Grezzi ahora culpa al banco del fraude en la EMT
Las consecuencias del fraude de 4 millones de euros que se ha producido en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) sigue generando comentarios y acusaciones para desviar las posibles consecuencias jurídicas y políticas. Mientras la mayoría de los líderes del Gobierno del Rialto pedían «prudencia» hasta que se conozcan más detalles de la investigación policial, el concejal de Movilidad y responsable de la EMT, Guiseppe Grezzi desviaba su responsabilidad en el caso y se escudaba culpando públicamente a Caixabank de haber cursado las transferencias a un banco chino ordenadas desde la propia empresa.
En sus acusaciones a la entidad financiera, Grezzi afirmaba que el banco tiene establecido un protocolo de actuación que exige la firma mancomunada electrónica de dos directivos de la compañía. Según el concejal, este trámite no se cumplió por parte del banco que, según el responsable de la EMT, admitió un documento de pago en formato PDF, con las firmas falsificadas del director gerente, Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión, María Rayón.
El banco lo niega
Este argumento no es compartido por Caixabank. Desde la entidad aseguran que en todo momento se siguió el protocolo establecido por la empresa de transporte por el cual se comprueba si el ordenante de las transferencias es quien las puede hacer y si existe el documento de autorización con las firmas mancomunadas correspondientes. «Y así se hizo en este caso». Primero se comprobó si se cumplía el procedimiento establecido y después se realizó la transferencia.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, coincidió con el alcalde Joan Ribó, al asegurar que el protocolo de ciberseguridad del Ayuntamiento de Valencia es «suficiente» y debería haber funcionado en este caso cuando llegó el primer correo electrónico fraudulento, pero en este caso «se ha saltado» sin que se conozca todavía el motivo.
Ribó, que coincidió con el delegado gubernamental sobre la «seguridad» del protocolo municipal, insistió en que lo que ha habido es un «falseamiento de unas firmas y un incumplimiento del protocolo establecido».
Ribó no quiere que se abra una investigación en el seno del Ayuntamiento. Se conforma con la comisión que se creará, si el consejo de administración de la EMT lo considera necesario, para recopilar información y datos sobre el fraude.
El alcalde considera que el robo de 4 millones de euros no es «un tema de corrupción política», por lo que no es necesario ni una investigación por parte del Ayuntamiento, ni tampoco un Pleno extraordinario como ha pedido la portavoz del Partido Popular, María José Catalá.
Los populares también quieren que la intervención general realice un informe para que aclare como es el procedimiento que debía haber seguido la EMT en el pago de las transferencias realizadas. Pero además, Catalá, denunció el retraso en la implantación de la Plataforma Integral de Administración Electrónica en todos los organismos y empresas del Ayuntamiento.
El Comité de Empresa pide privacidad
El Comité de Empresa de la EMT volvió a pedir ayer que se depuren responsabilidades sobre la supuesta estafa y que se respete la presunción de inocencia para la empleada que el pasado viernes fue despedida de forma fulminante al conocerse los hechos. Los representantes de los trabajadores se pusieron a disposición de la empleada «para defender su honradez»