Jueces sin oropeles
Hoy se celebra en el Tribunal Supremo la apertura del año judicial, un acto solemne que preside S.M. el Rey Felipe VI y en el que estarán, además, presentes las más altas instancias judiciales de nuestro país.
Como en años anteriores, tan pronto aparezcan las primeras fotografías en las redes sociales y en los diarios digitales, comenzarán las críticas. Algunos cuestionarán la propia presencia del Monarca y lo harán obviando, inconsciente o deliberadamente, que los jueces y magistrados administramos Justicia en nombre del Rey por mandato constitucional.
La ausencia de Magistradas en la imagen de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal también será objeto de crítica, pues es cierto que, representando las mujeres el 53,9% de la carrera judicial, según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, ninguna mujer ocupa la presidencia de ninguna de las cinco Salas y el número de Magistradas en el Tribunal Supremo representa únicamente el 18,8% del total de quienes lo integran. Porcentaje manifiestamente insuficiente si atendemos a la realidad demográfica de la carrera y al número de mujeres que hoy desempeñamos nuestra función jurisdiccional, circunstancias todas que, desde luego, nos deben llevar a reflexionar y examinar en qué están fallando las políticas de igualdad y conciliación (o su ausencia), la labor de la Comisión de Igualdad de nuestro órgano de gobierno y, en definitiva, los nombramientos discrecionales del propio Consejo.
Esta imagen servirá a algunos, no pocos –incluso desde la responsabilidad del cargo político que ostentan–, para ahondar en su crítica a todos los jueces de nuestro país y repetirán el mantra de que la Justicia de España es heteropatriarcal y machista, y olvidarán, una vez más, la formación en los valores constitucionales de quienes integramos la carrera judicial, nuestro compromiso absoluto con la igualdad de hombres y mujeres y que, desde la interpretación de esos valores y principios constitucionales, han sido nuestras resoluciones las que han dotado de contenido a las libertades y los derechos sociales y profesionales de la mujer.
En este acto solemne de apertura del año judicial, escucharemos al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defender la independencia de los jueces y magistrados de este país y cómo, desde el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias en los momentos más críticos para la estabilidad de nuestra democracia y del régimen de libertades y derechos que la hacen posible. Y esto sí, podemos y debemos defenderlo los jueces frente a los demás poderes del Estado.
Pero mientras todo esto sucede en un salón de maderas nobles, cortinas de terciopelo y brillantes lámparas de cristal, los poco más de 5.400 jueces y juezas que trabajamos a diario en los juzgados de este país, estaremos inmersos en despachos atestados de papel porque la revolución digital no llega a la administración de justicia; con una sobrecarga de trabajo que nos frustra porque nos impide dar una respuesta al ciudadano en un tiempo razonable; en unos juzgados en los que, a través de las sucesivas reformas legislativas, se nos ha ido privando de facultades de organización y control, en favor del Ejecutivo que, desde la gestión de medios materiales y personales pretende –en no pocas ocasiones–, quebrantar nuestra independencia. Sin entender por qué cuando se habla de modernizar la justicia sólo se pretende cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial.
Los jueces de a pie, los de la trinchera, estamos lejos de los oropeles. Hartos de escuchar cada año los mismos discursos y promesas. Pero seguimos trabajando desde la vocación de servicio público que nos ha traído hasta aquí.