La impunidad y los derechos económicos y sociales

Debemos combatir la impunidad porque es mala en sí misma, es contraria a la construcción de un orden democrático y desvanece cualquier idea de Estado democrático de derecho. Pero también debemos combatirla porque tiene consecuencias palpables en nuestros Derechos Económicos y Sociales (DES). La impunidad representa:

Una pérdida de 3.7 años de esperanza de vida, un costo de poco más de 7 mil dólares de PIB per cápita, la disminución de hasta 4.7 años de escolaridad promedio y la generación de un mayor rezago educativo.

Estos son algunos de los resultados a los que llegamos luego de generar un modelo estadístico con datos de impunidad y DES, tanto de 113 países entre 2013 y 2017, como de las 32 entidades de México entre 2010 y 2016**. Comencemos por explicar ¿por qué la impunidad impacta en los derechos económicos y sociales?

Entendemos por impunidad la ausencia de castigo frente a una acción ilegal. Normalmente relacionamos a la impunidad con la responsabilidad penal; sin embargo, una acción ilegal y violatoria de derechos económicos y sociales puede derivar en otros tipos de responsabilidades, como la administrativa y la de derechos humanos que emiten los ombudsperson.

Cuando un país cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar, proteger y promover los derechos de las personas, pero lo destina para otro fin, viola los derechos económicos y sociales. Estos actos derivan en responsabilidad de derechos humanos y pueden derivar también en responsabilidad administrativa si es que fueron negligentes.

Lo mismo sucede cuando los gobiernos no consideran todas estas obligaciones, así como los criterios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los derechos humanos en los diseños de sus políticas públicas. Si alguna de estas situaciones sucede y los servidores no son sancionados, estamos frente a un acto de impunidad.

Peor aún, si las autoridades merman los presupuestos destinados a los DES por actos de corrupción (como los desvíos o las licitaciones amañadas), o desvían el diseño e implementación de las políticas públicas por sobornos o captura estatal, estos actos de corrupción pueden generar violaciones a derechos humanos.

En todos estos casos de corrupción hay responsabilidad penal, administrativa y de derechos humanos para los servidores implicados. Si los agentes estatales no son sancionados, nuevamente estamos frente a un acto de impunidad.

Si todos estos actos se mantienen en impunidad de forma sistemática (como parece suceder en México) se forma una expectativa fundada de impunidad que lleva a los servidores a seguir violando los derechos económicos y sociales de las personas. La impunidad se convierte entonces en un contexto que incentiva, facilita y mantiene las violaciones.

Cuando la impunidad es estructural se convierte en un contexto que incentiva la violación de los derechos. El principal problema no es solo que un acto ilegal quede impune, sino que ese acto se repita en el futuro. En este sentido, la impunidad genera un mayor impacto por periodos prolongados, como revela la investigación Impunidad Cero.

En esta investigación hallamos que la impunidad nos lleva a perder hasta 3.7 años de esperanza de vida. Este indicador nos permite observar varios derechos económicos y sociales, como el derecho a la vida digna, a la alimentación y a la salud.

Mientras que Dinamarca, Finlandia y Noruega tienen bajos niveles de impunidad y una esperanza de vida de hasta 82.5 años; Honduras tiene uno de los niveles más altos de impunidad y una esperanza de vida de 73.6 años. México, en 2017, se colocó con un alto nivel de impunidad y hasta 77 años de esperanza de vida en promedio.

Esto se reproduce en las entidades federativas, por ejemplo, mientras que Nuevo León en 2015 tuvo un nivel de impunidad de 95.4 por ciento de los delitos cometidos y llegó a 76.3 años de esperanza de vida; Guerrero —en el mismo año— alcanzó 98.6 por ciento de impunidad de los delitos cometidos y 3.5 años de esperanza de vida menos que en NL.

La impunidad también impacta en el PIB per cápita: donde los países tienen un mayor PIB per cápita se espera un mayor ejercicio de derechos económicos y sociales. Los países con mayores niveles de impunidad tienen 7 mil dólares de PIB per cápita menos que los países menos impunes.

Para poner esta cifra en contexto, el PIB per cápita de México en 2017 fue de 17 mil 336 dólares, mientras que Honduras, Salvador y Guatemala, países con mayores niveles de impunidad, fue de entre 4 mil y 7 mil dólares.

La impunidad también disminuye hasta 4.7 años la escolaridad promedio. Claramente este indicador nos habla del derecho a la educación, por ejemplo, mientras que países con bajos niveles de impunidad como Alemania o EU tienen entre 13 y 14 años de escolaridad promedio, países con altos niveles de impunidad como Liberia, Camboya y Pakistán tienen entre 3.7 y 4.8 años de escolaridad promedio.

En el caso de México, la impunidad se refleja en el rezago educativo. Tomemos como ejemplo a Guerrero en 2016, la entidad con el mayor nivel de impunidad. Si pasara de 99.2 por ciento de impunidad a 69.2 (30 puntos menos), lograría reducir su rezago educativo de 25.2 por ciento de la población a 18.9.

Como vemos, la impunidad tiene impactos relevantes en diversos derechos económicos y sociales. La impunidad no solo es un problema para la vida institucional de nuestra democracia, es un contexto que incentiva, facilita y mantiene las violaciones a los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación y a la vida digna de las personas.

Lee el informe completo en www.impunidadcero.org. 

Twitter: @LDVazquezV

*Profesor de tiempo completo del IIJ-UNAM y de tiempo parcial de la FLACSO-México

**Son algunos de los resultados de una investigación más amplia sobre la relación entre impunidad y derechos económico y sociales hecha por Impunidad Cero. El informe —con especificaciones técnicas y fuentes— está en www.impunidadcero.org/