Pedro Sánchez cede e irá a una sesión de control seis meses después
El PSOE revistió ayer de ejemplaridad lo que es un imperativo legal para el presidente del Gobierno. La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, presumió tras la reunión de la Junta de Portavoces de que el jefe del Ejecutivo en funciones acudirá a la Cámara Baja el próximo miércoles «a petición propia». Pedro Sánchez dará cuenta de los dos últimos Consejos Europeos y tras ello, más de seis meses después, se someterá a una sesión de control.
El artículo 4 de la Ley de la Comisión Mixta para la Unión Europea establece la obligatoriedad de que el presidente informe a los diputados de los acuerdos alcanzados tras cada Consejo Europeo, pero Sánchez ha ignorado su deber durante algo más de dos meses. Entre el 20 y 21 de junio se celebró un Consejo Europeo sobre el Brexit y entre el 30 de ese mes y el 2 de julio, otro para repartir los nuevos cargos de la Unión Europea.
Hasta ayer, el secretario general del PSOE esquivó cada oportunidad para comparecer en la Cámara Baja. La última, sin ir más lejos, fue la semana pasada, cuando se sirvió en la Diputación Permanente de los votos de Unidas Podemos para evitar explicar «de urgencia» el jueves pasado los Consejos Europeos que arrastra desde junio.
Tanto el PP como Ciudadanos (Cs) llevaban semanas reclamando la comparecencia de Sánchez para explicar el contenido de las cumbres europeas. Ayer acudían preparados para luchar en la Mesa y en la Junta de Portavoces por su presencia, pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se adelantó a su jugada.
A primera hora de la mañana, fuentes cercanas a la Presidencia de la Mesa del Congreso informaron de que Batet realizaría una oferta imposible de rechazar para los portavoces parlamentarios: la comparecencia del presidente en funciones el miércoles a las 9 horas, seguida de la primera sesión de control al Gobierno desde el 27 de febrero. Última antes de disolverse las Cortes para la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril. Desde entonces, Sánchez solo ha acudido al Congreso en el frustrado intento de investidura de julio.
Lo que sí descartó la Mesa fue debatir la proposición de ley del PP para reformar el Reglamento de la Cámara Baja y así obligar a los diputados a tomar posesión de su cargo con una fórmula reglada y respetuosa, según informaron fuentes populares.
A la espera de Sánchez
El Congreso fijó ayer el calendario de plenos del actual periodo de sesiones. A partir del martes que viene, habrá plenos todas las semanas salvo, como es tradicional, la primera de cada mes y la última de diciembre. Cada pleno empezará a las 15 horas del martes y los miércoles, a partir de las 9 horas, tendrán lugar las sesiones de control al Ejecutivo.
Este mes de septiembre tiene la peculiaridad de que la actividad del Congreso está pendiente de si Sánchez reúne los apoyos para una investidura y se decide a acometer un nuevo intento para ser presidente. Con la amenaza de la repetición electoral en el aire, la Cámara Baja mira al Palacio de la Moncloa.
Fuentes cercanas a la Mesa señalaron ayer que, en caso de haber investidura, esta puede celebrarse tanto en uno de los plenos ordinarios ya fijados este mes –del 10 al 12, opción descartada; o del 17 al 19–, como en uno extraordinario. Estas fuentes explicaron además que la segunda votación de investidura podría incluso producirse el mismo 23 de septiembre, fecha límite para que se forme gobierno y no haya repetición electoral.
Esto da más margen a las consultas del Rey para proponer candidato y a la presidenta del Congreso para fijar un pleno extraordinario que, como tarde, deberá comenzar el viernes 20 de septiembre. Ese día arrancaría el debate, el 21 sería la primera votación –en la que es necesario sumar mayoría absoluta, algo inasequible para el PSOE ahora mismo– y el 23, la segunda votación –donde Sánchez solo necesitaría más «síes» que «noes»–.
La Cámara Baja también fijó ayer el cupo de preguntas que le corresponderá a cada grupo parlamentario en las sesiones de control al Gobierno. El reparto se hace en función del resultado electoral, pero no de forma proporcional. La distribución acordada es la siguiente: PSOE, nueve preguntas; PP, cinco; Cs, cuatro; Unidas Podemos, tres; Vox, dos; y ERC, PNV y grupo mixto, una cada uno.
Sin más conciliación
Durante la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Cs Melisa Rodríguez solicitó que se cambie la hora de inicio de los plenos el martes y que sea a las 12 horas y no a las 15. Alegó que empezar tres horas antes facilitaría la conciliación a periodistas y trabajadores del Congreso, pero su grupo se quedó solo en la propuesta. «Luego», atizó, «van proclamando la conciliación».
La diputada liberal también reclamó que en adelante en vez de haber tres preguntas al presidente por sesión de control haya cuatro. Actualmente una de esas tres preguntas la hace el líder de la oposición y Rodríguez pedía que Albert Rivera tuviese también ese cupo por proximidad al PP en votos y escaños. «No sé qué les puso más nerviosos: que hubiese más control a Sánchez o que fuese el señor Rivera quien hiciese esa pregunta todas las semanas», repuso cuando, de nuevo, Cs no obtuvo ningún respaldo.