El artículo 155 pende sobre Irlanda del Norte
Boris Johnson no está teniendo la luna de miel de la que disfrutan normalmente los inquilinos del número 10 de Downing Street durante sus primeros cien días en el poder. La gira que concluyó ayer por el país no ha sido fácil. Tras los abucheos de Edimburgo y las críticas de los agricultores galeses, el «premier» británico estuvo ayer en Belfast. Y francamente las cosas no mejoraron.
El escenario es tremendamente significativo para el Brexit, ya que la salvaguarda para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es el principal obstáculo para ratificar un Acuerdo de Retirada que ha sido tumbado tres veces en la Cámara de los Comunes.
Por si los problemas no fueran pocos, se suma además el hecho de que la provincia británica lleva desde enero de 2017 sin Ejecutivo y la amenaza de aplicar el llamado «gobierno directo» desde Westminster –lo que sería el equivalente al artículo 155 recogido en la Constitución española– aumenta aún más si cabe la tensión entre católicos y protestantes.
Las conversaciones para alcanzar un Gobierno de coalición en el Parlamento autonómico de Stormont se reanudaron recientemente, pero, a día de hoy, no hay muchas posibilidades de que se llegue a un acuerdo para el 31 de octubre, cuando Johnson está determinado a sacar a Reino Unido de la UE, tal y como ha advertido hasta la saciedad, con o sin pacto con Bruselas.
El «premier» no quiso ayer hablar explícitamente sobre la posibilidad de imponer la llamada «direct rule» (gobierno directo) cuando se reunió con todos los partidos norirlandeses . «Mi atención principal será ayudarles en lo que pueda para intentar llegar a un acercamiento», manifestó Johnson.
Sin embargo, en caso de un más que probable «Brexit duro», los rotativos dan por hecho una suspensión del poder autonómico. Según reveló ayer el diario «Financial Times», los poderes actuales del ministro del Ejecutivo central para Irlanda del Norte serían insuficientes para poder hacer frente a la situación creada por el «no acuerdo» y, por tanto, haría falta aplicar el «gobierno directo».
Una portavoz de Downing Street se limitó a decir que el Gobierno británico tendrá listos «todos los mecanismos regulatorios y administrativos posibles» en el Ulster, como parte de los preparativos en el caso de una ruptura caótica con el bloque.
El Brexit no fue el causante de la caída del Gobierno autónomo en enero de 2017. La crisis vino provocada por un caso de corrupción de energías renovables que salpicó de lleno a los protestantes del Partido Demócratico del Ulster (DUP). Con todo, el divorcio con la UE sí ha acentuado desde entonces las divisiones entre los unionistas y los católicos del Sinn Fein, que van desde la protección de la lengua gaélica hasta la legalización del matrimonio homosexual en la provincia.
Al ser las dos formaciones más votadas, tal y como regula el Acuerdo de Viernes Santo que trajo en 1998 la paz al Ulster tras treienta años de violencia sectaria, deben gobernar en coalición. El problema es que los católicos del Sinn Fein denuncian que Londres no puede actuar ahora de árbitro neutral, ya que, al perder la mayoría absoluta en las elecciones generales de junio de 2017, los «tories» se vieron obligados a pedir ayuda a los diez diputados del DUP para gobernar. La situación, por tanto, es arduamente delicada. Downing Street tiene que andar con pies de plomo para no ofender a su socio parlamentario.
Tras reunirse con el «premier», la líder local del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, advirtió de que, si Reino Unido abandona la UE sin pacto, el Gobierno central deberá convocar un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas. Asimismo, cuestionó la imparcialidad de Johnson y le pidió que no se convierta en el «recadero» del DUP, con el que el excéntrico político se reunió en privado el martes por la noche. A diferencia de los católicos del Sinn Fein, los protestantes del DUP son partidarios de un «Brexit duro» y, al igual que los «tories» euroescépticos, votaron en contra del Acuerdo de Retirada que Theresa May cerró con Bruselas en las tres ocasiones que el texto se presentó en la Cámara de los Comunes.
Su principal crítica es la polémica salvaguarda con la que se quiere evitar la frontera dura en la isla. El Acuerdo de Retirada propone dejar a todo Reino Unido dentro de la unión aduanera y a Irlanda del Norte alineada además con el mercado único –solo para bienes– hasta que se cierre un pacto comercial. Pero el DUP no quiere tener un estatus diferente al del resto del país.
«El Brexit sin acuerdo está sobre la mesa por la actitud beligerante de la UE que, en vez de enfocarse en llegar a un pacto bueno para todos, quiere romper Reino Unido», matizó Arlene Foster, líder del DUP.
El «gobierno directo» trae directamente a la memoria de los habitantes norirlandeses la época conocida como «the troubles», en la que católicos y protestantes protagonizaron un sangriento conflicto. La «direct rule» fue aplicada durante 26 años consecutivos entre 1972 y 1998. Tras el Acuerdo de Paz de Viernes Santo, se utilizó temporalmente en 2000, 2001 y durante cinco años (entre el 2002 y 2007).