La insurrección en Culiacán
Lo que sucedió el jueves en la capital de Sinaloa, no fue una acción de bandas criminales, sino un acto de abierta insurrección. Por eso resulta tan notorio e importante. Fue un levantamiento de un conjunto organizado de personas fuertemente armadas, contra la autoridad civil en una oposición abierta y activa a la ejecución de una ley en una de las principales ciudades del Noroeste de nuestro país. Constituye un acto más grave que la sedición, que implica la movilización de un grupo menor de personas, y aunque no llega al nivel de una abierta rebelión que intente derrocar a una autoridad, de hecho la han suplantado de forma clara y reconocida.
El hecho marca un hito en la larga evolución de la lucha contra el narcotráfico que nuestro país ha librado por décadas.
Aunque en muchas de nuestras ciudades, grandes o pequeñas, lamentablemente es un hecho común el actuar de los pistoleros como una especie de fantasmas que actúan y luego desaparecen impunemente. Los habitantes sabemos que ahí están y producen un miedo persistente. Pero el jueves los fantasmas de Culiacán salieron de todas partes a pie y en camiones con ametralladoras montadas, bloquearon las calles mostrando sus armas y quemaron camiones desatando columnas de humo como si fuera una escena en Siria. Tomaron el control de los puntos estratégicos, cerraron el aeropuerto, las carreteras y los edificios gubernamentales e intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad durante horas, dejando al menos ocho personas muertas. Produjeron un vació de autoridad que llenaron con creces.
En contraste, todos los demás habitantes tuvieron que actuar como fantasmas, escondiéndose detrás de puertas cerradas con llave, sin atreverse a salir. En esta primera batalla de insurrección transmitida por redes sociales el cártel de Sinaloa ganó.
En febrero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había acusado a Ovidio Guzmán de tráfico de cocaína, mariguana y metanfetaminas. Su detención habría sido la causa eficiente, y aunque al principio las autoridades sostuvieron que se trataba de un hecho casual, luego rectificaron para decir que se trataba de la ejecución de un mandato judicial y reconocieron falta de capacidad en la planeación y ejecución. Las autoridades decidieron dar marcha atrás y liberaron a Ovidio en un hecho sin precedentes.
Para hacer más simbólica la insurrección, fueron liberados 51 reos del penal y se transmitieron en las redes sociales las órdenes de detener el fuego cuando Ovidio fue liberado. Con gran habilidad mostraron en pocas horas, los miembros de la organización insurrecta, quién estaba al mando en la ciudad.
El precedente tiene un gran significado para el Estado mexicano y para la gobernabilidad democrática del país. Por eso la noticia se convirtió en motivo de análisis en muchas partes del mundo: en los círculos que estudian la seguridad nacional se encendieron las alertas al grado que se produjo una llamada desde la Casa Blanca al Presidente López Obrador.
La seguridad de la región no puede permitir que se doblegue el Estado de derecho en una acción de insurrección, al parecer sería el mensaje, además de ofrecer cooperación en inteligencia para actuar conjuntamente.
Nadie puede ser o parecer más fuerte que el Estado y menos convertirse en autoridades de facto que poco a poco obtienen popularidad entre los sectores sociales menos instruidos. Por eso, más allá de la decisión tomada, es importante considerar el impacto que un hecho como este tiene en las fuerzas armadas y en las relaciones internacionales.
Los militares han dejado claro que la responsabilidad operativa era civil y que fueron ellos los únicos que hicieron frente a los fantasmas armados que se convirtieron, en cuestión de minutos, en autoridad de facto. Y que acataron en todo momento las órdenes. Su incomodidad parece muy manifiesta. Lo que en sí mismo es un hecho que debe atenderse.
Ahora, es vital que el Estado mexicano retome el control y someta la insurrección con la ley en la mano. Evitar que la insurrección y la insurgencia se instalen como métodos en las organizaciones criminales debe ser una meta específica para evitar un escalamiento aun mayor de la violencia.
Es deber de todos de preservar y fortalecer las instituciones sometiendo al imperio de la ley a los grupos armados que operan por encima de ella. Lo sucedido no es un hecho más en la agenda que miden las encuestas, es un desafío al Estado que debe responderse con una visión que vaya más allá de la política y la popularidad.
Los mexicanos del futuro merecen que les entreguemos un Estado de derecho que garantice la convivencia segura de todos los habitantes.