Westminster cierra las puertas tras torcer el brazo a Johnson
Boris Johnson inició ayer la derogación de la actividad parlamentaria, dando así el pistoletazo de salida a uno de los periodos con más incertidumbre del ya de por sí convulso proceso del Brexit. Según el polémico calendario aprobado en agosto, el primer ministro podría haber esperado hasta el jueves para cerrar las cámaras. Sin embargo, no quiere correr más riesgos de que los diputados se interpongan en su camino.
Sus señorías no volverán a ocupar sus asientos hasta el 14 de octubre, tan sólo días antes de la cumbre europea clave del 17-18. Por lo que, a día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrirá para el 31 de octubre, cuando termina la actual prórroga concedida por Bruselas.
El primer ministro –que sigue prometiendo que habrá divorcio, con o sin pacto para Halloween– intentó ayer forzar comicios adelantados para mediados de octubre y así desbloquear el caos. Sin embargo, al cierre de esta edición, se daba por hecho que fracasaría de nuevo en su propósito, por lo que se prevé que ya no se puedan celebrarse elecciones, como pronto, hasta noviembre. Los partidos de la oposición no quieren sacar las urnas hasta que se cierre un Acuerdo de Retirada o se pida a la UE nueva extensión de plazos. El Ejecutivo está ahora obligado a pedir una prórroga después de que la oposición, con la ayuda de hasta 21 «tories» rebeldes que han sido expulsados del partido, sacara adelante una ley que obliga al primer ministro a solicitar una nueva ampliación si no consigue aprobar un pacto de retirada antes del 19 de octubre. Está bastante complicado, teniendo en cuenta que Westminster estará cerrado las próximas semanas.
La jornada de ayer fue, de nuevo, frenética, ya que, aparte del intenso debate, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunció que dejaría su cargo para el 31 de octubre. El «tory» ha tomado un protagonismo muy inusual para el puesto que ocupa desde 2009. El llamado «Mr. Speaker» es teóricamente imparcial, la persona que pone orden en cada sesión y quien elige las enmiendas a votar.
Pero en el complejo divorcio ha recibido muchas críticas por parte de los euroescépticos, que consideran que ha contribuido a impedir el inicio de un divorcio caótico. El hecho de que ayer fuera ovacionado en pie por la oposición mientras que el Gobierno de Johnson –compuesto en su mayoría por euroescépticos– permaneciera impasible en sus escaños fue de lo más significativo. Antes de que se votara la moción del primer ministro para tener comicios adelantados, el «Mr. Speaker» dio luz verde para que se celebraran los debates de emergencia solicitados por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, y el ex «tory» convertido ahora en independiente Dominic Grieve.
El primero pidió debatir sobre la legalidad de la derogación de Westminster y logró que se aprobara –sin necesidad de votación– la moción en la que se expresa la necesidad del Gobierno de actuar conforme a la ley que le obliga a pedir una nueva prórroga para sacar a Reino Unido de la UE.
Por su parte, Grieve –uno de los 21 «tories» rebeldes expulsados– pidió al Gobierno explicar las consecuencias de un Brexit sin acuerdo y publicar en su totalidad la Operación Martillo Amarillo. En agosto, «The Sunday Times» publicó una serie de documentos secretos que revelan que las autoridades temen un desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas si el país abandona la UE sin pacto. Finalmente, la Cámara exigió anoche al Ejecutivo, por 311 votos frente a 302, que publique ese demoledor informe sobre las consecuencias de un Brexit a las bravas.
Al cierre de esta edición, el debate continuaba y se esperaba que se alargara hasta altas horas la madrugada antes de que fuera suspendida la actividad en la Cámara Baja. En agosto, Johnson pidió y obtuvo de la reina Isabel II –que no puede poner en riesgo su neutralidad– la orden para suspender Westminster. El primer ministro también puede concluir un periodo de sesiones y dejar unos días para iniciar el siguiente con el llamado «Discurso de la reina», donde la monarca lee el texto redactado por el Ejecutivo para fijar las prioridades.
Sin embargo, no se había visto una suspensión tan prolongada desde 1945. La decisión era una táctica para dejar a los diputados sin capacidad de maniobra. Pero la jugada no salió al «premier» como esperaba y los diputados han aprobado una ley que le obliga ahora a solicitar nueva prórroga. Johnson repite que «antes muerto que pedir más extensiones». En este sentido, según «The Telegraph», si se ve completamente acorralado, para evitar poder ir a la cárcel por desacato, podría mandar a Bruselas dos cartas. Una pidiendo una nueva ampliación. Otra asegurando que él se muestra en contra.
El resto de Estados miembros tiene que aceptar por unanimidad una nueva prórroga. Pero, ¿tiene sentido hacerlo cuando el propio «premier» británico no la quiere? Desde Irlanda, el primer ministro, Leo Varadkar, afirmó ayer que «aún es posible» alcanzar un acuerdo de retirada, aunque admitió que Londres no ha presentado alternativas a los principales escollos para un pacto. Varadkar se reunió en Dublín con el primer ministro británico al que advirtió que, si no se cierra un pacto ya, Reino Unido tendrá que negociar una nueva relación con la UE. En este sentido, el irlandés señaló que un divorcio caótico «causará mucho trastorno» en Irlanda, sin duda alguna, el país que se vería más perjudicado ante la falta de convenio. «Tendremos que lidiar con problemas como las tarifas y las ayudas estatales», afirmó Varadkar, que calificó de «tarea hercúlea» para Londres organizar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos y otros países una vez que salga del bloque.
Al mismo tiempo, insistió en que la «prioridad» es evitar el retorno a una frontera física entre las dos Irlandas, para no perjudicar el proceso de paz. «Estamos abiertos a todas las alternativas legales que puedan funcionar, pero no las hemos recibido hasta ahora», añadió.
Por su parte, Johnson recalcó que su primer objetivo sigue siendo negociar un pacto de retirada. Sin embargo, sigue sin dar detalles para solucionar el «backstop», la polémica salvaguarda recogida en el Acuerdo de Retirada que su predecesora Theresa May cerró con Bruselas.