¿Qué penas pide la Fiscalía para cada uno de los acusados en el caso Arandina?

Los hechos se remontan al 24 de noviembre de 2017, cuando la menor con Carlos Cuadrado «Lucho», de 24 años, Víctor Rodríguez «Viti», de 22, y Raúl Calvo, de 19, acudió a su domicilio, donde se la ha podido ver en ambiente distendido en un vídeo grabado previamente a la supuesta agresión. Posteriormente a esa escena, la joven denunció que la actitud de ellos cambió y que fue obligada a mantener relaciones con todos en el salón de la casa y posteriormente fue abordada por uno de ellos en el pasillo de la vivienda y llevada a un dormitorio para «soportar» ser forzada de nuevo, según el relato de la Fiscalía. El Ministerio Público aprecia que esa fatídica noche se produjeron dos delitos de agresión sexual y uno de agresión sexual continuada a una menor de 16 años -en el caso de Raúl Calvo, que supuestamente la forzó en el salón y después en el dormitorio- de los que responsabiliza a todos. Señala en cada caso a uno de ellos como autor y a los otros dos como cooperadores necesarios de una acción en la que aunque presuntamente no intervinieran físicamente estaban presentes y al corriente. Solicita por ello para «Viti» y «Lucho» penas de prisión de 38 años -catorce por el delito del que les considera autores y doce por los dos que presenciaron-, que eleva a los 39 en el caso de Raúl Calvo. A ello les suma un año más al imputarles a todos como autores un delito contra la libertad sexual conforme al artículo 183.1 del Código Penal que recoge el contacto a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología con un menor de dieciséis años para proponer o concertar un encuentro y actuar buscando ese acercamiento, lo cual entiende la Fiscalía que hicieron los acusados a través de mensajes que tenían «el objeto de convencerla para que tuvieran relaciones sexuales». Además de las penas de prisión -a la que se sumaría la imposición de diez años de libertad vigilada-, solicita la Fiscalía una indemnización a la presunta víctima de forma conjunta por el daño moral causado por valor de 50.000 euros -los tres ya se han declarado insolventes-, a la que a uno de los procesados, -RCH - la cantidad de 20.000 euros a asumir individualmente. Y como medidas de protección, incluye la prohibición de comunicarse por cualquier medio o ponerse en contacto con ella, así como aproximarse a la denunciante, su domicilio, su colegio o cualquier lugar frecuentado por ella a menos de mil metros durante un periodo de trece años, que se eleva a 16 en el caso de Raúl. De cara al acto del juicio oral, se solicita que la vista se celebre a puerta cerrada para la «protección de los menores de edad intervinientes en el proceso, haciendo uso de las pruebas del interrogatorio de los procesados, testifical, pericial y documental. Hasta la celebración de la vista reclama el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas en la fase de instrucción.