Participación ciudadana y autoridad
No es lo mismo participar en las urnas cada tres años que presentar una iniciativa al Congreso, que convocar a una consulta popular o que registrarse en las convocatorias para consejos ciudadanos, contralorías sociales o afiliarse a un partido político. No es lo mismo, pero falta más y no necesariamente del bando ciudadano.
Entre más investigo, confirmo que la variable débil parece ser la participación más básica de la ciudadanía. Son mayoría las personas que reconocen que no participan, que deberían hacerlo, pero que siguen sin hacerlo por miles de razones, la más frecuente es que de cualquier forma no pasa nada. A esto se le conoce como desafección política, se estudian las causas por las cuales las personas no se acercan a los espacios donde pueden hacer algo por su comunidad a través del voto.
Pero ya no incito a la participación en Nuevo León como antes, siento que es como mandar al precipicio de la frustración a una persona que busca hacer una consulta popular, en esta columna he dado cuenta de ello, no sólo tiene que juntar firmas en un periodo, sino que está a expensas de la voluntad política de al menos tres instituciones. Y si todo le sale bien, tendrá que esperar a la voluntad política de la autoridad responsable de llevar a cabo la obra o la iniciativa que presentó a consulta.
Creo que la gente no participa porque de verdad no pasa nada, seguramente son amigos o vecinos de alguna activista social que les cuenta cómo intenta, cómo espera, cómo empuja, cómo denuncia y cómo no pasa nada, aunque se reconozcan avances. Antes era más difícil participar, pero sigue siendo materialmente imposible. Se hacen leyes de participación ciudadana que ponen requisitos de locura a quien quiere ser proactivo. De las iniciativas de ley que presentó la sociedad civil en este siglo, ninguna se tramitó como asunto corriente en el Congreso. Fue hasta que llegó a ese recinto una activista social, Concepción Landa, cuando se atendió el tema, se hicieron mesas para consensar algo entre la sociedad civil. Y claro, metieron mano algunos diputados expertos en técnica legislativa. Uno de los ajustes fue modificar el artículo que establece los requisitos para que una consulta popular sea vinculante, obligatoria para la autoridad responsable. En la Ley Federal se pide un 40 % de personas en la lista nominal, participación en las urnas, y que la mayoría decida. Ah, pero en la Ley de Nuevo León se exige el mismo 40 % de votación, condicionando el resultado a favor del sí. Esto no se le exige ni siquiera a los partidos en día de las votaciones.
A una organización que quiere convertirse en partido político se le pide el 0.26 por ciento de la lista nominal. En Nuevo León necesitan a 10 mil 300 personas. A una consulta popular ciudadana se le exige el dos por ciento de la misma lista nominal, algo así como 79 mil 237 ciudadanos. De conseguir su objetivo, la agrupación política garantiza financiamiento público para sostenerse como partido político y una tajada adicional para hacer campaña. Si la persona participativa logra poner en las urnas la consulta popular, no recibe ni las gracias, porque, aunque la ley diga, no tiene forma de obligar a las autoridades a hacerle caso.
Aún así, hay una sociedad participativa que no ha dejado de presentar avisos de intención para la consulta popular. Esta variable no es débil, toca hacer su parte a las autoridades involucradas, la voluntad política de un sistema para transitar a una democracia participativa.
La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.
Opine usted: saralozanoala@gmail.com
Twitter: @saraloal
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.