La política energética de Sánchez amenaza el suministro en Galicia
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Ante la gravedad de la situación, Xunta y sindicatos celebraron una reunión en la mañana de este viernes en dependencias del Gobierno gallego en Santiago, que sentó a Conde junto a la titular de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y los responsables del área de industria de CCOO, UGT y CIG. Juntos, como destacó la Consellería de Economía en una nota, acordaron trabajar de forma conjunta para identificar medidas que garanticen el empleo industrial y el futuro del sector energético en Galicia.
Desde la Administración autonómica se expresó en el encuentro la preocupación por la política en materia energética del Gobierno socialista en funciones, que está «teniendo un importante impacto social en la Comunidad, afectando al empleo y la actividad económica». Es el caso de Meirama, en Cerceda (La Coruña), sentenciada a partir de 2020, y As Pontes (en la misma provincia), donde, como se expuso en la reunión, se acumulan ya casi cuatro meses de «parálisis».
Así, «750 familias dependen de las decisiones» del Gobierno central —incluidos 200 trabajadores de la central de As Pontes, 250 de empresas auxiliares y 150 camioneros—, responsable de «decisiones lesivas», denunció Conde, según recogió Ep. El conselleiro recordó que esta misma semana acudió a Galicia la ministra en funciones de Industria, Reyes Maroto, pero lo hizo «mirando para otro lado», sin dedicar un solo momento de su agenda a «parar en Cerceda, ni As Pontes, ni San Cibrao».
Frente a la actitud orquestada desde La Moncloa, el ejecutivo autonómico trasladó a los representantes sindicales su compromiso de mantener una actitud activa en la defensa de los trabajadores. Unas 200 empresas, que dependen del transporte del carbón desde el puerto de Ferrol a la central, ya hicieron llegar a San Caetano su preocupación por haber asumido recientemente una importante renovación de su flota, tal y como les solicitó Endesa dentro de su plan de emisión de residuos.
Lo que espera la Xunta del Gobierno central, en sintonía con los sindicatos, es que en Madrid se mueva ficha y se trabaje para «buscar soluciones». Hay coincidencia entre el ente autonómico y los representantes de los trabajadores en que deben adoptarse decisiones, y que les corresponde asumir su responsabilidad tanto a Endesa como a la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. Con ambos solicitará reuniones la Xunta, así como con el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete.
Sobre la mesa, se explicó desde la Consellería de Economía, se pondrán soluciones como una exención de las medidas fiscales, que se fijen retribuciones específicas en los casos en los que se utilice biomasa forestal para el funcionamiento de las centrales o la eliminación del céntimo verde al carbón, además de abordar los mecanismos del CO2.
Eliminando costes
Desde el sindicato CIG se aseguró que Endesa «está eliminando costes a pesar de que se trata de un paro temporal, entre ellos la mano de obra». Quieren pedir a la compañía «tiempo para que se solucionen los problemas que provocan que la central esté parada», informó el sindicato en un comunicado. Los representantes de la CIG trasladaron su preocupación por las consecuencias negativas sobre el empleo y la economía de Ferrolterra y Galicia que entraña esta parálisis.
La llegada del AVE, sin noticias
El futuro de la industria no es el único foco de preocupación para la Xunta, a la que sobran frentes abiertos por la inacción o malas decisiones del Gobierno central. El principal problema continúa siendo el agujero de 700 millones de la deuda contraída por el Estado. Pero no terminan ahí, ni mucho menos, los quebraderos de cabeza. La conselleira Ethel Vázquez reconoció ayer, tras reunirse con los sindicatos, que está «preocupada» por la falta de información sobre los plazos para la conclusión de las obras del AVE a Galicia, informa Ep. Máxime cuando se solicitó y no se recibió respuesta; tampoco sobre otras infraestructuras como la autovía entre Santiago y Lugo. Vázquez censuró las «excusas permanentes» que ofrece el Gobierno en funciones, y que acrecientan la preocupación.