Acuerdo institucional: Otro intento que no resuelve la crisis de legitimidad

Son 26 las medidas del "acuerdo nacional para reformar las instituciones". Las propuestas abarcan cambios tanto al Poder Legislativo como al Judicial e incluyen al Tribunal Constitucional y Ministerio Público. Si bien, existe un consenso en la necesidad de éstos cambios, hay temas de fondo que no están incluidos y que, según diversos actores, son fundamentales para enfrentar la crisis de confianza en las instituciones.

Cinco años han pasado  desde que explotó el caso Penta y SQM que develaron una práctica común y transversal para financiar ilegalmente la política. Ambos hechos, sumado al caso Corpesca y las situaciones de fraude en el Ejército y Carabineros terminaron por socavar la alicaída confianza en las instituciones.

De ahí que la ex presidenta Michelle Bachelet impulsara una agenda de probidad y transparencia de la cual varios proyectos fueron aprobados rápidamente. Sin embargo, según lo han expuesto varios sondeos de opinión, dichos cambios no han contribuido a superar significativamente dicha crisis.

En ese marco, el presidente Sebastián Piñera anunció un “acuerdo nacional para reformar las instituciones” el que estaría a cargo del ministro del Interior Andrés Chadwick.

Es así como desde principios de junio, la autoridad se ha reunido con representantes de diferentes entidades y fuerzas políticas con quienes ha socializado una minuta con una serie de cambios que, según señaló este martes el propio Mandatario, se transformará en varios proyectos de ley que el Gobierno enviará próximamente al Parlamento.

Se trata de al menos 26 modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Si bien la idea de llevar a cabo una reforma a las instituciones ha tenido buena acogida por parte de todos los sectores, en el detalle han surgido varias diferencias respecto de la importancia y profundidad de los cambios propuestos por el Ejecutivo.

El presidente del PC, Guillermo Teillier quien se reunió con el ministro Chadwick esta semana, apuntó a la necesidad de introducir reformas importantes al TC; la posibilidad de que los parlamentarios tengan mayores potestades en materia presupuestaria y la rebaja de las dietas de diputados y senadores como materias prioritarias.

Aunque el legislador ve poco probable un consenso en esta materia, sí valoró que, en lugar de llamar a una mesa de trabajo, se acuda al Congreso como lugar de diálogo y debate de estas reformas.

Misma visión expresó el diputado Jaime Mulet quien también participó de la cita con el jefe de gabinete. En conversación con este medio, el diputado regionalista destacó que hay varios tópicos en los cuales se puede llegar a acuerdo, los que revisten especial relevancia debido a conflictos y escándalos conocidos durante el último tiempo.

“Me parece bien revisar el sistema de nombramiento de los jueces, creemos que hay un problema evidente, que hay problemas evidentes en el Ministerio Público. Está el tema de la Controlaría en donde también hay complicaciones, el Consejo de Defensa del Estado con consejeros vitalicios. Entonces nosotros estamos dispuestos a avanzar el algunas cosas, las que democraticen, las que pongan límites al Tribunal Constitucional”.

Para el director de Espacio Público, Luis Cordero, las reformas planteadas por el Gobierno, dicen relación con “cuestiones estructurales en la distribución del poder”. En ese sentido, en entrevista radial, el académico advirtió que éstas modificaciones suponen una nueva relación entre los poderes del Estado, especialmente entre el Ejecutivo y Legislativo.

“El Gobierno anuncia incluso modificaciones sobre la tramitación legislativa, el tema de las urgencias, etcétera. Es un tema muy delicado en las relaciones que tiene el presidente de la República con el Congreso. De hecho es una disputa que es el corazón de buena parte del protagonismo en la tramitación legislativa entre el Congreso y el presidencialismo que tenemos en todas las administraciones”,

Reunión entre Convergencia Social y el ministro del Interior Andrés Chadwick para abordar reforma a las instituciones.

También han entregado sus propuestas representantes del oficialismo y del Frente Amplio. En relación a estos últimos, dirigentes de Comunes y Convergencia Social plantearon al Gobierno la necesidad de impulsar reformas en donde la participación ciudadana sea incidente.

Entre algunas de las medidas propuestas están la existencia de un Congreso Unicameral, la extensión del mandato presidencial con gestión revocatoria y una Iniciativa Popular de Ley.

Institucional versus constitucional

Poco después de asumir en la testera del Senado, Jaime Quintana intentó reabrir el debate por una nueva constitución. El tema fue tomando fuerza en algunos sectores de la oposición, quienes incluso plantearon que esta demanda podría unir al sector.

Sin embargo, pocos meses después, el ministro del Interior echó por tierra esas aspiraciones y en cambio, planteó un conjunto de medidas para una reforma institucional.

Para el abogado y experto constitucionalista, Fernando Atria con este tipo de anuncios, al igual que en ocasiones anteriores, se elude el tema de fondo que dice relación con las verdaderas causas de la crisis de legitimidad en el sistema político y las instituciones.

“A mi me causa gracia que la cuestión sea institucional y no constitucional. Ya hemos visto esto muchas veces. Lo vimos cuando se dictó una legislación sobre el financiamiento de campañas y tres años después se mostró totalmente ineficaz. Lo mismo cuando se dictó el voto voluntario cuando se pensó que se iba a aumentar la legitimidad de la representación política y produjo un efecto exactamente contrario”.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile agregó que “esto simplemente va a ser un caso mas de un esfuerzo por hacer reformas que intenten detener el proceso de creciente des legitimación institucional en el cual estamos, pero como no pueden atacar el fondo del problema -porque la derecha no puede- que es la Constitución, van a seguir dando palos de ciego y van a seguir diciendo que hacen algo que soluciona y poco tiempo después nos encontraremos no sólo con que no solucionó sino que agravó el problema”.

Desde esa perspectiva Atria enfatizó que “la des legitimación no es una cosa que cae del cielo, es consecuencia de una Constitución que neutraliza la política. Si uno piensa en los últimos treinta años qué transformaciones profundas han sido capaces de llevar adelante por la política con eficacia y salvo la Reforma Procesal Penal a mi no se me ocurre ninguna. Entonces el ciudadano observa una política que es incapaz de enfrentar con decisión y eficacia sus problemas y por el contrario enfrenta los problemas que le preocupan al poder económico y yo diría que ahí está el fondo de la des legitimación que es lo que define a la Constitución de 1980″.