Julio Márquez: La destrucción del Estado venezolano
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La historia de las ideas políticas guarda un notable espacio para un debate fundamental en la sociedad moderna; el centro de ese debate puede resumirse en dos preguntas: ¿qué es el Estado y cómo éste se formó?
A la primera pregunta, el sociólogo alemán Max Weber dio la más célebre de las respuestas señalando que “el Estado es el ente que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima”. Ese concepto resume la esencia de la tesis contractualista, cuyo postulado busca responder la segunda pregunta sosteniendo que el Estado nació del acuerdo de hombres que, cansados de la violencia propia de una existencia social marcada por la ley del más fuerte, se agruparon con la condición de renunciar a toda (según Hobbes) o a parte (según Locke) de su soberanía, ello a favor de la creación de un ente imparcial y desinteresado que dirimiera los conflictos internos y protegiera la vida social de cualquier amenaza externa. Así, la violencia, desde la perspectiva de su uso legítimo y estricto control, es el centro gravitacional sobre el cual gira la razón del Estado.
No obstante, necesario es decir que también existen otras tesis que pretenden explicar por otras vías la formación del Estado, algunas de ellas las señala Fukuyama en su obra “Los orígenes del orden político” como: el “Estado como un proyecto hidráulico”, resaltando los registros históricos en zonas remotas de Asia que apuntan a la aparición de un ente social encargado de la construcción de acueductos y sistemas de riego en sociedades sedentarias; o el “Estado demográfico”, que es aquel nacido como producto de las complejidades que una creciente concentración poblacional impone. Sin embargo, a pesar de la diversidad aparente en las razones de su génesis, lo cierto es que todo Estado, más temprano que tarde, termina encontrando su razón de ser en el uso y control de la violencia.
En el caso actual de Venezuela, visto desde la perspectiva del uso, control y monopolio de la violencia legítima, puede afirmarse sin ninguna duda que el Estado ha sido destruido, y su destructor ha sido un gobierno dictatorial que ha encontrado en la degradación institucional una vía infausta para mantenerse en el poder.
La violencia que aplica hoy la autoridad pública nacional en Venezuela no es una violencia legítima, pues la legitimidad de las acciones del Estado descansa en el respeto estricto a un marco legal justo tanto por su esencia (respeto a valores morales) como por su origen (formulado por las vías constitucionales). No puede ser legítima la violencia asesina de quienes lanzaron a una persona desde la altura de un edificio público, o la de quienes torturaron hasta la muerte a un capitán de la armada nacional, o la de quienes secuestraron, torturaron, ajusticiaron y quemaron el cuerpo de un miembro de un partido político emblemático en la lucha democrática. La autoridad pública nacional de Venezuela, secuestrada por una dictadura corrupta y asesina dispuesta a cualquier cosa por mantenerse en el poder, ha dejado hace mucho tiempo de ejercer la violencia legítima para darle espacio sin más a la violencia terrorista signada por la represión de la población tanto civil como militar, la tortura y las desapariciones forzadas de quienes se atrevan a levantar su voz con ánimo de rebeldía libertaria.
Pero además, y por si fuera poco con el ejercicio ilegítimo de la violencia por parte de quienes se hacen llamar “Estado”, en Venezuela no hay un ente que reclame para sí el ejercicio monopólico de la violencia, sino todo lo contrario, existe una dictadura que se ha dedicado a fomentar la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares urbanos con patente de corso para desplegar toda la violencia que quieran bajo la más repugnante impunidad, así como también se ha invitado y/o consentido la existencia de grupos guerrilleros que sin pudor alguno ejercen soberanía en zonas con riquezas estratégicas para el país.
El Estado venezolano, si ya no murió, está en un estado sumamente crítico producto del secuestro y destrucción de sus instituciones a manos de una dictadura criminal. Su recuperación es vital no solo para el pueblo venezolano, que hoy sufre la peor crisis humanitaria que se haya registrado nunca jamás en la historia del continente americano, sino también para toda la región, pues no habrá país ni pueblo seguro en su libertad mientras en su vecindario exista un paraíso para la tiranía, corrupción y criminalidad.
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