Los ayuntamientos redujeron su superávit al menor nivel en ocho años

Las elecciones suelen actuar como efecto disuasorio para la reducción del déficit en las administraciones y los últimos meses han mostrado que este fenómeno también ha salpicado a los ayuntamientos, que celebraron elecciones a finales de mayo. El superávit de las corporaciones locales se redujo en los tres primeros meses del año a 119 millones de euros, un 0,01% del PIB, su menor nivel desde 2011. En dicho año, precisamente, también se celebraron elecciones municipales aunque entonces la economía estaba en peor estado que en este ejercicio y España acabó en recesión. Frente al año pasado el colchón de los ayuntamientos se redujo, así, cuatro veces frente al primer trimestre de 2018, cuando sumó 532 millones de euros (un 0,03% del PIB). La razón de este empeoramiento acelerado de la situación saneada de las corporaciones locales recae en el gasto: el desembolso local se disparó un 6,4% en los tres primeros meses del año, hasta los 16.751 millones de euros, su mayor nivel desde 2010, cuando entró la segunda fase del Plan E, con 5.000 millones de euros que el Estado puso a disposición de las corporaciones locales. Precisamente, el ritmo de aumento del gasto, del 6,4%, ha sido el mayor desde 2009, cuando irrumpió la primera fase del Plan E con 8.000 millones de estímulo para proyectos locales del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La anterior vez que los ayuntamientos arrancaron el año en peor situación que la actual fue en 2011 y también hubo comicios A la cercanía de las elecciones se le sumó otro factor que explica que las corporaciones locales hundieran su superávit en los primeros compases del año. La relajación de la regla de gasto, el corsé que impide que los ayuntamientos aumenten su gasto por encima de una tasa ligada al crecimiento potencial de la economía, ha irrumpido también sobre sus planes preelectorales. Precisamente, tanto Madrid como Barcelona, los dos principales consistorios del país dirigidos entonces por Manuela Carmena y Ada Colau respectivamente, son sospechosos de haber descuidado el cumplimiento de la regla de gasto, como han venido recogiendo los informes de la Autoridad Fiscal los últimos años. Máxime cuando el consistorio de Carmena escapó del control de Hacienda a meses de las elecciones al cumplir en 2018 los objetivos de estabilidad. Catálogo de gastos mayor Ya en 2018 el Gobierno aprobó por decreto -y después en los Presupuestos- la ampliación del catálogo de gastos que podían ser considerados como inversiones financieramente sostenibles. Estos desembolsos quedan fuera del perímetro de límite de la regla de gasto, por lo que los consistorios pueden gastar en estos proyectos que teóricamente deben ser financieramente sostenibles y tener una vida útil de más de cinco años. Bajo este paraguas, realmente, se incluyen obras de alumbrado, jardinería, escuelas infantiles y hasta planes de empleo. Este gasto no computa en la regla de gasto a los ayuntamientos que tienen superávit, por lo que Hacienda no puede obligarles a dedicarlo a reducir deuda, como recoge la Ley de Estabilidad. Esta mayor manga ancha, aprobada por el anterior Ministerio de Hacienda en 2018 y prorrogada a finales de marzo por el actual equipo de María Jesús Montero, permitió a los consistorios saltar el control de Hacienda y gastar con mayor libertad. En el aumento del desembolso influyó la relajación de los controles aprobada el año pasado Sin embargo, este incremento del gasto se traduce en que Hacienda puede acabar con un menor colchón para compensar el déficit de otras administraciones como la Seguridad Social, el Estado y las comunidades autónomas. En la notificación de déficit y deuda remitida a Bruselas a finales de marzo, el Gobierno preveía que las corporaciones locales cosecharan un excedente de 6.271 millones de euros (un 0,5% del PIB), similar a los 6.292 millones del año pasado. Todo ello teniendo en cuenta que el Estado engordó su déficit en 1.089 millones frente a mayo del año pasado durante los cinco primeros meses de 2019, hasta los 15.202 millones (un 1,21% del PIB frente al 1,17% del año pasado), debido al aumento de los sueldos públicos y de las pensiones aprobado por decreto desde el 1 de enero. El Gobierno espera que el superávit de los ayuntamientos compense que la Seguridad Social volverá a aumentar su déficit al 1,4% del PIB, mientras que el Estado tendrá un 1% de agujero y las comunidades autónomas un 0,1%; el desequilibrio total sería del 2% del PIB. Tanto en el caso del Gobierno central como de las regiones, ya han superado su objetivo para todo el año en los primeros meses. Porque a ello se le sumó que, hasta abril, las comunidades autónomas elevaron su agujero en 431 millones, hasta los 2.425 millones, todo un aumento del 21%, hasta el 0,19% del PIB. Las regiones también se contagiaron de la cercanía electoral: siete dispararon su déficit en los cuatro primeros meses del año y todas ellas celebraron elecciones este ejercicio: Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia. El gasto aumentó un 5,4% en su caso: ni Gobierno, ni regiones, ni Estado controlaron su situación ante la inminencia de las elecciones. Fuentes de Hacienda apuntan que, al llevar tan pocos meses, el dato de déficit y de superávit «no es significativo». La Autoridad Fiscal espera que las corporaciones locales mantengan un superávit «similar» al 0,5% del PIB, dando por hecho que al aprobar el Gobierno el decreto para prorrogar la suavización de la regla de gasto a finales de marzo no habría dado tiempo a que tuviera un impacto reseñable. La contención de los ayuntamientos se interrumpe tras años de ejemplo.