Madrid y Murcia, antes de la investidura de Sánchez
El Pleno de investidura de Pedro Sánchez parece que puede ayudar a desengrasar el bloqueo en Madrid y en Murcia. El PP está dando un empujón a las negociaciones para que queden resueltas esta próxima semana, antes de que Sánchez someta a la primera votación del Congreso su candidatura a la Presidencia del Gobierno. No quieren interferencias: «Atodos nos conviene resolverlo antes del Pleno de investidura de Sánchez para que pase lo que pase ahí, no nos desequilibre la negociación autonómica». Si crece el riesgo de repetición electoral a nivel nacional, la dirección de Ciudadanos (Cs) podría valorar si le conviene dar un paso atrás en los pactos que incluyen al partido de Santiago Abascal en las comunidades autónomas, y esto dejaría sin efecto el acuerdo de programa y de reparto de poder negociado ya a nivel regional por PP y Cs tanto en Madrid como en Murcia.
Los hechos ya han demostrado que Vox puede hacer saltar las previsiones y las bases de los acuerdos en cualquier momento. Lo hizo en Murcia, cuando ya estaba atado el pacto para la investidura en primera votación de Fernando López Miras (PP), y lo mismo podría suceder de nuevo en Madrid. Pero conforme han ido «rodando» las conversaciones en los últimos días, en el caso de la Comunidad madrileña lo lógico es que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Cs), decida de la nueva ronda de consultas que pueda haber nuevo Pleno de investidura el jueves o el viernes.
El bloqueo de los gobiernos de Madrid y de Murcia condiciona la estrategia nacional del PP. Pablo Casado congeló sus nombramientos en el Grupo Popular en el Congreso y en el Senado hasta que se despejase la incógnita de los pactos postelectorales. Y Génova también tiene por delante definir el calendario de su proceso congresual regional y provincial, la última puesta a punto del partido para terminar de ajustarlo a la nueva etapa que el PP abrió con la renovación de su liderazgo. Es decir, el reparto de fuerzas territoriales, y si Casado consigue, como se espera, mantener Murcia y Madrid, medirá el alcance de la última fase de renovación que el presidente del PP quiere implementar en su formación.
Si las cosas salen como prevén en Génova, la negociación postelectoral les habrá ido mucho mejor que las elecciones. Ventaja que se apuntan a cambio de los errores del contrario. Los giros de Vox han trasladado imagen de incoherencia, y Ciudadanos no ha sido capaz de ocultar la contradicción de renegar de quienes son sus socios imprescindibles para que estén en gobiernos autonómicos y municipales y para que se repartan cargos con el PP.
En el pulso autonómico el líder popular se juega otro pulso nacional muy relevante en clave estricta de partido. El PP tiene pendiente de designar a sus portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Un retraso en los nombramientos bastante excepcional, y que se interpreta que responde al hecho de que Casado quiso esperar a poder utilizar la negociación de los pactos postelectorales para recuperar el poder que no consiguió en las urnas, poner sordina de esta manera a las mismas, y ganar fuerza para imponer sus decisiones sin que los «barones» y otros dirigentes territoriales puedan discutírselas.
En el punto de mira está el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo, número uno por Barcelona, colaboradora de FAES y del ex presidente José María Aznar. Los resultados de las elecciones generales en Barcelona no fueron buenos, y sin que Casado haya dicho hasta ahora nada oficialmente, en el PP se ha abierto un pulso soterrado contra su posible nombramiento por parte de Génova como portavoz en la Cámara Baja. Esta designación, como la portavocía en el Senado, deberían pasar por el trámite de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre Congresos.
En Génova saben que Álvarez de Toledo tiene una importante contestación interna por su perfil «duro», y alejado de ese «centro» que abanderan referentes del PP como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Pero también porque ya fue diputada y ocupó responsabilidades en Génova, como jefa de Gabinete de Ángel Acebes en la etapa de Rajoy. Y ya entonces su carácter le generó bastantes enemistades. Que fueron a más con sus ataques públicos a Rajoy o sus guiños a Ciudadanos. Pero, aun así, hay quien dentro de Génova entiende que es la mejor opción para dar la réplica cada día a Inés Arrimadas (Cs) en el Congreso.
En cuestión está también el futuro de Ignacio Cosidó como portavoz en el Senado. Cosidó apoyó la candidatura de Casado y está en el equipo de leales al nuevo líder popular. Le pesa el «caso Kitchen», la utilización de la Policía para desactivar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y favorecer así al Gobierno de Rajoy, pero él siempre ha sostenido en público, y en las conversaciones privadas con Casado, que pese a ser entonces director de la Policía Nacional, no tuvo nada que ver con aquello porque las decisiones pasaban por otra persona del grupo de confianza del ministro del Interior.
Las informaciones han señalado a quien fuera el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En cualquier caso, sólo el estar en el equipo de Interior manchado por este escándalo ya es justificación para que haya quien dentro del PP cede a la campaña de presión mediática para cobrarse su cabeza. De momento sigue en funciones, a la espera de que Pablo Casado haga pública su decisión respecto a estos dos puestos tan relevantes. Con el Parlamento sin actividad al seguir el Gobierno en funciones, es posible que, aunque se desbloqueen las investiduras de Madrid y Murcia el líder popular se guarde estas «cartas» hasta el próximo mes de septiembre.
Las claves
► El bloqueo de los gobiernos de Murcia y Madrid condiciona la estrategia nacional del PP, que tiene pendiente de designar a sus portavoces en Congreso y Senado.
► En el punto de mira está el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo. Su designación en la Cámara Baja está en el aire.
► EN cuestión también está el futuro de Ignacio Cosidó como portavoz en la Cámara Alta. Las informaciones han señalado además a quien fuera el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. La decisión puede llegar en septiembre.