Dos meses y medio después del visto para sentencia del juicio del «procés», los siete magistrados que conforman el tribunal siguen trabajando hoy con absoluta discreción por conseguir la unanimidad en una sentencia histórica que no se espera hasta la primera quincena de octubre y que estará «blindada» ante posibles filtraciones. Más aún después del ataque informático que tanto los jueces como los fiscales del caso sufrieron el pasado julio por parte de Anonymus Catalunya.
Aunque la Sala ha sido ajena en todo momento a las vicisitudes políticas de los últimos meses (prueba de ello fue la celebración de dos convocatorias electorales en pleno juicio contra los líderes independentistas) no hay duda de que el fallo que salga del Supremo condicionará las relaciones entre el Ejecutivo central y los independentistas si el segundo intento de investidura no cuaja y finalmente hay elecciones en noviembre. No sucederá lo mismo si antes del 23 de septiembre Pedro Sánchez logra los apoyos necesarios para formar Gobierno, pues el escenario sería similar al de julio, cuando ERC se abstuvo (al condicionar su aval a la entrada de Podemos en el Ejecutivo) y Junts per Catalunya le negó sus cuatro votos, tres de ellos precisamente de diputados presos del «procés».
¿Rebelión o sedición?
Hasta la firma de la sentencia nada es definitivo, pues los jueces trabajarán en la deliberación y redacción de la sentencia –la ponencia está en manos del presidente, Manuel Marchena– hasta el último momento, pero sí lo son las coordenadas en las que los magistrados se mueven: peticiones de cárcel de hasta 25 años (Oriol Junqueras) por delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia (solo en tres casos) por el órdago secesionista del 1-O y la posterior declaración de independencia. «El procés fue un golpe de Estado con violencia (…) sin la que no habría sido posible cruzar caminos de la hoja de ruta» secesionista, sostuvieron los fiscales en el alegato coral en el que mantuvieron sus iniciales solicitudes de pena para los doce líderes independentistas.
Es precisamente la existencia o no de esa violencia la que condicionará el relato del tribunal en uno u otro sentido. La resolución trascenderá del caso concreto para sentar jurisprudencia en hipotéticas ofensivas independentistas que puedan plantearse en el futuro, pues la única condena por rebelión que hasta ahora conocía la democracia española es la del golpe de Estado del 23-F.
Si bien es una incógnita si los magistrados condenarán por una rebelión consumada o por actos preparatorios punibles, o si se decantarán por los meros «incidentes» de los que habla la Abogacía del Estado (a diferencia de la Fiscalía, ve solo sedición), lo que sí dan por hecho fuentes jurídicas es que habrá condena y que, además, no será menor. Sólo así puede entenderse la decena de negativas de libertad que los ocho presos acumulan desde que pusieron el pie en la cárcel: pronto hará dos años en el caso de los «jordis», Junqueras y Romeva.
Al margen del futuro penitenciario de los acusados, la sentencia del «procés» tendrá también consecuencias políticas directas para los que han adquirido la condición de diputados nacionales. Una hipotética condena vendría acompañada de su inhabilitación. Ni los tres diputados presos de JpC (Rull, Turull y Sànchez) ni los dos de ERC(Junqueras y Romeva) podrían concurrir a unas nuevas elecciones, pero tampoco podrían seguir en el hemiciclo actual (aunque sea de forma testimonial con su escaño libre). Su inhabilitación por sentencia obliga a que su puesto sea ocupado por el siguiente de la lista.
Dos meses y medio después del visto para sentencia del juicio del «procés», los siete magistrados que conforman el tribunal siguen trabajando hoy con absoluta discreción por conseguir la unanimidad en una sentencia histórica que no se espera hasta la primera quincena de octubre y que estará «blindada» ante posibles filtraciones. Más aún después del ataque informático que tanto los jueces como los fiscales del caso sufrieron el pasado julio por parte de Anonymus Catalunya.
Aunque la Sala ha sido ajena en todo momento a las vicisitudes políticas de los últimos meses (prueba de ello fue la celebración de dos convocatorias electorales en pleno juicio contra los líderes independentistas) no hay duda de que el fallo que salga del Supremo condicionará las relaciones entre el Ejecutivo central y los independentistas si el segundo intento de investidura no cuaja y finalmente hay elecciones en noviembre. No sucederá lo mismo si antes del 23 de septiembre Pedro Sánchez logra los apoyos necesarios para formar Gobierno, pues el escenario sería similar al de julio, cuando ERC se abstuvo (al condicionar su aval a la entrada de Podemos en el Ejecutivo) y Junts per Catalunya le negó sus cuatro votos, tres de ellos precisamente de diputados presos del «procés».
¿Rebelión o sedición?
Hasta la firma de la sentencia nada es definitivo, pues los jueces trabajarán en la deliberación y redacción de la sentencia –la ponencia está en manos del presidente, Manuel Marchena– hasta el último momento, pero sí lo son las coordenadas en las que los magistrados se mueven: peticiones de cárcel de hasta 25 años (Oriol Junqueras) por delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia (solo en tres casos) por el órdago secesionista del 1-O y la posterior declaración de independencia. «El procés fue un golpe de Estado con violencia (…) sin la que no habría sido posible cruzar caminos de la hoja de ruta» secesionista, sostuvieron los fiscales en el alegato coral en el que mantuvieron sus iniciales solicitudes de pena para los doce líderes independentistas.
Es precisamente la existencia o no de esa violencia la que condicionará el relato del tribunal en uno u otro sentido. La resolución trascenderá del caso concreto para sentar jurisprudencia en hipotéticas ofensivas independentistas que puedan plantearse en el futuro, pues la única condena por rebelión que hasta ahora conocía la democracia española es la del golpe de Estado del 23-F.
Si bien es una incógnita si los magistrados condenarán por una rebelión consumada o por actos preparatorios punibles, o si se decantarán por los meros «incidentes» de los que habla la Abogacía del Estado (a diferencia de la Fiscalía, ve solo sedición), lo que sí dan por hecho fuentes jurídicas es que habrá condena y que, además, no será menor. Sólo así puede entenderse la decena de negativas de libertad que los ocho presos acumulan desde que pusieron el pie en la cárcel: pronto hará dos años en el caso de los «jordis», Junqueras y Romeva.
Al margen del futuro penitenciario de los acusados, la sentencia del «procés» tendrá también consecuencias políticas directas para los que han adquirido la condición de diputados nacionales. Una hipotética condena vendría acompañada de su inhabilitación. Ni los tres diputados presos de JpC (Rull, Turull y Sànchez) ni los dos de ERC(Junqueras y Romeva) podrían concurrir a unas nuevas elecciones, pero tampoco podrían seguir en el hemiciclo actual (aunque sea de forma testimonial con su escaño libre). Su inhabilitación por sentencia obliga a que su puesto sea ocupado por el siguiente de la lista.