El 'mal llamado outsourcing' debe ser perseguido: Pedro Haces
El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, aseveró que el mal llamado 'outsourcing' debe ser perseguido y castigado con todo el peso de la ley, por ser una practica desleal que afecta los derechos de los trabajadores mexicanos.
Precisó que actualmente más del sesenta por ciento de las empresas en México recurren a algún recurso, como la tercerización del trabajo, para evadir impuestos.
Sin embargo, añadió, son los más de ocho millones de mexicanos que trabajan bajo este tipo de esquemas los que 'terminan pagando los platos rotos'. “Y es que con ello se les niega la posibilidad de acceder a seguridad social, al derecho de antigüedad y a la vivienda”, sostuvo.
La tercerización del empleo, expresó Haces Barba, es usada por las empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, por ello “no debe haber ni tolerancia ni complicidad alguna”.
Destacó además que la CATEM respalda, con sus cuarenta diputados y siete senadores afines, la iniciativa de reforma a la Ley General del Trabajo, que se prevé sea discutida en el Congreso de la Unión, para ir por las empresas que practican el mal llamado 'outsourcing'.
“Hay más dos mil empresas en el país que operan con esquemas de este tipo con el único objetivo de evadir sus responsabilidades fiscales”, dijo.
“La CATEM ha tenido acercamiento con el procurador fiscal de la Federación, para denunciar a algunas de estas empresas que practican el mal llamado outsourcing, porque ya estuvo bueno de las abusos que se cometen en contra de los trabajadores”, añadió.
El líder de la confederación detalló que ya se han denunciado algunas de estas empresas, pero es necesario esperar a que la Procuraduría Fiscal haga los señalamientos pertinentes.
“Lo que sabemos es que ya tienen en la mira a más trescientas empresa que operan bajo estos esquemas, pero hay que esperar a que procedan conforme a la ley”, expresó.
Haces destacó que la tercerización del empleo le cuesta al país más de 400 mil millones de pesos anuales y son las empresas dedicadas al sector comercio las que recurren con mayor frecuencia a estas prácticas desleales.