El heredero del aeropuerto de La Habana demanda a varias compañías españolas

El 4 de julio, José Ramón López tomó un vuelo de Madrid a Miami con Iberia, la aerolínea a la que se dispone a demandar por tráfico con propiedades confiscadas en Cuba. A sus 65 años, el hijo de quien fue dueño del aeropuerto de La Habana antes de la revolución de 1959 se ha mudado a Estados Unidos para reclamar lo que considera su derecho legítimo a una indemnización, aprovechando que el presidente Donald Trump permitió en mayo la entrada en vigor de la totalidad de la ley que regula el embargo sobre el régimen cubano, conocida como Helms-Burton. «Todas esas empresas van a tener que reconocer al final que las propiedades de las que se benefician son legalmente nuestras», explica a ABC López. Como ciudadano español, además de cubano y estadounidense, López se siente profundamente decepcionado con cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado esta crisis, ya que ha amenazado a EE.UU. con llevarle a la Organización Mundial de Comercio por el endurecimiento del embargo. Durante la revolución, Fidel Castro y sus seguidores confiscaron la mayoría de la propiedad privada de la isla, incluido el aeropuerto Rancho Boyeros de La Habana -hoy José Martí- y la aerolínea nacional, ambos propiedad de José López Vilaboy, empresario con lazos estrechos con Fulgencio Batista, depuesto por los comunistas. Los medios de la propaganda oficial, como «Granma», han ninguneado las peticiones de López porque, según afirman, «su padre fue uno de los testaferros más allegados del dictador Batista». «Tiene derecho legítimo» Sin embargo, para el asesor legal Nicolás J. Gutiérrez, que asiste a varias familias de EE.UU. en múltiples demandas por el embargo, esas críticas son meramente de índole política, ya que «no hay duda de que el señor López es hijo del dueño del aeropuerto cuando fue confiscado y según la ley tiene el derecho legítimo a interponer una demanda contra las empresas que obtienen beneficios económicos por explotar propiedades que antes de la revolución en Cuba eran privadas». López, que ha contratado a varios abogados, estudia demandas contra la empresa francesa Aéroports de Paris, que gestiona el aeropuerto internacional José Martí, y contra las principales aerolíneas que operan vuelos comerciales con origen y destino La Habana, entre ellas tanto Iberia como Air Europa. También pretende demandar a Meliá y otras hoteleras españolas por explotar hoteles confiscados a su padre en 1959, como el Jagua, en la bahía de Cienfuegos. Contactados por ABC, los portavoces de las aerolíneas afectadas no han querido valorar las posibles demandas. Fuentes de Globalia, matriz de Air Europa, sí mantienen que no creen que las demandas prosperen porque la empresa no posee propiedad alguna en Cuba. Es la misma respuesta que han ofrecido en el pasado otras compañías ya demandadas, como Meliá, que defienden ser meros operadores. Según cree John S. Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, «ese argumento de que no tener propiedades en Cuba exime de responsabilidad no es válido porque la ley, tal y como ha entrado en vigor en mayo, establece que pueden ser demandados quienes obtengan beneficio por la explotación de bienes confiscados. Esas aerolíneas utilizan el aeropuerto de La Habana y por lo tanto pueden ser demandadas». En marcha 18 reclamaciones Kavulich, que tiene amplia experiencia en Washington y ha viajado a España tres veces desde enero para asesorar a empresas y autoridades españolas sobre el impacto de la entrada en vigor de la ley del embargo, cree que si estas demandas prosperan, quienes más pueden verse afectadas son las empresas con propiedades o intereses en EE.UU., como Meliá, con hoteles en Orlando y Nueva York, o Iberia, cuyos aviones operan en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Boston. Desde que Trump dejó que entrara en vigor la totalidad de la ley del embargo cubano, que estaba parcialmente suspendida desde su aprobación en 1996, se están preparando 18 demandas en juzgados norteamericanos, según un inventario que lleva Kavulich. Paralelamente, la familia Sánchez-Hill, afincada en EE.UU., denunció a Meliá en un juzgado de Palma de Mallorca el 14 de junio, alegando que la jurisprudencia española también prohíbe el usufructo con propiedades confiscadas. Esta última demanda es, según los abogados y asesores que llevan estos casos en EE.UU., la más relevante porque si Meliá acepta una indemnización extrajudicial y las otras empresas la imitan, las familias pueden ahorrarse unos litigios que se prevén largos. «Por supuesto que estamos dispuestos a hablar de indemnizaciones, lo hemos estado hace mucho tiempo», dice López. Sin embargo, estas familias de origen cubano no tienen prisa porque, como dice Gutiérrez, asesor legal de la mayoría de ellas, «mientras esté Trump en la Casa Blanca sabemos que estamos cubiertos y esto no va a cambiar».