Un agente del destacamento de Tráfico de Ocaña (Toledo) está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber accedido a la base de datos del instituto armado para facilitar información de una persona a una tercera, que habría utilizado esos datos de una manera malintencionada.
Fuentes de la Comandancia la Guardia Civil de Toledo han confirmado a ABC que el agente está siendo investigado, aunque subrayan que no ha sido detenido. El caso se encontraría ahora en la fase inicial del procedimiento penal, en la que un juzgado de instrucción está analizando si el guardia ha incurrido presuntamente en un hecho delictivo. Sin embargo, esas mismas fuentes no facilitan más información sobre este asunto.
El agente implicado tiene una dilatada carrera en el cuerpo, según la Unión de Guardias Civiles. Desde esta asociación profesional se asegura que al investigado se le ha abierto un expediente disciplinario en el instituto armado, si bien ha quedado suspendido hasta que el juzgado que investiga este caso tome una resolución. Estas mismas fuentes indican que al agente se le acusa de haber entrado en el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), utilizado desde 2006 por la Guardia Civil, en el que centraliza la información y la operativa del cuerpo. Para entrar en el SIGO el guardia investigado habría utilizado su número profesional.
Fuentes jurídicas indican que, de llegar a abrirse un juicio oral, se podría tratar de un caso relacionado con el artículo 417 del Código Penal. «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años», recoge el artículo.
No obstante, «si de la revelación (...) resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años». Y en el caso de que se tratara de secretos de un particular, «las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años», señala el Código Penal.
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Un agente del destacamento de Tráfico de Ocaña (Toledo) está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber accedido a la base de datos del instituto armado para facilitar información de una persona a una tercera, que habría utilizado esos datos de una manera malintencionada.
Fuentes de la Comandancia la Guardia Civil de Toledo han confirmado a ABC que el agente está siendo investigado, aunque subrayan que no ha sido detenido. El caso se encontraría ahora en la fase inicial del procedimiento penal, en la que un juzgado de instrucción está analizando si el guardia ha incurrido presuntamente en un hecho delictivo. Sin embargo, esas mismas fuentes no facilitan más información sobre este asunto.
El agente implicado tiene una dilatada carrera en el cuerpo, según la Unión de Guardias Civiles. Desde esta asociación profesional se asegura que al investigado se le ha abierto un expediente disciplinario en el instituto armado, si bien ha quedado suspendido hasta que el juzgado que investiga este caso tome una resolución. Estas mismas fuentes indican que al agente se le acusa de haber entrado en el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), utilizado desde 2006 por la Guardia Civil, en el que centraliza la información y la operativa del cuerpo. Para entrar en el SIGO el guardia investigado habría utilizado su número profesional.
Fuentes jurídicas indican que, de llegar a abrirse un juicio oral, se podría tratar de un caso relacionado con el artículo 417 del Código Penal. «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años», recoge el artículo.
No obstante, «si de la revelación (...) resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años». Y en el caso de que se tratara de secretos de un particular, «las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años», señala el Código Penal.