Pareja de alcaldes perredistas de Tabasco suma irregularidades por más de 230 mdp
El PRD perdió las elecciones en Tabasco en 2018 y tras ser la primera fuerza política y gobernar 13 de 17 municipios, ahora sólo conserva uno; sin embargo, su único ayuntamiento acumuló en un año irregularidades superiores a los 230 millones de pesos cometidas por la pasada administración y la actual, según informó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
Jonuta fue gobernada en el trienio pasado por Ana Lilia Díaz Zubieta, esposa del actual alcalde, Francisco Alfonso Filigrana Castro; ella encabeza el DIF municipal, por lo que sigue teniendo parte en la administración de su marido.
En la revisión de la cuenta pública 2018, el OSFE detectó anomalías por 239 millones 977 mil 209 pesos, que representan un 73 por ciento del recurso total ejercido en ese año, que fue de 325 millones 525 mil 560 pesos.
El municipio con más observaciones es Macuspana con 355 millones 654 mil 585 pesos, pero Jonuta no sólo es de las demarcaciones más pequeñas, sino también una de las más marginadas.
El año pasado la entonces alcaldesa no solventó 151 millones 294 mil 796 pesos, mientras que su marido aún no aclara el destino de 88 millones 682 mil 413 pesos que se gastó en los últimos tres meses de 2018, pues asumió el pasado 4 de octubre.
Entre lo señalado por el OSFE está la deuda con proveedores, pagos excesivos a servidores públicos, retenciones de impuestos a trabajadores, la falta de pago al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y un monto de más de 26 millones de pesos por concepto de laudos laborales.
A pesar de ello, el edil en turno aseguró que “todo está solventado” y negó que se haya desviado el recurso y sostuvo que durante la entrega recepción no se detectó nada fuera de la ley.
De manera general, el ente auditor observó irregularidades por mil 128 millones 683 mil 198 pesos en los 17 ayuntamientos, y los informes técnicos ya se encuentran en manos del Congreso de Tabasco para su análisis y calificación antes del 15 de diciembre; las cuentas que sean reprobadas podrían derivar en denuncias penales.