Es incomprensible que el Gobierno en funciones de Sánchez sea tan incombustible a la mentira y que siempre salga indemne de su desprecio permanente a la verdad. El último de los engaños que Moncloa ha puesto en marcha con ese desahogo que le caracteriza, ha sido el de argumentar ante las Comunidades asfixiadas económicamente que Hacienda no puede liberar 4.739 millones para cumplir con las entregas a cuenta previstas en la financiación autonómica. Primero, el Gobierno dijo a las autonomías que encontraría el modo de hacerlo. Después, justificó su negativa a repartir ese dinero apelando a la prohibición que recogía un supuesto informe de la Abogacía del Estado que resultó inexistente. Y después, de golpe y porrazo, Moncloa anuncia la aparición de otro informe de la Abogacía, sobre el que pesan sospechas de haber sido realizado ad hoc, y en cuestión de horas el pasado martes, para justificar su presión a las comunidades, especialmente a las que no gobierna el PSOE. Pero con Sánchez ningún español puede sorprenderse ya de nada. Moncloa utilizó a la Abogacía del Estado más veces en su exclusivo beneficio, generando un profundo malestar interno en la institución por el desprestigio al que el PSOE la ha sometido, hasta convertirla en otro órgano servil con los objetivos de Sánchez. Lo hizo el Ministerio de Justicia para abandonar a su suerte al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del golpe de Estado del 1-O en Cataluña, cuando fue acosado por el separatismo. Y lo hizo poco después para forzar a la Abogacía a acusar por sedición, y no por rebelión, con tal de hacer gestos políticos que apaciguasen al separatismo.
Ahora, Hacienda no solo inventa un informe-coartada con el que escudarse para castigar a las autonomías cortando el grifo de su financiación, sino que, para arreglar el desaguisado a posteriori, exige a la Abogacía un dictamen redactado a medida para defender la pasividad e indolencia del Gobierno. Es verdad que un Ejecutivo en funciones no puede disponer a capricho de casi 5.000 millones de euros para regar a las autonomías. Pero Sánchez ha gobernado un año a base de decretos, inventó los «viernes sociales» estando en funciones para hacer campaña con el dinero de todos, y ahora se cubre con dudosos legalismos para negarse a liberar un dinero con el que se financian servicios públicos esenciales, en vez de asumir que España se halla ante una excepcionalidad política que podría justificar la entrega de esos fondos a las autonomías. Sánchez lo tiene claro. Hay demasiadas pruebas de que concibe el poder como un cortijo particular en el que la Abogacía del Estado, el CIS, los aviones oficiales, o un Parlamento cerrado porque le viene en gana, están a su servicio, y no al de todos los españoles. Daría para una tesis doctoral.
Es incomprensible que el Gobierno en funciones de Sánchez sea tan incombustible a la mentira y que siempre salga indemne de su desprecio permanente a la verdad. El último de los engaños que Moncloa ha puesto en marcha con ese desahogo que le caracteriza, ha sido el de argumentar ante las Comunidades asfixiadas económicamente que Hacienda no puede liberar 4.739 millones para cumplir con las entregas a cuenta previstas en la financiación autonómica. Primero, el Gobierno dijo a las autonomías que encontraría el modo de hacerlo. Después, justificó su negativa a repartir ese dinero apelando a la prohibición que recogía un supuesto informe de la Abogacía del Estado que resultó inexistente. Y después, de golpe y porrazo, Moncloa anuncia la aparición de otro informe de la Abogacía, sobre el que pesan sospechas de haber sido realizado ad hoc, y en cuestión de horas el pasado martes, para justificar su presión a las comunidades, especialmente a las que no gobierna el PSOE. Pero con Sánchez ningún español puede sorprenderse ya de nada. Moncloa utilizó a la Abogacía del Estado más veces en su exclusivo beneficio, generando un profundo malestar interno en la institución por el desprestigio al que el PSOE la ha sometido, hasta convertirla en otro órgano servil con los objetivos de Sánchez. Lo hizo el Ministerio de Justicia para abandonar a su suerte al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del golpe de Estado del 1-O en Cataluña, cuando fue acosado por el separatismo. Y lo hizo poco después para forzar a la Abogacía a acusar por sedición, y no por rebelión, con tal de hacer gestos políticos que apaciguasen al separatismo.
Ahora, Hacienda no solo inventa un informe-coartada con el que escudarse para castigar a las autonomías cortando el grifo de su financiación, sino que, para arreglar el desaguisado a posteriori, exige a la Abogacía un dictamen redactado a medida para defender la pasividad e indolencia del Gobierno. Es verdad que un Ejecutivo en funciones no puede disponer a capricho de casi 5.000 millones de euros para regar a las autonomías. Pero Sánchez ha gobernado un año a base de decretos, inventó los «viernes sociales» estando en funciones para hacer campaña con el dinero de todos, y ahora se cubre con dudosos legalismos para negarse a liberar un dinero con el que se financian servicios públicos esenciales, en vez de asumir que España se halla ante una excepcionalidad política que podría justificar la entrega de esos fondos a las autonomías. Sánchez lo tiene claro. Hay demasiadas pruebas de que concibe el poder como un cortijo particular en el que la Abogacía del Estado, el CIS, los aviones oficiales, o un Parlamento cerrado porque le viene en gana, están a su servicio, y no al de todos los españoles. Daría para una tesis doctoral.