El ahorro no justifica la discrecionalidad
Recientemente se expidió la Ley de Austeridad Republicana y se adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estas modificaciones son la más reciente reforma impulsada desde el ejecutivo y forma parte de las insignias discursivas con las que se mueve la llamada cuarta transformación.
Todos recordamos que estas dos palabras “austeridad republicana” fueron parte de la campaña presidencial de AMLO en 2018, y que sigue repitiendo en diferentes ocasiones ya como presidente de México. Con esta etiqueta ha promovido acciones como el recorte presupuestal a programas federales, el despido de funcionarios, la reducción en su sueldo, entre otras. Esta reforma parece reunir los múltiples compromisos y anuncios hechos por el presidente.
Por ello, más que ser un cuerpo ordenado y coherente de disposiciones, parece ser una serie de designios encaminados a dar una señal política que marque un cambio o diferencia con la forma de llevar el gobierno de administraciones pasadas. En términos generales, lo que establece esta nueva reforma son disposiciones para que, en el ejercicio que hace el Poder Ejecutivo, existan medidas que permitan hacer más eficiente el gasto y se procure un ahorro en el dinero del que disponen.
Así, por ejemplo, se ponen límites a los sueldos y prestaciones de funcionarios públicos, se limitan viáticos para viajes y comisiones; se desaparecen los servicios médicos privados y otro tipo de prestaciones como los seguros de separación para los funcionarios federales, entre otros. También propone la creación de un Comité de Evaluación que dará seguimiento a las políticas y medidas de austeridad en todos los poderes del Estado, entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y órganos constitucionales autónomos. Y en caso de violación de estas disposiciones, promoverá las sanciones correspondientes.
Los lineamientos de esta nueva Ley establecen que el ahorro no puede afectar los derechos sociales de los mexicanos. Por el contrario, las medidas de austeridad deben de enfocarse preferentemente en el gasto corriente no prioritario. Es decir, en gastos de operación como materiales, servicios o rentas. Esta iniciativa fue aprobada con la abstención de 29 senadoras y senadores.
La principal reserva que mantienen tiene que ver con una modificación al artículo 61 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece el destino del dinero ahorrado. Textualmente, el artículo establece: “Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular”.
La controversia pone el énfasis en uno de los principios de la separación de poderes en una democracia como la mexicana. Uno de los controles a la actuación del presidente es la facultad del Congreso de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Twitter: @jmvalerapiedras