Gobierno da la espalda al matrimonio igualitario y ratifica que no lo impulsará en el Congreso
Luego de modificarlo, el Ministerio de Justicia ingresó a Contraloría el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿La novedad? El Gobierno confirmó que no impulsará el proyecto de matrimonio igualitario que se encuentra actualmente en el Senado pese a los compromisos adquiridos por el Estado.
Hasta la Contraloría General de la República llegaron, la mañana de este miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para ingresar el decreto supremo que aprueba el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, el que fue creado en el último gobierno de Michelle Bachelet y posteriormente retirado por la actual administración para su revisión y modificación.
Así, de las 634 acciones que contenía el Plan original, el documento ingresado este miércoles contempla 608, es decir, 26 menos que las incluidas en la propuesta de Bachelet. Esto, explicó el Ejecutivo, debido a que se fusionaron algunas acciones y se incorporaron otras nuevas. No obstante, uno de los puntos llamó especialmente la atención de las organizaciones sociales y, en específico, las de diversidad sexual.
Y es que, entre las modificaciones incluidas en el texto presentado a Contraloría para su toma de razón, el Presidente confirmó que el proyecto de ley de matrimonio igualitario que se encuentra en el Congreso sólo será monitoreado y no se impulsará su tramitación, pese a existir un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que compromete, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acciones en ese sentido.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, acudieron a la Contraloría General para ingresar el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
Frente a esto, desde el Movilh acusaron al Gobierno de romper un acuerdo legal y vinculante. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, manifestó su preocupación por lo que calificó como “un retroceso”.
“Nos parece un retroceso. Lamentablemente, el Gobierno de la presidenta Bachelet no dejó con toma de razón en Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos y eso le permitió al actual Gobierno retirarlo por completo, manipular todos sus contenidos y, por cierto, pasar la aplanadora por aquellos temas que ellos llaman ‘valóricos’ pero que, desde el punto de vista nuestro y del derecho internacional, son sólo aplicaciones que tienen que ver con garantizar los derechos humanos en distintas materias“.
Así también lo manifestaron desde la Fundación Iguales, quienes rechazaron la modificación del Plan Nacional de Derechos Humanos y el incumplimiento que se generaría si se deja de impulsar el proyecto de matrimonio igualitario. En conversación con este medio, el presidente de Iguales, Juan Enrique Pi, criticó al actual Gobierno por no aceptar que el matrimonio es un derecho humano.
“El Gobierno está tratando de borrar con el codo las obligaciones internacionales del Estado de Chile respecto a la comunidad LGBTI. El cambio de la acción del matrimonio igualitario en el Plan Nacional de DD.HH. obedece a una cuestión ideológica del Gobierno, que va en contra de lo que ha determinado la misma Corte Suprema o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del matrimonio, quienes han dicho que el matrimonio es un derecho humano.
En 2016, el Estado de Chile suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así también lo manifestó la experta en derechos LGBTI de la plataforma Hay Mujeres y asesora legislativa del partido Comunes, Constanza Valdés, quien criticó al Gobierno de Sebastián Piñera por el conservadurismo de su agenda en materia de diversidad sexual. Además, la abogada apuntó sus dardos a Evópoli por no mantener un compromiso más férreo con la defensa de los derechos humanos.
“Es una mala señal política, se ve y se vivencia que está haciéndole un favor a los sectores más conservadores de Chile Vamos“, sostuvo Valdés.
“Pero acá también hay una crítica particularmente a Evópoli, donde, siendo parte de la coalición y siendo también adherentes a proyectos de ley de esta naturaleza, la verdad es que no han dicho nada”, acusó.
“La misma subsecretaria (de Derechos Humanos) es cercana a Evópoli, entonces vemos que el compromiso con los derechos humanos llega en la medida de lo posible“, agregó la experta en derechos LGBTI de Hay Mujeres.
Sin embargo, estos dichos fueron rechazados por el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, el ministro Hernán Larraín, quien luego de ingresar el nuevo Plan Nacional en la materia se refirió a las críticas que emanaron desde las organizaciones. Larraín descartó un incumplimiento por parte del Gobierno, el que, afirmó, “ya cumplió con su parte” al ingresar el proyecto al Congreso.
Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusaron al Gobierno de incumplir un compromiso “legal y vinculante”, por lo que anunciaron acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Dentro de nuestro programa de gobierno no está el que se aprueba o se promueva intensamente una iniciativa de este tipo. No hay ninguna obligación pendiente, y lo que nosotros estamos planteando en este plan es, precisamente, continuar monitoreando el avance de esta iniciativa”, sostuvo Larraín.
“El Gobierno -lo hizo el Gobierno anterior- ya cumplió al presentar el proyecto, que era la obligación específica de ese compromiso”, agregó el secretario de Estado.
Cabe destacar que en el tercer punto del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) suscrito por el Estado de Chile y el Movilh, se enumeran las acciones que el Estado se compromete a adoptar. Ahí, la segunda medida compromete el ingreso a tramitación legislativa de un proyecto de matrimonio igualitario, cuestión que fue resuelta con el proyecto que actualmente se encuentra en el Senado.
No obstante, la tercera medida comprometida por Chile refiere a “adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario”. Es justamente ese el punto en el cual las organizaciones acusan un incumplimiento y por el cual ya anunciaron que el próximo lunes interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile.
El tercer compromiso adoptado por el Estado de Chile frente al matrimonio igualitario dice: “Adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.