK, yo puedo tratar el del brazo y comienzo administrarle suero vía intravenosa. Lo estuve tratando de salvar por más de una hora y media”, relata. “Le hice reanimación cardiopulmonar y utilicé todo lo que tenía a mano, pero no pude salvarlo porque todo el sector estaba plagado de policías y antimotines, y cuando intentamos ir al hospital nuevamente, empezaron a detonar disparos contra mi persona”.
El tiempo crítico
El doctor Francisco Javier Núñez, cirujano despedido del Hospital Antonio Lenín Fonseca por ayudar a los manifestantes antigubernamentales, considera que la falta de atención médica durante las protestas influyó para que las víctimas mortales subieran a 325, cifra comprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es bien difícil decir con exactitud a qué cantidad de heridos o lesionados durante la insurrección se les negó la atención dentro de los hospitales públicos, pero he sabido y es del conocimiento de toda la población que fue una orden que emanó directamente del Ministerio de Salud y que se bajó a las instituciones, llámense hospitales, centros de salud, puestos de salud, etc.”, dice Núñez.
Una misión de la CIDH, que estuvo en Nicaragua del 17 al 21 de mayo de 2018, recabó denuncias contra el Hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) desde el 2013 y los hospitales Antonio Lenín Fonseca, Alemán Nicaragüense, Manolo Morales, Roberto Calderón, Óscar Danilo Rosales Argüello, de León, y San Juan de Dios, de Estelí, todos adscritos al Ministerio de Salud.
Luego, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar los casos de violencia entre el 18 de abril y el 30 de mayo, registró otros casos de atención inadecuada a personas heridas en centros asistenciales del Estado.
Según los testimonios reunidos por el GIEI, la policía y grupos de choque afines al Gobierno obstaculizaban el ingreso de manifestantes heridos a los hospitales.
La CIDH reunió denuncias de más de 800 personas heridas durante las represión estatal a las protestas ciudadanas. El Gobierno, según la CIDH, tiene un registro de 1,337 personas heridas entre el 18 de abril y el 5 de junio de 2018.
“Es un entramado, donde en primer lugar hubo una orden de no atención; y en segundo lugar la barbarie que se cometió con estos manifestantes utilizando armas de guerra y tiros que iban directo a regiones vitales del cuerpo: cabeza, cuello, tórax y abdomen”, dice el doctor Núñez.
La “comisión de la verdad”
Los padres de Álvaro Conrado, la primera víctima mortal más joven de las protestas que iniciaron el 18 de abril de 2018, calculan que su hijo fue herido a eso de las 11:30 a.m., guiándose por la hora de los vídeos que circularon en las redes sociales.
El adolescente pasaba agua y bicarbonato a los estudiantes que protestaban en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a quienes los antimotines de la Policía Nacional les lanzaban gases lacrimógenos y les disparaban balas de goma y plomo.
“Álvaro cae en los predios de la UNI y los muchachos lo llevan a una covacha que esta frente a la catedral; ahí lo atendieron los paramédicos y ellos creen que solo es el disparo de la boca, pero cuando lo revisan bien, le quitan la pañoleta roja del cuello, se dan cuenta que le está saliendo sangre y que es grave”, relata su papá.
Lo llevan al Hospital Cruz Azul, donde le niegan la atención.
El Gobierno creó una Comisión de la Verdad que, sobre este caso, dijo que se trató de una inconsistencia entre la atención institucional generalizada y la respuesta individual de un miembro del personal del centro hospitalario y que esa respuesta individual se debió al temor del personal de seguridad de sufrir agresiones por las personas que llevaron al adolescente herido.
Sin embargo, la investigación del GIEI señala que en los registros audiovisuales puede verse que no es solo una persona del hospital la que niega la atención, sino otras personas que estaban dentro, ven lo que sucede y nadie hace el intento por abrir la puerta.
Los expertos internacionales independientes también hacen énfasis en su informe que en los registros audiovisuales tampoco se observa una situación de riesgo o de peligro para el guarda o las demás personas del hospital.
“A mí me llama un señor, del número (celular) de Álvaro faltando 15 minutos para las 12, ese viernes, y me dice que el dueño de ese teléfono está entrando grave al Hospital Bautista, que lo habían llevado primero al Cruz Azul, pero ahí no les abrieron la puerta”, recuerda el padre.
“Mi hijo tuvo el tiempo suficiente para salvarse, él iba hablando, cuando iba camino al hospital, él decía que no lo dejaran dormir porque él no quería morir, que él quería vivir. Hasta desbloqueó su teléfono para que nos llamaran”, dice Lisseth Dávila, la madre.
Los padres del adolescente llegaron al Hospital Bautista casi a la 1:00 p.m., pero no lograron verlo porque estaba en cirugía. “El señor que me llamó es un visitador médico, él venía saliendo del Cruz Azul cuando vio que las personas que llevaban a Álvaro pedían que les abrieran la puerta y como no lo hicieron, es ahí donde deciden llevarlo al Bautista porque estaban perdiendo el tiempo y el señor los acompañó”, narra Álvaro Conrado Avendaño.
Calculan que el adolescente se desangró durante más de media hora, mientras lo llevaban de un sitio a otro en busca de atención. A las 4:15 p.m., los médicos del Bautista informaron a la familia que había muerto.
“Vieras cómo corrían esos médicos, le pusieron tres litros de sangre, pero lamentablemente ya era muy tarde. El director médico del Bautista me dijo que Álvaro tuvo bastantes posibilidades de vivir, si lo hubieran atendido a tiempo”, dice la mamá.
Según el acta de defunción emitida por la dirección del Hospital Bautista, Álvaro Conrado Dávila falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego que le provocó lesiones en la tráquea-esófago-vascular y eso le generó shock hipovolémico persistente.
El doctor Francisco Núñez explica que la primera hora de un paciente gravemente herido por arma de fuego es vital, sobre todo, los primeros 30 minutos. Si es trasladado en tiempo y forma a un hospital que tenga la capacidad de resolver ese problema, ese lapso de tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
“El haberles negado la atención, el haberles cerrado las puertas retrasó el tiempo y eso es proporcional para que el paciente fallezca porque llega al otro hospital en extremo, o sea, en estado de shock irreversible”, explica el médico.
“En el caso de Alvarito, ya se había desangrado, un muchacho que había perdido toda su sangre; entonces, eso fue determinante… Podemos decir que si este paciente ha sido atendido en tiempo y forma, si no se le ha negado la atención, existía la posibilidad de salvarlo”, concluye.
Lisseth Dávila relata que el director médico del Bautista, quien recibió a su hijo y lo atendió de urgencia, le dijo: “Disculpe, le fallé a su hijo”. Se debió a que “cuando Álvaro llegó al hospital y el doctor lo agarró, él le dijo: ‘no me deje morir, yo quiero vivir doctor’. Por lo menos hicieron el intento, pero mi hijo llegó demasiado tarde”, lamenta la madre.
“No atendemos a nadie”
En Ciudad Sandino, las protestas iniciaron el 20 de abril poco después del mediodía, recuerda Graciela Martínez. Su hermano Juan Carlos cerró su negocio en el mercado municipal a las 2:00 p.m., fue a respaldar a los protestantes y al final de la tarde fue a la casa de su hermana. Cuando volvió a salir para dirigirse a su vivienda, recibió el balazo.
“Juan Carlos llegó a mi casa como a las 7:00 p.m., mi mamá y yo estábamos preocupadas porque los disparos se escuchaban fuertes y él no contestaba el teléfono; era porque lo había dejado en el tramo. Cuando lo vi, me sentí tranquila”, rememora la hermana.
Cenaron juntos y el esposo de Graciela le sugirió quedarse a dormir allí. “No se preocupen”, respondió él, “ya me voy a ir a encerrar a la casa”.
La primera muerte de ese día en Ciudad Sandino ocurrió cerca de las 6:40 p.m.. Un joven recibió un disparo en un ojo y murió de inmediato.
“Como a las 8:00 p.m. me llama una amiga y me dice que balearon a Juan Carlos. Yo no lo puedo creer porque acababa de salir de mi casa. En eso, otra llamada de una prima diciéndome que se lo habían llevado al hospitalito, grave. Llamé a su esposa para que fuera a ver, ella podía llegar más rápido porque sus hermanos tienen moto”, relata Graciela.
Cuando la esposa de Juan Carlos llegó al Hospital Primario Nilda Velásquez y preguntó por él, le informaron que no estaban atendiendo, que lo fuera a buscar al Hospital Antonio Lenín Fonseca. Fue y tampoco lo encontró porque él había sido trasladado al Monte España.
“Lo que me cuenta el amigo de mi hermano con el que estuvo temprano en las protestas, es que cuando Juan Carlos iba para su casa se encontraron otra vez y se quedaron platicando; de repente empezaron a escuchar balazos por la alcaldía y toda la gente empezó a correr hacia el lado de la Vuelta de la Uno”, prosigue Graciela.
En base a lo que le contaron varios testigos, ella asegura que quienes disparaban eran los guardas de seguridad de la alcaldía, miembros de la Juventud Sandinista y policías en motocicletas. Juan Carlos fue herido casi a las 8:00 p.m.
“Juan Carlos le dice al amigo: ‘me dieron’. Pero, el amigo pensó que era broma; mi hermano se levantó la camisa y cayó. Una pareja que iba en una mototaxi se detuvo y los llevó al hospitalito, intentaron entrar, pero el guarda de seguridad les cerró la puerta y les dijo que no estaban atendiendo a nadie. Cuando le explicaron que iba herido, el guarda les respondió que se lo llevaran al Lenín Fonseca e insistió en que no estaban atendiendo”, dice Graciela.
En el Hospital Monte España, ubicado frente a la Plaza Los Cabros de Ciudad Sandino, hicieron todo lo posible para salvar a Juan Carlos. Sin embargo, a las 8:42 pm lo declararon muerto.
“Si tal vez él hubiera llegado a tiempo, o lo hubieran atendido en el momento y no hubieran perdido todo el tiempo que pasaron rogándole a los del hospitalito, mi hermano en estos momentos estaría vivo. El médico que lo atendió, me explico que a él le dio un paro cardiorrespiratorio porque se ahogó en su propia sangre”, lamenta la hermana.
Asistencia improvisada
La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) recabó información de que en los hospitales públicos, el personal médico fue instruido por el Ministerio de Salud a negar atención médica a los ciudadanos que participaban en protestas o barricadas.
El informe de la misión de Oacnudh también recibió testimonios de personas heridas que evitaron ir a hospitales públicos, por temor a ser entregados a la Policía.
Andrea cuenta que José, su hijo, quedó lisiado. “Aparte de que estaba la mano de Dios y de que está vivo de milagro, mi hijo tenía sobrepeso y eso evitó que la bala perforará completamente su pulmón. Ahora, mi hijo quedó con impedimento y no puede desarrollarse y trabajar como antes”, lamenta.
El GIEI constató que algunos pacientes fueron dados de alta de forma prematura, a pesar del grave estado de salud que presentaban. De las denuncias de irregularidades médicas que recibió, algunas son contra el Hospital Antonio Lenín Fonseca, sobre todo del servicio de neurocirugía.
Por eso, los protestantes crearon puestos médicos en las barricadas y edificios tomados en distintas ciudades, con la ayuda de pobladores, estudiantes de medicina, socorristas, enfermeras y médicos.
El 19 de abril, el segundo día de protestas, médicos y estudiantes de Medicina empezaron a recolectar medicinas y materiales para curación. La gente acudió a donar a los puestos de la UNI, UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), UCA (Universidad Centroamericana) y la Catedral Metropolitana.
El 20 de abril, en la capital había 15 puestos de salud o centros de emergencia improvisados que atendían lesiones menores. Los casos más graves, por heridas de disparos de armas de fuego en sitios vitales del cuerpo (cabeza, cuello, tórax y abdomen), necesitaban intervenciones quirúrgicas.
En Masaya, el paramédico Chester Navarrete, de 25 años y estudiante de Contabilidad, se reúne el 20 de abril con algunos ciudadanos para formar el primer puesto médico en San Miguel, ante la falta de atención médica en los centros asistenciales públicos.
Navarrete era entonces miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos y su participación en las protestas consistía en curar heridos, lo que después le costó varios meses de cárcel. Lo detuvieron en noviembre de 2018 y la Fiscalía lo acusó por “terrorismo, portación de armas, secuestros simples, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos”, entre otros delitos. El 27 de mayo de 2019 fue excarcelado con el beneficio de convivencia domiciliar.
“Nos articulamos e hicimos el primer puesto de salud; ya el 21 (abril 2018) ese puesto médico estaba activado con suministros médicos y alimenticios; yo era el responsable”, relata.
Cada vez los ataques a los protestantes en Masaya, igual que en otras ciudades, eran más violentos, y Navarrete vio la necesidad de crear otros puestos médicos. “Formamos uno en el Fox y otro en San Carlos, siempre dando la atención médica. Los puestos estaban dentro del perímetro de barricadas, pero en casas de seguridad que nos facilitaba la misma población”, revela.
La CIDH informó que pudo corroborar denuncias sobre prácticas reiteradas de falta de atención médica, demorada, injustificada o atención inadecuada a pacientes, como represalias contra quienes participaban en las manifestaciones contra el Gobierno.
Así fue que surgieron los voluntarios en algunos hospitales privados del país, según el GIEI, que de manera gratuita comenzaron a recibir heridos en la represión a las protestas.
“Entre ellos estuvo el Hospital Vivian Pellas, el Bautista, el Salud Integral, que sí brindaron la atención que debe ser. Los médicos que estaban ahí, hicieron un esfuerzo para tratar de salvaguardar la vida de los heridos”, asegura Núñez.
Diagnósticos cambiados
Los padres de un bebé de 14 meses, muerto de un balazo mientras su papá lo llevaba en brazos en la calle la mañana del 23 de junio de 2018, denunciaron que las autoridades del Hospital Alemán Nicaragüense emitieron un acta en que atribuyen la muerte del menor a una “sospecha de suicidio”.
El niño recibió un disparo en la cabeza, cuando policías y civiles armados enmascarados (parapolicías) entraron a uno de los barrios del oriente de Managua en busca de protestantes.
La denuncia documentada fue entregada al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y en consecuencia, los padres del niño fueron amenazados y hostigados por simpatizantes del gobierno y parapolicías, obligándoles a irse al exilio 2 meses después.
El hijo de Andrea estuvo internado dos semanas en el Hospital Alemán Nicaragüense, y en los primeros días, cuando lo tenían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ella preguntó por su condición y uno de los médicos le dijo que José saldría pronto porque estaba recuperando bien de la herida con arma blanca.
“Cuando el doctor me dice eso, yo me asusto y le digo que no, que él lo que recibió fue un balazo, pero, por el mismo temor y para no tener problemas al momento en que le dieran de alta, así quedó; el epicrisis dice que ingresó al hospital por herida de arma blanca”, revela Andrea.
A Graciela Martínez le ocurrió algo similar, cuando fue a solicitar el acta de defunción de Juan Carlos. “A mi hermano, yo no lo pude ni velar tranquila en la casa por el mismo asedio de la policía. Al día siguiente lo llevamos a enterrar a Tipitapa, de donde somos originarios; no llevaba el acta de defunción, sin embargo, me dejaron sepultarlo”, relata.
El lunes 23 de abril de 2018, Graciela fue al Hospital Primario Nilda Velásquez para solicitar el acta de defunción, y en el área de estadística le entregaron una constancia indicando que la causa de la muerte de Juan Carlos fue natural.
“Yo les dije que necesitaba ese documento porque en el cementerio me lo estaban pidiendo; entonces, me dijeron que si quería el certificado tendría que ir a la Policía, que ellos me iban a extender un documento, que ya estaban al tanto”, cuenta Graciela.
“Cuando llego a la Policía, me dicen que relate los hechos, vuelvo a contar lo que estoy contando ahora, supuestamente ellos me están levantando mi declaración, pero me entregan una acta que dice todo lo contrario, que yo me lo llevé al Monte España por que quise, que no acepté que fuera llevado a medicina legal y en el hospitalito no le habían negado la atención”.
Al negarse Graciela a firmar la aceptación del documento, le dijeron que no le darían el acta de defunción y eso la obligó a aceptarla con una versión distinta a la realidad. “En el hospitalito, me ponen que Juan Carlos falleció por un paro cardiorrespiratorio y no por un disparo de arma de fuego”, se queja.
El GIEI obtuvo varios relatos de profesionales de la salud que aseguran que en los hospitales fue alterado el historial clínico de pacientes relacionados con las protestas y cambiaron hojas de defunciones. Familiares de fallecidos denunciaron que les obligaron a aceptar la descripción falsa, o no les daban el cadáver.
Les piden callar
Antes de la misa de 9 días de Álvaro Conrado Dávila, representantes del Ministerio Público llegaron a la casa de la familia y dejaron una citatoria a los padres.
“En ese momento, aproveché y puse la denuncia contra el Hospital Cruz Azul. En la Fiscalía me preguntaron si yo sabía quién le había disparado a mi hijo y les contesté que sí, que los únicos que andaban arma ese día eran los de la Policía, porque mi hijo fue el primer herido de ese día”, dice Lisseth Dávila.
“Me dijeron que tenía que tener suficientes pruebas para demostrar que la Policía había disparado; entonces, les dije que en su momento todo iba a salir a luz, porque la verdad está de nuestro lado, están los videos, no estamos inventando nada”, agrega.
La fiscal general de la República volvió a citar a los padres de Álvaro Conrado, días después, para pedirles que no hicieran más público el caso, que ellos iban a investigar hasta resolverlo.
“El mensaje fue que calláramos, pero hemos denunciado y seguiremos pidiendo justicia. Me mataron a mi hijo y tiene que haber un culpable”, insiste el padre.
Graciela Martínez también presentó una acusación contra la Policía y el hospital de Ciudad Sandino, y en respuesta la Fiscalía llegó con la policía a levantar un croquis de cómo habían disparado a Juan Carlos.
“Eso fue una burla, un circo, porque ellos mismos fueron quienes le dispararon a mi hermano. Desde entonces no han hecho nada. De todos modos, sabemos que entre ellos mismos no se van a acusar; mientras este gobierno siga aquí, esos crímenes van a quedar en la impunidad”, comenta Graciela.
Andrea, la madre de José, prefirió callar por temor a represalias. “No pusimos denuncias porque al final la Policía no va a solucionar nada y nos íbamos a acarrear más problemas. Más que todo, lo único que yo quiero es la seguridad de mi hijo, por eso callé”, admite.
Piensa un poco y expresa: “Solo pondré alguna denuncia el día que ese hombre (Daniel Ortega) salga del poder y venga alguien que realmente vaya a hacer justicia, pero mientras no”.
En los casos de Álvaro Conrado y Juan Carlos López, la Fiscalía pidió a las familias que presentaran testigos de cómo murieron, y estos se mostraron dispuestos a declarar, aunque pronto tuvieron que irse al exilio debido a las amenazas de gente afín al Gobierno.
El único testigo de la muerte de Juan Kayko, lleva más de 9 meses de estar exiliado en Costa Rica. “Él se presentó a la entrevista, a declarar, y después de eso empezó a ser hostigado y amenazado, tuvo que dejar a su familia por decir la verdad de lo que vio”, afirma Graciela.
“La misma Fiscalía se encargó de citar a todas las personas que auxiliaron a Álvaro, al visitador médico también; ahora, todos se encuentran en el exilio. Los hostigaron tanto que tuvieron que salir del país porque eran testigos claves de lo que pasó y de que el Hospital Cruz Azul haya negado la atención”, dice el papá del joven Conrado.
En su informe final, el GIEI recomienda que si estos hechos ocurrieron por alguna orden emanada del Ministerio de Salud, por impulsos de sectores afines al Gobierno dentro del sistema de salud o por el sindicato oficialista (Fetsalud) que maneja gran parte de los recursos de los hospitales, o si respondió al clima de persecución que se instaló en el país contra los manifestantes, es algo que debe ser investigado.