El parón político deja una factura de 150 millones en directivas atrasadas
El gobierno que salga de las urnas tras la cita electoral del 10-N heredará un listado de directivas europeas de carácter económico pendientes de transponer que prometen convertirse en uno de los principales retos de la nueva legislatura. Y es que el parón político que vive España ha impactado de lleno en el terreno legislativo. España debía transponer este año al menos 18 directivas europeas cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, según datos que ofreció el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Algunas de ellas salieron adelante en los decretos aprobados en los viernes sociales, pero otras se han quedado en el cajón.
A día de hoy, la norma más urgente por transponer al derecho español es la directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. La también conocida como directiva sobre contratos en los sectores especiales debía haber sido adoptada por el Estado español antes del 16 de abril de 2016 y, de hecho, la Comisión Europea ha propuesto la imposición de una multa diaria a España de 123.928,64 euros por la no transposición de la directiva, lo que arroja una factura de más de 150 millones de euros. Fuentes del Gobierno confían en que la Comisión no imponga finalmente sanción alguna, por su situación de interinidad, y recuerdan que estuvo listo un proyecto de ley de transposición de la contratación de sectores excluidos pero decayó al principio de este año por la disolución anticipada de las Cámaras.
«La verdad es que en materia de contratos públicos han sido habituales los incumplimientos por el Estado español -y los gobiernos de los distintos partidos- de las directivas de la Unión Europea. En especial siempre ha habido retrasos al incorporar las directivas de contratación pública», asegura a ABC José Antonio Moreno, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que recuerda como también ocurrió con la incorporación de la anterior directivas general europeas sobre contratos públicos.
Además de la directiva sobre contratos en los sectores especiales, España tenía pendiente la norma sobre facturación electrónica en la contratación pública (2014/55/UE), que debería haber sido transpuesta al ordenamiento nacional el 18 de abril de 2019. La Comisión llegó a enviar al Estado una carta de emplazamiento a finales de mayo para que se cumpliera la norma. En este escrito alertaba a España de que disponía de «dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión» y advertía que «de no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado». Hacienda señala que la transposición ya está completada, aunque pendiente de comunicarse a la UE .
Asimismo, el Ministerio tiene otra directiva cuyo plazo vence en breve. Se trata de la Directiva contra la elusión fiscal, que vence cuando acabe este año. La transposición iba incluida en el proyecto de ley de lucha contra el fraude que el Gobierno aprobó y que remitió a las Cortes en enero, antes de que se convocaran elecciones y decayera toda actividad legislativa.
El atajo de los decretos
Lo cierto es que la falta de agilidad de España a la hora de transponer la normativa europea a la nacional no es nueva. Según un informe elaborado por el Consejo General de Economistas, España tarda de media doce meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y de hecho concentra el 70% de las sanciones por estos retrasos. Y ello pese a que, en la pasada legislatura, el Gobierno recurrió «in extremis» a la vía del real decreto para sacar adelante normas atascadas. Así, el último Consejo de Ministros -que se celebró dos días antes de las elecciones generales del 28 de abril- aprobó el real decreto que completaba la directiva comunitaria sobre contratos de crédito inmobiliario, sobre la que también sobrevolaba una posible multa millonaria para el país.
Lo cierto es que, tanto este año como el pasado, nuestro país ha vivido un auténtico «boom» de reales decretos leyes debido a su condición de atajo para trasponer de forma urgente las directivas pendientes. Según el Consejo General de Economistas, hasta mayo de 2019, de los diez decretos leyes aprobados en nuestro país, siete tienen contenido de directivas europeas, mientras que en 2018, de los 28 decretos leyes aprobados, doce derivaron de directivas.
Ámbitos diversos
Las 18 directivas aprobadas por la UE entre 2015 y 2018 que España debía transponer este año afectan a ámbitos muy diversos de la economía y abarcan desde los fondos de pensiones de empleo, la seguridad ferroviaria o el transporte terrestre de mercancías peligrosas, hasta la lucha penal contra el fraude, la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados. En un momento de parálisis política cíclica, la producción normativa depende de Europa.