Las víctimas intentarán que los asesinatos formen parte del juicio de los atentados del 17-A

No se rinden. Las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils intentarán hasta el final acusar por los 16 asesinatos que dejó la matanza a los implicados que quedan vivos, al menos a dos de ellos. Una intención que choca con las tesis de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, que desligan a los tres procesados por el ataque de la ejecución del mismo. Las asociaciones personadas en la causa desean que el debate sobre su participación en los asesinatos forme parte del futuro juicio, que todavía no tiene fecha señalada. La investigación en la que están procesados tres miembros de la célula que el 17 de agosto de 2017 sembró de terror Cataluña apura sus últimos pasos, pendiente de unos flecos. Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha apreciado sólidos indicios para enviar a juicio a los tres arrestados por el 17-A, pero siempre por delitos diferentes al asesinato. El juez procesó a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal por integración en organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. El magistrado Fernando Andreu concluyó que ambos encarcelados participaron en la preparación del atentado ideado por la célula yihadista -que planeaba un ataque espectacular contra un monumento emblemático como la Sagrada Familia-, pero que no formaron parte de la ejecución final, improvisada tras la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona). Según el magistrado, ese giro de los acontecimientos rompe el nexo necesario para atribuirles las muertes de la matanza. Formaron parte de la ideación y de su preparación, pero no de su ejecución, lo que les libraría de responder por los asesinatos. La Fiscalía comparte esa argumentación, que fue avalada también por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al confirmar el procesamiento y rechazar los recursos de las víctimas. El tercer implicado, Said Ben Iazza, fue procesado por colaboración con banda terrorista porque prestó al grupo yihadista su furgoneta y su documentación para que adquiriesen la materia para fabricar los explosivos. Aun así, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo -las acusaciones populares- buscarán vencer la disputa judicial a través de dos vías, han informado fuentes jurídicas. Ambos colectivos prevén recurrir la conclusión del sumario -el paso por el que quedaría cerrada la investigación- para tratar de retroceder y que se incluyan los asesinatos en el procesamiento de Driss Oukabir y Mohamed Chemlal Houli. Consideran que ambos realizaron actos relevantes para la consumación de los atentados y se conjugaron con los demás miembros de la célula yihadista, por lo que se les debe atribuir a todo el grupo «la totalidad de la acción». En concreto, Driss Oukabir alquiló la furgoneta conducida por Younes Abayaaqoun en el atropello mortal de las Ramblas y fue visto por varios testigos en Alcanar, la base de operaciones del grupo yihadista. Chemlal Houli, por su parte, era miembro del grupo y buscó información sobre potenciales objetivos como la Audiencia Nacional o la Alhambra. Pero no pudo participar en la acción final porque resultó herido en la explosión del chalé, en la que murió el imán de Ripoll Abdelaky Es Satty, el líder. Las víctimas entienden que, como mínimo, sin haberse celebrado el juicio, no se puede descartar todavía su responsabilidad por los asesinatos. Hay otro camino. La AVT sostiene que tiene margen para acusar por los asesinatos, incluso aunque la Audiencia Nacional no levante las actuales conclusiones de la investigación. Sus abogados consideran que el auto de procesamiento -a través del cual el juez investigador marca el perímetro del juicio- determina los hechos que forman parte de la vista oral. Pero no fija por qué delitos pueden actuar las acusaciones. Por ello, y a la vista de los hechos reflejados en dicha resolución, la AVT entiende que puede acusar a Oukabir y Chemlal Houli por los 16 asesinatos de aquel día trágico, que dejó además 140 heridos. Seis terroristas fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra. Una de las pocas diligencias pendientes es un análisis para geolocalizar el télefono de Driss Oukabir. Su abogado pretende desvirtuar las declaraciones de los testigos protegidos que le ubican en el chalé de Alcanar.