El 73,5% de los menores inmigrantes escapan del sistema de protección
La llegada de menores extranjeros no acompañados (Menas) a Andalucía se ha incrementado exponencialmente en los últimos dos años hasta llegar a duplicarse en 2018, y es actualmente objeto de debate político e incluso formó parte de la agenda del reciente viaje del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Marruecos, dado que casi el 70% son marroquíes. La ley obliga a las administraciones públicas a proteger a todo menor en situación de desamparo –llegar solo en patera a un país extranjero lo es–, una obligación legal que defiende la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, frente a las exigencias de Vox para devolver a estos niños a sus países. Eso sólo es posible si se localiza a su familia (lo cual depende de la colaboración de los países de origen) y se comprueba que con ellos están garantizados sus derechos (tampoco es fácil, pues por algo migran). Pero lo cierto es que el sistema de protección no responde a las necesidades de estos menores, y así lo ha alertado el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. La prueba es que el 73,5% abandona los centros de acogida y se pierde su pista (cinco mil de las 6.853 bajas registradas el año pasado). Muchos vienen con un proyecto migratorio que pasa por ir junto a familiares que les precedieron (en nuestro país u otros de la UE) o buscarse la vida para su subsistencia y, con frecuencia, la de los parientes que dejaron atrás, que ponen en ellos su esperanza. Pero fuera del control del sistema de protección, las mafias «hacen su trabajo», alerta Maeztu.
El año pasado llegaron a los centros andaluces 7.793 menores, si bien el total de atendidos asciende a 9.149 (bien menores que ya estaban de otros años o que entran y salen de unos centros y otros y son contabilizados varias veces en el sistema). A final de año, sólo permanecían en los centros 2.290. Del resto, 24 fueron retornados con sus familias en sus países de origen (0,3%), un 3,5% fueron reunificados con parientes en España, un 13,4% salió del sistema al cumplir la mayoría de edad, un 0,5% fue trasladado a centros de reforma por haber cometido algún delito y un 8,7% se desconoce el motivo. El resto, casi las tres cuartas partes del total, simplemente salió de los centros de acogida y no volvió, sin que ninguna autoridad pública sepa qué ha sido de ellos. Tanto el Defensor del Pueblo como Unicef y Save the Children alertan del «riesgo» que supone perder la pista a estos menores que se convierten en carne de cañón de abusos, problemas de drogadicción e incluso redes de explotación sexual. Para Maeztu, el sistema de protección andaluz no responde a las necesidades específicas de estos niños y dado que son mayoría en el mismo y la llegada de menores no tiene visos de reducirse, conviene adaptarlo. En los primeros cuatro meses de este año han entrado 1.257 y la previsión de la Junta es que se intensifiquen las llegadas en verano, por lo que ha ampliado en 1.200 las plazas en centros.
El sistema apenas les garantiza alimentación y techo (en momentos de picos, con problemas de hacinamiento y en alojamientos improvisados que acaban manteniéndose en el tiempo). Pero Maeztu pone como ejemplo su escolarización, que una vez determinada su edad (un trámite esencial no exento de problemas), se realiza en el centro y curso correspondiente según ésta sin que muchos sepan siquiera el idioma, lo que dificulta su integración si no reciben apoyo. No sólo no cuentan con profesionales que les ayuden a aprender la lengua para poder seguir las clases sino que hay centros de protección donde no hay personal que hable francés o árabe o hay uno para varios centros que acude unas horas a la semana.
Sin olvidar que más de la mitad vienen al borde de la mayoría de edad (el 23,1% con 16 años y el 37,2% con 17) y una vez cumplidos los 18 deben dejar el sistema de protección. A este respecto, una de las principales denuncias del Defensor alude a las «importantes disfunciones» en la regulación de su situación legal y a la falta de acompañamiento cuando salen de los centros de acogida. La tramitación de su documentación se retrasa y sin ella ni tienen derecho a solicitar ayudas ni pueden optar a un contrato de trabajo. Maeztu aboga porque el sistema de protección no se limite a darles techo, comida y enviarles a clases que apenas pueden seguir para cumplir con la obligación de escolarizarlos sino a ofrecerles un acompañamiento de apoyo, incluido atención psicológica dado lo que muchos de ellos «han vivido», agilizar su documentación, ofertar módulos de empleo y que sean beneficiarios de la renta mínima de inserción al cumplir los 18 para que puedan «alquilar un piso y buscar trabajo». Recuerda que con la actual situación demográfica «los necesitamos» y la inversión en su acogida tendría un retorno ya que «se quedarían aquí a vivir y trabajar». En este sentido, la consejera de Igualdad ya ha anunciado la puesta en marcha de itinerarios de inserción sociolaboral. El objetivo es que vean en el sistema de protección una vía de futuro y no una cortapisa a su proyecto migratorio que los lleve a fugarse y convertirse en «niños de calle», aunque ello contrasta con las voces que abogan por su devolución lo más rápido posible o que azuzan el miedo de los vecinos a tener en su barrio centros de acogida al identificarlos con problemas y delincuencia.