La investigación del caso Villarejo aboca a una pronta imputación de Francisco González
La operación Tándem, por la que el excomisario José Manuel Villarejo permanece en prisión preventiva acusado de varios delitos, ha cercado a Francisco González. El BBVA fue durante su etapa el mejor cliente de las empresas de inteligencia financiera del policía, que cobró del banco unos once millones de euros entre los años 2004 y 2018 por distintos trabajos.
Según las fuentes consultadas por ABC, González podría ser llamado a declarar en condición de investigado tras el verano. El juez instructor, Manuel García Castellón, imputó el pasado julio a un total de ocho directivos y exdirectivos de la entidad financiera, entre ellos a Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de la entidad financiera y excomisario general de la Policía Judicial. Corrochano era quien hacía los encargos a Villarejo. Todos se negaron a declarar (el expolicía quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros) alegando que la causa estaba bajo secreto.
Según las fuentes consultadas por este diario, el levantamiento del secreto puede producirse en septiembre, lo que propiciará una nueva citación a los imputados. Una vez que los fiscales anticorrupción y el magistrado los escuchen, el siguiente paso será, con seguridad, la imputación de Francisco González. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también valora la imputación del banco como persona jurídica (según «Expansión», la Fiscalía apoya esta medida).
Según ha podido saber ABC, los encargos que hacía Corrochano a Villarejo «no podían quedar al margen del jefe», dada su envergadura. Cabe recordar que el banco encargó a Villarejos «frenar» las maniobras lideradas por Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, para tomar el control de al entidad con, supuestamente, la connivencia del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre los trabajos efectuados estuvo el control de hasta 15.000 llamadas telefónicas. La trama pudo captar una llamada a La Moncloa que se hizo desde un móvil que tenían controlado, y escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y al jefe de la Oficina Económica en Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, según publicó «Moncloa.com».