Caen once miembros de un grupo criminal especializado en el robo y el despiece de vehículos
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La Operación Noel, en la que han participado 70 agentes, surgió durante las pasadas Navidades (de ahí su nombre), cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil comenzaron a cruzar datos para identificar a unos individuos que investigaban por separado, aunque algunos eran «viejos» conocidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por haber sido autores de delitos contra el patrimonio.
Los dos cuerpos policiales buscaban al mismo grupo criminal, que se había especializado en robos y despieces de vehículos, además de asaltos a viviendas sin moradores y establecimientos comerciales en las provincias de Toledo, Alicante y Cáceres. Y redondeaban su actividad delictiva con el tráfico de marihuana al por menor.
La organización, que usaba armas de fuego y vendría actuando desde principios de 2018, era dirigida por cuatro miembros de un clan familiar, entre ellos un menor de edad. Aunque los cabecillas vivían en la comarca de Torrijos y tenían ramificaciones en poblaciones de la zona, su campo de acción era muy amplio, más allá de los límites de la provincia de Toledo.
Sus principales objetivos eran, generalmente, vehículos de una misma marca y modelo, a los que anulaban el sistema electrónico una vez robados. Luego los ocultaban durante un tiempo en parcelas para desguazarlos y vender las piezas en el mercado negro. Para no dejar rastro, el material que les sobraba lo quemaban.
Pero no todos los automóviles sustraídos eran para despiezar. Los ladrones utilizaban algunos vehículos para delinquir en viviendas cuando no había moradores y en establecimientos de distintos sectores. Eso sí, el final era el mismo: los automóviles eran pasto de las llamas, y la Guardia Civil de Torrijos encontró varios en su demarcación.
Esa era una de las medidas de seguridad que tomaban, aunque no la única. Su objetivo era que ni la Policía ni la Guardia Civil les echaran el guante. Y jugaban también con la ventaja de que se conocían perfectamente las zonas por donde se movían. Robaron, que se sepa ahora con una certeza plena, en las localidades toledanas de Torrijos, Escalona, Maqueda, El Casar de Escalona, Santa Olalla, Bargas, Talavera de la Reina, Val de Santo Domingo, Malpica de Tajo y El Carpio de Tajo. También en Alicante y en los pueblos cacereños de Coria, Navalmoral de la Mata y Plasencia, por lo que ya les investigaban policía nacionales de esta última localidad extremeña. Dispensadores de áreas de servicio y almazaras, como las de Mesegar de Tajo y Santa Martín de Pusa, estaban también entre sus objetivos, porque era un grupo multidisciplinar.
Así estuvieron hasta el 2 julio, cuando los investigadores policiales decidieron intervenir, una vez identificados los miembros de la organización. Ese día, con las primeras luces, la Guardia Civil y la Policía Nacional entraron a la vez en seis domicilios de la provincia de Toledo ubicados en Fuensalida, Santa Olalla, El Casar de Escalona y Hormigos.
Explotaba así la Operación Noel, liderada por la Policía Nacional de Talavera y la Guardia Civil de Torrijos, a la que se habían sumado agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Toledo y Talavera, además del Servicio Cinológico y las Usecic de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo y Ciudad Real.
Tres mujeres
Los agentes detuvieron a once personas, todos españoles, aunque los responsables del operativo no han querido precisar si los detenidos son miembros de alguna etnia. Entre los arrestados hay tres mujeres y un menor de edad, quein se comportó violentamente cuando fueron a apresarlo, por lo que se le acusa de atentado contra agentes de la autoridad.
El resultado material de los registros tampoco fue baladí: 3.800 euros en metálico, 3 armas de fuego largas, 330 litros de aceite de oliva, 5 quads (uno de ellos robado en Alicante), dos máquinas para troquelar los números de bastidor de los vehículos y un extractor de bombines. Además, un vehículo «buggie» valorado en 28.000 euros, el chasis de un turismo sustraído y numerosas piezas de varios vehículos también robados. El valor de este material, casi los 80.000 euros.
Como estos delincuentes también se dedicaban al tráfico, los agentes hallaron un laboratorio de cultivo de marihuana con 718 plantas y 12 kilogramos de este estupefaciente, ya seco y preparado para su distribución al por menor.
Pero no ha sido una operación sencilla. A las importantes medidas de seguridad que tomaban se unió el hecho de que era una operación conjunta de dos cuerpos policiales, una colaboración que se intensificó a partir de abril. En este tiempo tuvieron que salvar durante la investigación las dificultades para establecer puntos de contactos en demarcaciones de distintas provincias.
Con todo, a los once detenidos la Policía Nacional y La Guardia Civil les atribuyen pertenencia a grupo criminal, la comisión de 42 delitos contra el patrimonio (24 de ellos por robo de vehículos) y otro de tráfico de drogas. También les acusan de falsificación de documento, de tenencia ilícita de armas y del referido atentado contra agente de la autoridad cometido por el menor. Sin embargo, la investigación continúa abierta y los responsables de la operación no descartan más detenciones ni que los arrestados estén involucrados en otros delitos.
El balance de la operación se ha dado a conocer este lunes. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha felicitado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, alabanzas que han recogido algunos de los máximos responsables de estos cuerpos en la región, como el coronel de la segunda Zona de la Guardia Civil, Gabriel Llamazares, y el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Javier Pérez Castillo. «Es un ejemplo de la efectividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha subrayado Tierraseca.
Dos días más tarde de explotar la operación, el 4 de julio, ocho de los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Torrijos, que instruye las diligencias de caso. Tras tomarles declaración, la titular del juzgado decreto para cuatro de ellos prisión provisional comunicada y sin fianza, según ha informado a ABC una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Para los otros cuatro, decretó libertad provisional con una medida cautelar: la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.