Más de la mitad de las empresas de comedor han sido sancionadas este curso
La Consejería de Educación abrió este curso que acaba de terminar 47 expedientes a 15 de las 21 empresas que prestan el servicio de comedor escolar en Andalucía, de las cuales una docena resultaron sancionadas, más de la mitad de las concesionarias, destacando dos especialmente reincidentes al acumular cinco y cuatro expedientes cada una. El nuevo pliego de condiciones para la contratación de estos servicios aprobado por la Junta impide renovar el contrato a empresas expedientadas.
El volumen total de las multas impuestas a estas doce empresas ascendió a 125.231,73 euros, ya que las sanciones oscilan entre los 225 y los 36.000, según los datos facilitados por la consejería, que destaca que el «control» existente y la exigencia del mismo al sancionar el «menor incumplimiento».
Estas multas corresponden a 26 de los 47 expedientes abiertos que ya tienen una resolución definitiva, mientras que otros once están en estudio y diez fueron anulados al haberse aceptado las alegaciones de los proveedores.
De los 26 expedientes resueltos con sanciones, en 22 casos las empresas incumplieron aspectos relacionados con el personal con el que deben contar, ya que se exige que tengan al menos un monitor por cada 15 comensales en el segundo ciclo Infantil, uno por cada 25 en Primaria y uno por cada 35 en Secundaria.
Los otros cuatro fueron por problemas con los menús servidos (calidad, condiciones de conservación...) que pese a ser la principal queja de los padres –y recientemente objeto de un programa de televisión del conocido chef Alberto Chicote–, a tenor de las escasas sanciones por este motivo resulta minoritario, teniendo en cuenta que en los colegios andaluces comen a diario 193.000 alumnos y en un curso se sirven más de 21,5 millones de menús.
No obstante, el nuevo pliego de condiciones aprobado por el actual Gobierno para la adjudicación del servicio por los dos próximos cursos en 364 centros (por un importe total de 33,83 millones), hace hincapié en este aspecto. No sólo reproduce las obligación de incluir diariamente verdura y fruta fresca, usar aceite de oliva virgen extra, ofrecer más proporción de pescado que de carne y limitar los precocinados y fritos, si no que incluye un programa de seguimiento y rechazo de menús con objeto de identificar qué platos no son aceptados por el alumnado e intentar detectar las causas (temperatura, presentación, textura, receta...) para corregirlas.
Una de las medidas introducidas por el nuevo consejero de Educación, Javier Imbroda, es primar a las empresas locales que tienen las cocinas donde elaboran los menús cerca de los centros donde aspiran a gestionar el comedor escolar, con el fin de reducir el tiempo de transporte y el recurso a la llamada línea fría. Este criterio dará hasta 30 puntos (sobre cien) frente a los diez actuales. También se pretende favorecer a las pymes, al ofertar más lotes de un solo centro (el 43% de los cien de este primer contrato) para que la solvencia económica y técnica no suponga una barrera de entrada para la participación de este tipo de empresas. Tradicionalmente, el servicio de comedor se ha concentrado en unas pocas empresas de gran tamaño, como muestra que apenas dos docenas de sociedades se repartan 1.300 comedores escolares (otros 600 son gestionados directamente por la consejería), ya que al ofertarse lotes de varios centros sólo este tipo de empresa pueden asumir encargarse de muchos comedores. También se exigirá a las empresas adjudicatarias que en los tiempos de ocio anteriores o posteriores a la comida desarrollen actividades lúdicas y de divulgación con el alumnado sobre la importancia de la alimentación saludable y la actividad física contra la obesidad infantil.