Johnson niega haber mentido a la Reina e insiste en la clausura del Parlamento

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se defendió ayer del revés judicial que recibió el miércoles del Alto Tribunal de Escocia, que sentenció que el cierre del Parlamento propugnado por el «premier» era ilegal y sugirió que había mentido a Isabel II para lograr el consentimiento real a la clausura. «Por supuesto que no», respondió Johnson a los reproches de haber engañado a Buckingham para sacar adelante su plan de Brexit. Por el momento, la oposición ya le apremia a que reabra las puertas de las cámaras, donde los diputados se han significado como el principal obstáculo a los planes del Ejecutivo. En medio de esa batalla, el Gobierno británico informó ayer de que no entregará los correos electrónicos o mensajes transmitidos a través de WhatsApp y otras aplicaciones para móviles en los días que precedieron a la decisión de suspender el Parlamento porque considera que la demanda aprobada por la Cámara de los Comunes «no es razonable y es desproporcionada». Añadió ayer que su publicación podría quebrar la ley de protección de datos y los contratos laborales con los afectados. El diputado conservador Dominic Grieve, que fue purgado la pasada semana por apoyar la tramitación de la ley que impide al Gobierno un Brexit abrupto sin permiso del Parlamento, demandó la publicación de los mensajes intercambiados por nueve colaboradores del primer ministro, Boris Johnson, relacionados con la suspensión. El Ejecutivo ya se vio forzado a enviar documentos internos a los tribunales que han analizado peticiones de anulación de la suspensión del Parlamento. Tres jueces del máximo tribunal de apelación de Escocia se basaron en el contenido de estos textos para argumentar, en el resumen de su sentencia publicado el miércoles, que la decisión del Gobierno es ilegal. Batalla judicial El Tribunal Supremo tendrá que casar la próxima semana la doctrina de la corte escocesa y la del Superior de Inglaterra y Gales, que, en una sentencia publicada también hace dos días, considera que los magistrados no pueden juzgar un acto que los tres jueces de Londres consideran político, incluso si los documentos internos mostrasen que el Gobierno persigue la obtención de una ventaja política con la suspensión. El tribunal de Apelación de Irlanda del Norte ha rechazado también otro caso centrado en el argumento de que un Brexit abrupto sería contrario al Acuerdo de Belfast de 1998, que facilitó el fin de la violencia por los principales grupos terroristas. El juez Bernard McCloskey afirma en su sentencia que «el asunto material de este proceso es, sin duda, esencialmente político». El Gobierno, como informó ayer ABC, sí ha publicado el documento confidencial que evaluaba las consecuencias inmediatas de una marcha abrupta de la UE el 31 de octubre. Atascos Los autores creen que el nivel de preparación de empresas y particulares será «muy bajo» por la ausencia de certezas y la fatiga sobre el Brexit, y temen la coincidencia de incidentes entre barcos pesqueros con protestas contra atascos en el transporte y el posible aumento de la inmigración ilegal o la delincuencia. Cuando el documento fue publicado por la prensa, el Gobierno lo desacreditó afirmando que se había elaborado meses antes y no correspondía con la situación actual. En realidad, le fue entregado a Boris Johnson diez días después de convertirse en primer ministro, y ahora se presenta como una muestra razonable del peor escenario. El flujo de transporte en los puertos que comunican Reino Unido con la Unión Europea podría reducirse entre el 50% y el 85% la primera jornada y durar tres meses, con atascos de entre un día y medio y dos días y medio. Decrecerá el abastecimiento de algunos alimentos y puede fallar el suministro de medicinas de corta caducidad. El final de octubre es un tiempo de acopio para la campaña de Navidad, lo que agudizaría los problemas. El Brexit coincidiría además con el fin de las vacaciones escolares de la mitad del trimestre, cuando numerosas familias suelen volver de sus viajes a la UE.