Nicaragua: 40 años después la población vuelve a exigir libertad - El Nuevo Diario
Vicente Martínez Aguinaga recibió el balazo en el hombro derecho cuando, con otros jóvenes, se enfrentaba a la Guardia Nacional en Terrabona en junio de 1979. El proyectil se partió al chocar con el hueso y los fragmentos siguen allí, en el cuerpo de este hombre que hoy tiene 59 años y un recuerdo agridulce de lo que fue la Revolución sandinista que triunfó al mes siguiente de haber sido herido, el 19 de julio.
En la década de 1980, “el gobierno revolucionario procuró distribuir terrenos a gente que lo necesitaba y fue bonito; hubo algunas mejoras en la salud, pero la educación no mejoró porque se enfocó en promover una ideología política y eso no es correcto”, comenta Martínez cuatro décadas después.
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Él tenía 18 años de edad y estudiaba el bachillerato en el Colegio Salesiano de Masaya, cuando decidió unirse a la insurrección popular contra el régimen de Anastasio Somoza Debayle, en 1978. Lo hizo sin pertenecer a la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de cuyo discurso solo conocía la consigna “Patria libre o morir”.
En esa época, “los jóvenes no tolerábamos las injusticias cometidas por Somoza, la represión y asesinatos de personas inocentes; no discutíamos de política, no sabíamos qué era el sandinismo”, y “la muerte de Pedro Joaquín Chamorro (enero 1978) tuvo repercusión y nos empujó a enfilarnos contra la guardia”, recuerda Vicente, quien de Masaya se fue a Terrabona, su lugar de nacimiento, donde se sumó a un grupo armado.
Una consigna distinta
En abril de 2018, a casi 39 años del derrocamiento de Somoza como consecuencia de aquella insurrección popular, en Nicaragua ocurre otro levantamiento encabezado por jóvenes, pero esta vez sin armas.
A diferencia de la primera, cuya consigna predominante era “Patria libre o morir”, los manifestantes gritan ahora “Patria libre o vivir”.
Andrea Cano Blanco, estudiante universitaria de 20 años que participó en las protestas de 2018, dice de esa consigna que en Nicaragua se ha practicado una cultura “martirista”, en auge durante la insurrección de 1979 y la guerra civil de los años 80, cuando “se decía que hacer patria era dar tu vida por una causa; y eso no es así, muchos jóvenes lo hemos entendido”.
“No creo en los martirismo”, explica. “El ser mártir, el entregar tu vida por una causa, es una enseñanza de quienes creen en la violencia como medio de solución para los problemas”.
Andrea confiesa que su papá es sandinista, participó en la Revolución de 1979 a 1990 y hasta hace poco apoyaba al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, cuando ella le comunicó de su integración a las protestas de abril, él respondió: “Hija, es tu decisión; no puedo detenerte, cuídate mucho”.
Las manifestaciones empezaron el 18 de abril en las ciudades de León y Managua, en oposición a una reforma a la seguridad social, y se extendieron al resto del país convirtiéndose en una insurrección cívica en la cual los protestantes, jóvenes y adultos, levantaron barricadas en barrios, calles y carreteras.
“Fue una revolución, se sumaron muchas personas en el mismo sentido, de que debe haber un cambio de gobierno para dirigirnos a un cambio de sistema”, afirma Andrea.
Christian Enrique Meléndez, manifestante de 25 años, de Chichigalpa, Chinandega, comenta que el estallido de abril de 2018 fue espontáneo y él lo define como “el inicio de la exigencia del pueblo por un cambio”, a diferencia del alzamiento de 1979 que “fue el final de un proceso de años que empezó con guerrilleros en las montañas del norte del país”.
Motivos diferentes
José Lázaro García, quien respaldó la lucha armada contra Somoza a principios de 1978, haciendo bombas de contacto artesanales en Masaya, recuerda que guerrilleros sandinistas comenzaron su trabajo de reclutamiento en esa ciudad haciendo énfasis en que “la lucha era contra los ricos, contra quienes tenían dinero y maltrataban a la gente pobre”.
Vicente Martínez también escuchó ese discurso del FSLN en la clandestinidad, de que era “una lucha del proletariado, se hablaba mucho de eso”.
Alfonso Morazán Castillo, campesino de Estelí, se sumó a una escuadra guerrillera del FSLN siendo adolescente; era analfabeta y desconocía qué era “la lucha de clases”, de la que hablaban con insistencia los sandinistas.
Afirma que les adoctrinaban sobre “una lucha entre ricos y pobres; en el inicio así fue, por la acumulación de riqueza de un grupo o de una familia, por la explotación que hacían de los trabajadores”.
Vicente explica que en aquella época “en la mente del pueblo no estaba la idea de llevar a un partido político al poder; el interés popular fue enfrentar a un dictador, y si después se generalizó eso como sandinismo, ya fueron otros cien pesos”.
“El Frente se apoderó de una insurrección que no fue solo suya, aunque es posible que la haya liderado”, comenta el hoy profesor de Educación Secundaria.
El estallido de abril de 2018, además de cívico, tiene ideales distintos a la de 1979, según sus participantes. La más reciente “no fue un enfrentamiento de ricos contra pobres, no era una lucha de clases sociales, porque muchos sectores se unieron por una misma causa. Se puede hablar de una lucha contra el autoritarismo, porque estamos en una Nicaragua donde ni el pobre, ni el rico puede regirse con las leyes, porque existe un gobierno autoritario que hace lo que se le antoja”, explica Christian Meléndez.
“Al pobre le afecta más, pero en esta lucha hemos sufrido casi todos de diferentes formas”, agrega Christian, quien estudiaba cuarto año de Derecho en la UNAN-León cuando se sumó a las protestas. En octubre de 2018 fue encarcelado y en marzo de 2019 liberado, en el contexto de los primeros acuerdos de un segundo diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“La Ley Antiterrorismo cambió todo para nosotros”
Carlos Silva Rodríguez, administrador de empresas de 41 años, apoyó la rebelión de los jóvenes de abril; primero, llevándoles alimentos y después participando en las manifestaciones hasta que la Policía lo detuvo en agosto de 2018. Salió de la cárcel en febrero de 2019.
Define ese episodio como “una digna revolución cívica, la insurrección de un pueblo, pero sin armas”, y explica: “La reforma al seguro social fue la gota que derramó el vaso; aquí no se trata de un financiamiento del imperio para derrocar a alguien, ni que los pobres estamos luchando contra los ricos. La gente está cansada del autoritarismo”.
“Tenía que unirme, era el pueblo el que estaba en las calles, oprimido, pidiendo libertad y justicia y yo no podía ser indiferente. Me sume a las marchas y piquetes, puse candelitas en la rotonda Jean Paul Genie, soné cazuelas en el barrio y fui a dejar provisión a los muchachos en las barricadas. Para mí, eso era ayudar”, cuenta Carlos.
Andrea Cano, quien cursaba el tercer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, confiesa: “No pude ser indiferente a la revolución de abril”, porque “realmente, un Gobierno que no respeta los derechos humanos, es un Gobierno que debe ser cambiado”.
“Se ve un estado nacional secuestrado por un partido político hegemónico, porque en todas las instituciones, incluso en la misma universidad, la UNAN, desde hace mucho tiempo no se hacía academia, lo que se hacía es política”, comenta Andrea.
Christian afirma que “el autoritarismo se refleja en los esfuerzos del Gobierno por establecer un partido político único, donde tenés que estar con la cabeza gacha para lograr oportunidades, incluso en lo estudiantil; si querías tener una apertura en la academia, tenías que estar con el movimiento estudiantil oficialista del gobierno, hacer lo que ellos te decían”.
Señala que los jóvenes coinciden en actuar al margen de un partido político, “porque no creemos en el sistema político, no aceptamos ese pensamiento político criollo tradicionalista y es uno de los descontentos expresados”.
El detonante del 79
José Lázaro García relata a El Nuevo Diario que en 1978 “la insurrección comenzó en Monimbó después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro”, el periodista director de La Prensa asesinado el 10 de enero de ese año.
El magnicidio de Chamorro Cardenal “terminó convenciendo a la gente de sacar a Somoza del poder; en ese entonces no se conocía bien al Frente Sandinista”, asegura el artesano, hoy con 74 años de edad.
“No queríamos que al pueblo se le siguiera maltratando”, dice al recordar el malestar que se incubaba entre la población nicaragüense. “A mí me arrechó ver cómo la guardia golpeaba a la gente, cómo mataba, y pensé: ¿Estos qué creen? ¿Que solo ellos son los hombres de la tierra?”
Vicente Martínez, quien había llegado a Masaya desde Terrabona, Matagalpa, para estudiar interno en el Colegio Salesiano, precisa: “Empecé a tomar consciencia en enero de 1978, con la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Se escuchaban rumores de guerrillas en las montañas del país, pero el pueblo despierta después de la muerte de Chamorro, principalmente Monimbó”.
Admite que el convivir con los sacerdotes del Salesiano “influyó en los jóvenes, porque los religiosos tampoco estaban de acuerdo con las injusticias de Somoza”.
Veteranos con jóvenes
Alfonso Morazán, conocido como “Arpeta” desde la época de la guerrilla, pasó los años 80 en el Ejército Popular Sandinista (EPS) y a mediados de esa década fue herido de bala en la guerra civil, mientras dirigía un Batallón de Lucha Irregular (BLI). Volvió a la vida civil en los años 90, tras la derrota electoral del primer gobierno del FSLN (1979-1990) y siguió apoyando al sandinismo.
Sin embargo, en abril de 2018 Alfonso se sumó a las protestas populares contra el gobierno de Ortega. “No podía cruzar los brazos mientras a los estudiantes, a nuestro pueblo, los mataban igual que en 1978 y 1979”, confiesa.
El exmilitar sandinista considera que “lo del 2018 fue una revolución cívica; los estudiantes encendieron la antorcha al darse cuenta de los errores en la administración pública y de los errores de los políticos”.
“Arpeta”, quien después de la guerra de los 80 se quedó residiendo en la ciudad de Matagalpa, cree que la rebelión de abril fue la consecuencia de “una acumulación de reclamos, el aparato estatal no reconoce las demandas de la población relacionadas al respeto del marco jurídico constitucional del país”.
Por involucrarse en la rebelión antigubernamental, Alfonso estuvo preso 219 días. “Respaldé las marchas y daba consejos. En Matagalpa mucha gente me conoce, entonces, les decía a mis compañeros sandinistas que dejaran marchar al pueblo; es una libertad por la cual luchamos en el 79. Pedía no hacer contramarchas, porque era poner en peligro a la gente”, relata.
El Gobierno lo acusó judicialmente de cometer actos de terrorismo, tortura sicológica grave y obstrucción de la vía pública. “Tuve una mezcla de indignación y risa”, recuerda. “Risa, porque las acusaciones eran totalmente inventadas; e indignación, porque en ese momento me di cuenta, desde adentro, de lo podrido que está el sistema, incluyendo el Poder Judicial”.
Alfonso, quien ha participado en ambas situaciones, dice estar convencido que en 2018 “la lucha fue contra el autoritarismo; miramos que las cosas se hacen al margen de la ley, entonces, decidimos expresar nuestra inconformidad”.
Fue liberado bajo la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2019, y ahora vive solo porque sus hijos se fueron del país por temor a represalias. “Soy inocente, quienes me conocen saben que yo no soy capaz de hacer un acto terrorista”, asegura.
José Lázaro también fue encarcelado durante las protestas de abril; estuvo
8 meses en prisión y el Gobierno le quitó la licencia para ejercer la pirotécnica, su oficio de toda la vida. “Me dejaron inerte”, lamenta.
La gente de su barrio, Monimbó, se alzó contra el Gobierno y levantó barricadas alrededor para impedir la entrada de la policía y los civiles armados enmascarados (parapolicías). Él apoyó la insurrección cívica y, como consecuencia, fue acusado de conspiración para el terrorismo y tenencia y fabricación de explosivos.
“La mayoría supo distinguir la represión, vieron la injustica, igual que en 1978 y 1979; no pude ser indiferente”, confiesa el artesano, a quien la gente de Masaya le llama “Julián el monimboseño”, en alusión a una canción que exalta la rebelión popular de 1978 que tumbó a Somoza en 1979.
En aquella época, con 34 años de edad, José Lázaro creó la bomba de contacto artesanal, rellena de grapas y piedras de hormigón, para enfrentar a la Guardia Nacional; y en abril de 2018 fabricó el mortero de cinco libras “con el que nos defendimos” de los civiles armados pro-Gobierno que disparaban contra los manifestantes en Masaya.
“Tiene una potencia bárbara y su estallido es salvaje. ¡A cualquier persona le mete miedo!”, exclama el monimboseño septuagenario al referirse a su última bomba artesanal.
Democracia y vida
La revolución en 1979 significó una esperanza para José Lázaro García, quien siguió durante los años 80 con su ofició de artesano pirotécnico, aunque a mediados de esa década se desvinculó del FSLN, según dice, por la “forma represiva de mandar” del gobierno revolucionario.
Para Vicente Martínez, lo lamentable fue que “se luchó para sacar a un dictador y luego nos encontramos con otro dictador; y volver a otra dictadura es complicado”.
Piensa que la Cruzada de Alfabetización del año 1980 fue positiva, pero critica que “de nada sirve que la gente aprenda a leer y a escribir, cuando el sistema educativo enseñaba a sumar con textos que tenían imágenes de fusiles y el empeño era concientizar para que se aceptara la ideología política del FSLN”.
“La juventud de hoy es diferente a la 1979. Los muchachos hoy están mejor informados y se comunican rápido por el uso de la tecnología; y no les gusta que alguien abuse del poder para decirles lo que tiene que hacer, porque ellos se sienten libres, independientes”, reflexiona Vicente al comparar a su generación con la de abril de 2018.
“Es distinto a 1979”, prosigue. “Los jóvenes de hoy piensan muy bien en qué hacer y cómo hacerlo, para que esto no se repita y para que en Nicaragua se instaure la democracia; quieren ser parte de un verdadero cambio, con instituciones fortalecidas, con partidos políticos con valores”.
Este veterano del alzamiento popular de hace 40 años hace otra observación: “En el 79 llegábamos a gritar en las calles ‘después de Somoza, cualquier cosa’, y hoy no es así; los muchachos demandan participar en la construcción de un mejor país”.
Victoria Obando, estudiante de la UNAN Managua, cuando estalló la protesta de abril y luego prisionera política por sumarse a la rebelión, opina que los “resabios de odio” que dejaron las guerras de antes y después de 1979 “no han sido superados porque los gobiernos no se han enfocado en una cultura de justicia y reparación”.
Tras 15 meses de protestas y represión, desde el 18 de abril de 2018, con un resultado de al menos 325 muertos, miles de heridos, miles de exiliados y centenares de encarcelados, de los que aún quedan al menos 90 en prisión, la joven Andrea Cano Blanco ha llegado a la conclusión de que “debemos entender la democracia como una forma de vida, no ver la democracia solo como elecciones o de participar en un proceso político”.
“Necesitamos que la gente pueda comprender y materializar la democracia en su estilo de vida”, enfatiza.