Condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar al Estado con un falso coche eléctrico

Un empresario de 48 años ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, y a abonar 5,7 millones en multas e indemnizaciones, por haber engañado al Estado con un falso proyecto de coche eléctrico que nunca se llevó a cabo. El ahora condenado fue subvencionado con 1,76 millones de euros para un proyecto industrial a desarrollar en Teruel que fue un fraude. El caso se remonta al año 2010, cuando este empresario presentó ante la Administración central y la autonómica un proyecto para idear, desarrollar y producir un coche eléctrico. Para ello había constituido una sociedad en el año 2008, tras estallar la «burbuja inmobiliaria». El acusado, David M.F., se había dedicado hasta entonces al sector inmobiliario y, con la crisis, optó por ingeniar una nueva sociedad para la industria automovilística, pese a que carecía de experiencia en este sector y tampoco tenía conocimientos técnicos, infraestructuras ni solvencia, según destaca la sentencia. Sin embargo, en su momento las administraciones públicas pasaron por alto esas circunstancias y confiaron plenamente en el proyecto de coche eléctrico que presentó. Dijo que iba a diseñar, desarrollar y comercializar un vehículo mini-volumen de cinco puertas. La primera fase iba a consistir en el diseño, desarrollo y puesta a punto del prototipo, para, después, instalar una cadena de montaje y producción. Y todo ello iba a llevarlo a cabo en el parque tecnológico de Motorland, complejo controlado por el Gobierno aragonés y en el que radica también el circuito de velocidad que acoge pruebas del mundial de Moto GP. El Gobierno regional le concedió más de 600.000 euros, a través del Instituto Aragonés de Fomento y de la Dirección General de Industria, Comercio y Turismo. Por su parte, la Administración central le inyectó casi 1,2 millones de euros desde el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y desde la Dirección General de Industria del Ministerio. Fue tiempo después cuando las administraciones central y autonómica se dieron cuenta de que habían sido engañadas. En 2013 fue declarada insolvente la Corporación Industrial Z Mobile, la empresa promovida por el acusado. Las inspecciones realizadas por la Administración en la nave que ocupaba en Motorland constararon que no había actividad. El edificio estaba prácticamente vacío, faltaban equipos tecnológicos que ahbían sido subvencionados y no albergaba actividad productiva de ningún tipo. Por todos esos hechos, el juzgado de lo Penal de Teruel acaba de condenar a David M. F. a tres años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil y a un año y medio de cárcel por un delito de fraude en las subvenciones. Además, le condena a devolver los 1,76 millones de euros que recibió en subvenciones y, además, a abonarlos con un 25% extra en concepto de intereses. Asimismo, le ha impuesto 3,53 millones de euros en multas. La sentencia considera probado que este empresario, para consumar el fraude, confeccionó facturas falsas y creó una segunda sociedad, a modo de entidad instrumental, para imputar de forma ficticia los gastos de Z Mobile y, así, dar apareciencia de realidad al entramado con el que engañó a las administraciones públicas. El caso se acabó destapando en 2016, cuando el ahora condenado tuvo que declarar en calidad de imputado y arrancó el proceso judicial que ha conducido a la sentencia dictada ahora, tres años después. El fallo no es firme, ya que puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Teruel.